La guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán ha detonado una crisis energética con potencial de convertirse en uno de los mayores shocks petroleros de las últimas décadas. El bloqueo del estrecho de Ormuz, por donde transita cerca de una quinta parte del petróleo mundial y una proporción relevante de gas natural licuado, ha tensionado de inmediato los mercados. Tan solo con el inicio de las hostilidades, el precio del crudo pasó de alrededor de 60 a casi 120 dólares por barril, para después estabilizarse cerca de 90 dólares en un entorno de alta volatilidad.
La vulnerabilidad estructural del estrecho explica por qué los mercados reaccionan con tanta rapidez. Como ha señalado la especialista en seguridad energética Caitlin Talmadge, el estrecho de Ormuz es uno de los puntos de estrangulamiento más críticos del sistema energético global: una interrupción prolongada podría retirar del mercado cerca de una cuarta parte del suministro mundial de petróleo, provocando un shock energético de proporciones históricas. Sin embargo, el verdadero riesgo no radica necesariamente en un cierre total del paso marítimo. Talmadge sostiene que el objetivo estratégico de un actor como Irán no sería bloquear completamente el estrecho, algo difícil de sostener militarmente y que también lo lastimaría, hay que recordar que la producción de Irán también pasa por ese estrecho, sino generar suficiente riesgo y disrupción como para detener temporalmente el tráfico marítimo y desencadenar una reacción en cadena en los mercados petroleros internacionales.
En otras palabras, no es necesario hundir decenas de petroleros para detonar un shock energético global. Basta con introducir suficiente incertidumbre mediante minas navales, ataques acotados o amenazas creíbles contra el tráfico marítimo para que aseguradoras, navieras y mercados ajusten de inmediato sus decisiones. Incluso un número reducido de minas puede paralizar el comercio en zonas estratégicas, no por el daño físico directo que ocasionan, sino por el riesgo percibido que altera primas de seguro, rutas logísticas y expectativas de oferta.
El factor psicológico es determinante en la dinámica actual del mercado petrolero. Dado que la economía global depende del crudo para transporte, industria y logística, cualquier alza en su precio se traslada rápidamente a costos productivos, inflación y poder adquisitivo. La volatilidad responde, en gran medida, a la incertidumbre sobre la duración y profundidad de la interrupción del comercio energético.
Si el conflicto se contiene en el corto plazo, el impacto económico sería limitado, aunque el restablecimiento del comercio energético tomaría varias semanas debido al tiempo necesario para asegurar rutas y despejar minas.
En un escenario de duración media, con ataques recurrentes a infraestructura energética, el mercado podría enfrentar una escasez estructural, manteniendo el petróleo por encima de 100 dólares y presionando la inflación y el crecimiento global. Si el conflicto se prolonga, podría derivar en una crisis comparable a los shocks energéticos de los años setenta, con efectos inflacionarios de alcance mundial.
Para México, el escenario es paradójico. Aunque sigue siendo productor de petróleo, su matriz energética depende crecientemente de importaciones. Estados Unidos exporta a México más de 1.9 millones de barriles diarios de productos refinados, que cubren más del 70% del consumo nacional de gasolinas, diésel y turbosina. Además, cerca del 74% del gas natural que utiliza el país proviene de importaciones desde Texas.
México exporta alrededor de 580 mil barriles diarios de crudo, pero al mismo tiempo importa cerca de 400 mil barriles diarios de combustibles refinados y más de 6 mil millones de pies cúbicos diarios de gas natural. Esta dualidad genera efectos ambivalentes: un mayor precio internacional del crudo incrementa los ingresos por exportaciones y la renta petrolera del Estado. Se estima que, con un precio promedio de 75 dólares por barril, el gobierno podría obtener ingresos adicionales cercanos a 53 mil millones de pesos.
