La investigación judicial que afecta a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, ha abierto un nuevo frente institucional. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha decidido iniciar el procedimiento para estudiar la apertura de un expediente disciplinario al juez Juan Carlos Peinado, instructor de la causa, por unas manifestaciones incluidas en una resolución judicial en las que apuntaba que los escoltas policiales de Gómez podrían facilitar una eventual huida de la justicia.
La decisión, adoptada con el voto de calidad de la presidenta del órgano, Isabel Perelló, sitúa al magistrado en una posición inédita dentro de un procedimiento que desde hace meses concentra una intensa atención política, mediática y jurídica. El debate ya no gira únicamente sobre el fondo de la investigación, sino también sobre la forma en que se está desarrollando y los límites que deben regir la actuación de los jueces en asuntos de gran repercusión pública.
La propuesta impulsada por Perelló considera que las expresiones utilizadas por Peinado podrían encajar en una infracción disciplinaria recogida en la Ley Orgánica del Poder Judicial relativa al exceso o abuso de autoridad. El proceso ahora abierto no implica una sanción automática ni prejuzga el resultado final, pero sí supone un paso relevante al entender que existen elementos suficientes para analizar si la conducta del instructor merece reproche disciplinario.
El CGPJ inicia el procedimiento para analizar si el juez incurrió en un exceso de autoridad al sugerir un posible riesgo de fuga. Gobierno y oposición judicializan el debate mientras la causa contra Begoña Gómez entra en una nueva fase
Mientras el CGPJ daba este paso, el juez mantenía el curso de la investigación. Peinado ha citado a Begoña Gómez para comparecer en el juzgado y entregar su pasaporte, una medida que ha generado una fuerte controversia política por producirse en una semana especialmente sensible para el Gobierno, marcada además por la comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso para responder a diversas polémicas que afectan al Ejecutivo.
La reacción gubernamental ha sido inmediata y contundente. El ministro de la Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, calificó la investigación de "anómala" y sostuvo que el magistrado ha dictado resoluciones "alejadas del derecho". En la misma línea se pronunciaron otros miembros del Ejecutivo. La ministra portavoz, Elma Saiz, expresó su confianza en que el CGPJ contribuya a corregir lo que considera un procedimiento errático y defendió la actitud mantenida por Gómez durante todo el proceso.
Por su parte, el ministro para la Transformación Digital y la Función Pública, Óscar López, elevó aún más el tono al afirmar que determinadas decisiones judiciales pueden generar una sensación de indefensión entre los ciudadanos. Según su criterio, la investigación se ha convertido en una causa de carácter político y ha evolucionado más allá de los límites que deberían regir una instrucción penal ordinaria.
Las críticas del Gobierno contrastan con la posición de quienes defienden la actuación del magistrado y consideran que cualquier investigación judicial debe poder desarrollarse con independencia de la relevancia política de las personas afectadas. Ese argumento, recurrente en el debate público de los últimos meses, subraya la necesidad de preservar la autonomía de los jueces frente a presiones externas, especialmente cuando los procedimientos afectan a figuras cercanas al poder político.
Alta tensión
El episodio refleja, en realidad, una tensión más profunda entre dos principios igualmente esenciales para una democracia consolidada: la independencia judicial y la rendición de cuentas de quienes ejercen funciones jurisdiccionales. El CGPJ no cuestiona la existencia de la investigación ni su legitimidad, pero sí examina si determinadas afirmaciones contenidas en una resolución judicial se ajustan a los estándares de prudencia y proporcionalidad exigibles a un juez.
El caso también evidencia hasta qué punto la política española atraviesa una etapa de creciente judicialización. Cada decisión procesal genera una inmediata interpretación partidista, mientras que cada actuación de los órganos de gobierno de los jueces es observada bajo el prisma de la confrontación política. En ese contexto, resulta cada vez más difícil separar el debate jurídico del enfrentamiento político.
La apertura de este procedimiento disciplinario no resuelve ninguna de las incógnitas sobre el futuro de la investigación a Begoña Gómez. Sin embargo, añade una nueva dimensión al caso y coloca el foco sobre la conducta del propio instructor. A medida que avance el proceso, el reto para las instituciones será demostrar que son capaces de preservar simultáneamente dos valores fundamentales: la independencia de los tribunales y la confianza ciudadana en que el ejercicio de la justicia se ajusta siempre a criterios de proporcionalidad, rigor y respeto al Estado de derecho. @mundiario