Querétaro, Qro., 22 de junio de 2026.- Como resultado del fortalecimiento de la estrategia transversal «Sinergia por Querétaro» y una estrecha coordinación con fuerzas federales y de entidades vecinas, la Fiscalía General del Estado de Querétaro obtuvo la vinculación a proceso y prisión preventiva justificada en contra de siete personas por su probable intervención en los delitos de secuestro y robo calificado.
Los hechos que originaron la movilización ocurrieron el pasado 12 de junio de 2026 al interior de una empresa ubicada sobre la carretera estatal 100, en el municipio de Colón. En dicho sitio, los ahora imputados irrumpieron de manera violenta para perpetrar un robo y, de forma posterior, privaron de la libertad a una persona.
Derivado de la activación inmediata de los protocolos de emergencia e investigación, se consolidó un despliegue interinstitucional de gran alcance que permitió la localización y el rescate con vida de la víctima. Asimismo, mediante el intercambio de información en tiempo real, las células operativas cumplimentaron las detenciones de los probables responsables en distintas acciones ejecutadas en el Estado de Querétaro, el Estado de México y la Ciudad de México.
En el operativo conjunto participó de manera activa la Unidad Especializada en Combate al Secuestro (UECS) y la Policía de Investigación del Delito (PID) de Querétaro, integrantes del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, la Policía Estatal (POES), y las Secretarías de Seguridad Pública Municipal de Colón y San Juan del Río. El despliegue en campo fue respaldado por el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, así como por las Fiscalías y secretarías de seguridad del Estado de México y de la Ciudad de México, apoyados por el monitoreo tecnológico del C5 de la capital del país.
Durante el desahogo de la audiencia inicial, y tras valorar la contundencia de los datos de prueba expuestos por los fiscales, la autoridad judicial determinó iniciar el proceso penal contra los siete detenidos, ordenando su reclusión inmediata bajo la medida cautelar de prisión preventiva justificada. Asimismo, se fijó un plazo de seis meses para el desarrollo de la investigación complementaria, periodo en el cual la Fiscalía General continuará con el desahogo de diligencias científicas y de campo para asegurar el total esclarecimiento de los hechos y garantizar el acceso pleno a la justicia para las víctimas.
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