La investigación abierta en la Audiencia Nacional sobre la denominada trama del caso Leire Díez continúa ampliando su alcance y añadiendo nuevos episodios a una causa que mezcla filtraciones, supuestas maniobras contra la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y contactos políticos que han terminado afectando a varios actores del panorama nacional. Las últimas declaraciones judiciales han puesto el foco sobre las presuntas presiones sufridas por antiguos mandos de la UCO en investigaciones relacionadas con el Gobierno y el PSOE, así como sobre la existencia de una supuesta campaña destinada a erosionar la imagen de esta unidad de élite.
El magistrado Santiago Pedraz dirige una investigación que, inicialmente, pretendía aclarar las circunstancias que rodearon determinadas actuaciones internas de la Guardia Civil. Sin embargo, con el paso de los meses, la causa ha ido adquiriendo una dimensión política e institucional mucho más amplia.
Uno de los elementos más significativos surgidos en las últimas comparecencias procede del secretario del director adjunto operativo (DAO) de la Guardia Civil. Según las fuentes jurídicas presentes en las declaraciones, este mando explicó que dos antiguos responsables de la UCO negaron inicialmente haber sufrido presiones de la cúpula del Instituto Armado en investigaciones sensibles relacionadas con el Gobierno.
Sin embargo, cuando fueron interrogados posteriormente por agentes de la propia UCO, ambos reconocieron que sí se habían sentido presionados para “ponerse de perfil” en determinadas pesquisas.
Los generales Rafael Yuste y Alfonso López Malo, antiguos responsables de la unidad, están llamados a comparecer para ofrecer su versión de los hechos. Según los informes incorporados a la causa, ambos atribuyeron esas presiones a órdenes procedentes del director adjunto operativo de la Guardia Civil, Manuel Llamas.
La importancia de estos testimonios reside en que introducen una discrepancia relevante entre las primeras declaraciones y las posteriores manifestaciones realizadas ante los investigadores de la propia unidad.
La investigación sobre una presunta campaña contra la UCO
Paralelamente, el general responsable de la Jefatura de Información declaró que consideró fiable la información que recibió sobre una supuesta campaña destinada a perjudicar la imagen de la UCO. Dicha advertencia quedó reflejada en una nota interna del Servicio de Información incorporada al sumario. Según las fuentes jurídicas, el alto mando no detalló el origen concreto de esa información, aunque insistió ante el juez en que la consideró suficientemente consistente.
La investigación intenta determinar si existió una estrategia organizada para desacreditar a la unidad responsable de algunas de las investigaciones más sensibles que afectan al entorno político.
En el centro de las pesquisas se encuentra la exmilitante socialista Leire Díez. Los investigadores examinan si pudo desempeñar un papel de coordinación en una operación destinada a cuestionar la actuación de la UCO y a promover investigaciones internas por supuestas filtraciones.
Uno de los aspectos que analiza la Guardia Civil es si Díez intentó influir sobre la directora general del cuerpo, Mercedes González, para impulsar tres informaciones reservadas relacionadas con filtraciones procedentes de la unidad. La propia directora ha reconocido haberse reunido en tres ocasiones con Leire Díez, aunque ha asegurado que en ninguna de ellas se trató este asunto.
El Ministerio del Interior también ha rechazado que existieran interferencias o instrucciones de carácter político.
La conexión con el caso Koldo y el PNV
La investigación se encuentra estrechamente relacionada con las derivadas del caso Koldo. Una de las cuestiones bajo examen es la apertura de investigaciones internas ordenadas por Manuel Llamas tras la difusión de mensajes de WhatsApp entre Pedro Sánchez y José Luis Ábalos.
Posteriormente, el propio Ábalos terminó reconociendo que había sido él quien facilitó esos mensajes. Además, la causa apunta hacia el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, a quien los investigadores sitúan como una de las figuras que supuestamente habrían estado detrás de la estrategia investigada. Su abogado, Jacobo Teijelo, también ha sido citado en el procedimiento.
Además, las últimas informaciones también han situado al Partido Nacionalista Vasco en el debate político a raíz de las referencias aparecidas en uno de los informes de la UCO sobre la empresa Tubos Reunidos.
El PNV ya ha reconocido haber mantenido algunas reuniones con miembros del Gobierno y con responsables empresariales para abordar la situación de la compañía, que recibió un rescate público de 112 millones de euros. Sin embargo, la formación vasca ha rechazado cualquier vinculación con una hipotética trama irregular.
La UCO señala que la trama, incluyendo a Leire Díez y al exalto cargo de la SEPI Vicente Fernández, presionó al Ejecutivo central a través de miembros del PNV para lograr la aprobación del préstamo en 2021.
Desde el partido se argumenta que forma parte de su labor institucional defender empresas estratégicas para la economía vasca y recuerdan que han actuado de forma similar en otros casos como Talgo, CAF, Astilleros Balenciaga o BSH.
La formación subraya que cualquier actividad que pudieran haber desarrollado terceras personas al margen de esos contactos no es responsabilidad del partido. @mundiario