La investigación judicial sobre la presunta trama vinculada a la exmilitante socialista Leire Díez ha situado en el centro del debate una nota interna elaborada por la Guardia Civil en abril de 2025. El documento, remitido por el jefe del Servicio de Información del instituto armado, alertaba de la existencia de una posible campaña destinada a cuestionar el trabajo de la UCO, la unidad responsable de algunas de las investigaciones más delicadas relacionadas con dirigentes políticos y figuras próximas al poder.
Durante su comparecencia como testigo ante el juez Santiago Pedraz, el general Luis Peláez explicó que decidió trasladar aquella información a sus superiores porque consideró que procedía de una fuente fiable. Sin embargo, rechazó revelar la identidad de quien la facilitó, amparándose en la normativa sobre secretos oficiales.
Lo relevante no es únicamente la existencia de la nota, sino el hecho de que gran parte de los elementos descritos en ella coinciden con aspectos que posteriormente han ido apareciendo en las pesquisas judiciales. Según el contenido del documento, existía una estrategia destinada a sembrar dudas sobre la actuación de la UCO mediante la difusión de mensajes que cuestionaban la imparcialidad de sus investigaciones.
La nota también apuntaba a que determinadas personas del entorno político socialista tendrían conocimiento de esos movimientos. Entre los nombres mencionados figuraban Leire Díez y el entonces secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, cuya situación judicial era entonces muy distinta a la actual.
La batalla por el relato alrededor de las investigaciones
Uno de los aspectos más significativos del caso es la importancia que adquiere la comunicación pública en torno a las investigaciones policiales. Según los documentos analizados, la supuesta estrategia no buscaba únicamente responder a procedimientos judiciales concretos, sino influir en la percepción social sobre quienes los desarrollaban.
La idea de presentar a la UCO como una estructura supuestamente guiada por intereses políticos habría sido uno de los ejes de esa campaña. El objetivo, según las sospechas recogidas en los informes, consistía en debilitar la credibilidad de los agentes encargados de las investigaciones antes incluso de que estas concluyeran.
Esta circunstancia refleja una tendencia cada vez más visible en los grandes casos políticos: la disputa ya no se libra exclusivamente en los tribunales, sino también en el terreno de la opinión pública. La legitimidad de las instituciones encargadas de investigar se convierte así en un elemento central de la confrontación.
La coincidencia temporal entre aquellas advertencias internas y los acontecimientos posteriores ha reforzado el interés de los investigadores por determinar hasta qué punto existió una actuación coordinada y quiénes participaron realmente en ella.
Declaraciones contradictorias y nuevas incógnitas
La jornada judicial también estuvo marcada por el testimonio del comandante Juan Manuel del Barco, cuya versión difiere de la ofrecida previamente por otros responsables de la Guardia Civil.
Del Barco fue el encargado de una investigación interna relacionada con la filtración de mensajes entre el exministro José Luis Ábalos y Pedro Sánchez. Durante su declaración negó que la apertura de aquella actuación respondiera a presiones políticas sobre la cadena de mando.
Sus palabras contrastan con las manifestaciones realizadas anteriormente por el general Ángel Yuste, antiguo jefe de la UCO, quien había trasladado a los investigadores una versión distinta de los hechos. Según ese relato previo, existían referencias a supuestas presiones que habrían afectado al desarrollo de determinadas actuaciones internas.
Esta discrepancia introduce un nuevo elemento de incertidumbre en una causa ya compleja. Más allá de las posibles responsabilidades individuales, el procedimiento está poniendo bajo escrutinio la relación entre las estructuras policiales, la esfera política y los mecanismos de control interno de las instituciones.
A medida que avanzan las declaraciones y se incorporan nuevos testimonios, la investigación trata de esclarecer no solo si existió una campaña organizada contra la UCO, sino también qué nivel de conocimiento tuvieron distintos responsables sobre unos hechos que, más de un año después de aquella primera alerta, continúan generando importantes interrogantes dentro y fuera de la Guardia Civil. @mundiario