El caso de Rocky, el perro de 14 años víctima de crueldad extrema en la capital de Coahuila, volvió a encender la indignación social luego de que colectivos animalistas descubrieron que la defensa de la imputada pretendía pactar una negociación privada para suspender el proceso penal en su contra, provocando que la autoridad judicial cancelara la audiencia de forma intempestiva ante el riesgo de manifestaciones.
El 21 de julio de 2026, el ejemplar canino fue atado a una camioneta y arrastrado por calles de Saltillo por su entonces dueña, Liliana "N". Aunque vecinos de la zona intervinieron para detener el maltrato y trasladarlo a una clínica veterinaria, la mascota falleció un día después en terapia intensiva. La agresora fue vinculada a proceso e ingresada al penal con prisión preventiva justificada por un periodo de tres meses.
Sin embargo, a dos meses de los hechos, representantes de la Asociación Civil Dignidad Animal denunciaron que las autoridades intentaron realizar una audiencia a espaldas de la ciudadanía para concretar un arreglo que suspendiera el juicio, la cual se canceló al viralizarse la convocatoria a protestar afuera del tribunal.
"Ellos pensaban hacer una audiencia pública prácticamente con las personas que están pidiendo el arreglo para la suspensión del proceso. Al momento que se hizo público, la suspendieron porque sabían que íbamos a estar en contra. Nos indigna que ni siquiera nos hayan avisado que la había. Queremos que el proceso continúe tal y como la ley lo manda hasta dictar sentencia", denunció Juan José Cornejo, representante de la A.C. Dignidad Animal.
A la opacidad del proceso judicial se suma una segunda negligencia: los restos de Rocky continúan retenidos en las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo). Pese a que la Fiscalía emitió un oficio para que el tutor registrado recogiera el cuerpo, este ha mostrado total desidia en reclamarlo, por lo que la asociación civil anunció que solicitará la custodia legal de los restos para darle una sepultura digna.
Claves del caso Rocky en Coahuila:
En el marco del Sistema Penal Acusatorio en México, la suspensión condicional del proceso representa una solución alternativa que permite al imputado suspender el juicio a cambio de cumplir con un plan de reparación del daño y ciertas condiciones impuestas por el juez.
Sin embargo, en delitos de alto impacto social como la crueldad animal extrema —sancionada severamente en el Código Penal de Coahuila—, defensores de los derechos de los animales argumentan que conceder estos beneficios sin la participación activa de los denunciantes o asociaciones constituidas como víctimas indirectas genera impunidad y debilita la aplicación de sentencias inhibitorias.
La retención prolongada de los restos en el Semefo evidencia, además, vacíos en los protocolos de cadena de custodia y entrega de cadáveres cuando los tutores legales incurren en abandono o desinterés.
