Salamanca, Guanajuato.- Anabel Chagoya, exdirectora de Recursos Humanos de la administración municipal de Salamanca, fue vinculada a proceso penal acusada del delito de ejercicio ilícito del servicio público.
La decisión fue tomada por un juez de control tras analizar los datos de prueba presentados por la Fiscalía General del Estado (FGE), los cuales presuntamente la relacionan con la filtración indebida de información confidencial y datos personales en agravio de Nora Hilda Pérez Cruz, excolaboradora de la misma administración municipal.
Durante la audiencia formal celebrada en las salas de oralidad, la autoridad judicial determinó que existían los elementos suficientes para dar inicio formal a la etapa de juicio.
Asimismo, el juzgador fijó un plazo de tres meses para el desarrollo de la investigación complementaria, el cual vencerá formalmente el próximo 15 de septiembre de este año.
En el transcurso de este periodo, tanto los agentes del Ministerio Público como los abogados defensores de la exfuncionaria pública podrán recabar y aportar nuevos elementos para robustecer sus respectivas teorías del caso.
Como medida cautelar para salvaguardar la integridad de la víctima, fuentes oficiales de la Fiscalía General del Estado confirmaron que se impuso a la imputada la prohibición estricta de acercarse o comunicarse por cualquier medio con la persona afectada mientras se extienda el proceso legal.
El origen del conflicto
Este proceso judicial tiene su origen en un conflicto administrativo y legal que se originó a principios de este año, derivado de las denuncias interpuestas por Nora Hilda Pérez Cruz.
El caso comenzó a generar tensiones internas tras la remoción de Pérez Cruz de su cargo dentro de la estructura municipal, un movimiento que desató señalamientos sobre presuntas irregularidades operativas e internas dentro del área de Recursos Humanos, una dependencia que en ese momento se encontraba bajo la dirección directa de Anabel Chagoya.
El punto central de la acusación penal que hoy enfrenta la exdirectora radica en que, presuntamente desde el interior de la dependencia a su cargo, se difundieron de manera indebida documentos oficiales que contenían datos personales y restringidos de la afectada.
Esta acción habría vulnerado los estrictos protocolos de confidencialidad y el resguardo de identidad a los que están obligados por ley todos los servidores públicos en el desempeño de sus funciones.
Antes de que el caso escalara a las instancias penales, la situación ya era objeto de revisión por parte de la Contraloría Municipal de Salamanca debido a las quejas formales sobre el manejo del personal y la custodia de expedientes laborales, un expediente administrativo que finalmente sirvió como base para la denuncia ante la Fiscalía Especializada.
El delito de ejercicio ilícito del servicio público se encuentra tipificado en el Código Penal vigente para el Estado de Guanajuato y busca sancionar penalmente a aquellos funcionarios que afecten el correcto desempeño de las instituciones o violen los principios de legalidad y confidencialidad.
Cabe señalar que este caso también derivó en la intervención de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (Prodheg).
El organismo local de protección a los derechos humanos emitió un expediente de queja y la subsecuente recomendación dirigida a las autoridades municipales, tras acreditarse vulneraciones a los derechos de la afectada en el ámbito laboral y en el manejo de su información confidencial.
Sin embargo, al momento en que el Ayuntamiento de Salamanca acató dichas recomendaciones e implementó las medidas correspondientes, Anabel Chagoya ya no laboraba en la administración municipal, y debido a que el proceso interno ya no la alcanzaba en el ámbito administrativo, el caso escaló al terreno penal, derivando en la denuncia ante la FGE que hoy la mantiene vinculada a proceso.
HLL