Por otro lado, el mismo aumento en los precios internacionales encarece los combustibles refinados que México importa y presiona al alza el precio de las gasolinas en el mercado interno. No obstante, el Gobierno federal renovó esta semana el acuerdo semestral voluntario con la iniciativa privada para que el precio por litro para la gasolina Magna no aumente más que 24 pesos por litro. Asimismo, acordó revisar el precio del diésel, que por causa de la guerra ha aumentado 9% a nivel global.
La presión sobre el precio de las gasolinas por el conflicto internacional entre Irán, Israel y Estados Unidos inevitablemente presiona el precio de compra del hidrocarburo dentro del país. Por lo anterior, para evitar que ese aumento se traslade directamente a los consumidores finales, el gobierno suele utilizar el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) como un mecanismo de amortiguamiento. Sin embargo, este mecanismo tiene un costo fiscal considerable. En el contexto actual, se estima que el gobierno podría dejar de recaudar hasta 38 mil millones de pesos en recaudación del IEPS si mantiene subsidios para contener los precios de los combustibles durante las próximas semanas.
El precio internacional del petróleo se encuentra muy por encima del supuesto utilizado en el presupuesto, cercano a 54.9 dólares por barril. Mantener contenidos los precios internos implica absorber una parte creciente del choque externo mediante subsidios o ajustes al IEPS. Esto genera un equilibrio fiscal complejo: cuando el crudo sube, el Estado recibe mayores ingresos por exportaciones y por la renta petrolera, pero simultáneamente recauda menos por impuestos a los combustibles. Si el repunte es transitorio, ambos efectos pueden compensarse; si se prolonga, el costo fiscal podría superar los beneficios y presionar un déficit ya proyectado entre 4 y 5 por ciento del PIB. Contener la gasolina protege el poder adquisitivo y modera la inflación, pero traslada el impacto al balance público.
A ello se suma la dependencia estructural del sistema eléctrico mexicano del gas natural importado desde Estados Unidos. Una parte sustantiva de la generación proviene de plantas de ciclo combinado, por lo que un aumento en el precio internacional del gas encarecería la generación eléctrica y ampliaría las presiones sobre los subsidios a tarifas domésticas. El riesgo es simultáneamente inflacionario, fiscal y de seguridad de suministro.
La crisis en Medio Oriente evidencia esta doble condición: México exporta crudo, pero importa una proporción significativa de los combustibles que consume y depende del gas externo para sostener su matriz eléctrica. Un shock energético internacional se transmite así por varias vías, precios internos, finanzas públicas y continuidad operativa del sistema productivo.
Sin embargo, esta coyuntura también revaloriza la estrategia de soberanía energética que el gobierno mexicano ha impulsado desde el sexenio pasado. El fortalecimiento de Pemex y CFE, la recuperación de capacidad de refinación, la apuesta por mayor control estatal en segmentos estratégicos y la búsqueda de autosuficiencia relativa en combustibles forman parte de una lógica que hoy adquiere una dimensión distinta. Lo que en su momento fue presentado como una decisión de política interna, hoy se inserta en una tendencia global: cada vez más países están replanteando su seguridad energética como un asunto de soberanía nacional ante un entorno geopolítico fragmentado.
La energía ha dejado de ser solo un insumo económico para convertirse en instrumento de poder. Los ataques a Irán muestran que la capacidad energética es un componente central de la disputa estratégica entre naciones. En este contexto, la revisión del TMEC y la agenda de América del Norte inevitablemente incorporarán la seguridad y la soberanía energética como ejes estructurales.
Para México, el desafío consiste en equilibrar dos dimensiones: fortalecer su capacidad interna de producción, refinación, generación y almacenamiento, y al mismo tiempo profundizar la integración energética regional con Estados Unidos y Canadá. En un escenario internacional cada vez más incierto, la soberanía energética, entendida no como aislamiento sino como resiliencia estratégica, puede convertirse en un pilar clave para el desarrollo económico y el posicionamiento geopolítico del país.
*La autora es Directora de Inteligencia Más y maestra en Gobierno y Políticas Públicas en la Universidad Panamericana.
