A 35 años del asesinato de Víctor Oropeza, su viuda espera justicia

El Diario 24 Jun, 2026 12:14

A 35 años del asesinato de Víctor Oropeza, su viuda espera justicia

Patricia Martínez Téllez, viuda de Víctor Manuel Oropeza Contreras, solicitó que el caso de su homicidio sea sometido a la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por incumplimiento del estado mexicano de las recomendaciones emitidas por el organismo derecho humanista.
“Han transcurrido más de tres décadas y media desde los hechos ocurridos el 3 de julio de 1991 en Ciudad Juárez y casi tres décadas en que la CIDH emitiera una recomendación sin que el estado mexicano haya garantizado plenamente el acceso a la verdad, la justicia y la reparación integral para las víctimas y sus familiares”, señaló Martínez Téllez.
El columnista de El Diario de Juárez Víctor Manuel Oropeza Contreras, fue asesinado el 3 de julio de 1991 y fue incluido como una de las 278 personas periodistas víctimas de violaciones graves de derechos humanos cometidos entre 1965 y 1994.
De acuerdo con el Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento, se trató de una ejecución extrajudicial, sumaria o arbitraria, perpetrada en contra del editorialista debido a sus denuncias constantes en las publicaciones a través de este medio de comunicación de nexos entre las autoridades de seguridad pública en el estado de Chihuahua y grupos del narcotráfico.
Según Martínez Téllez, las recomendaciones realizadas por el organismo interamericano son: investigar de manera completa, imparcial y efectiva para determinar la responsabilidad penal de todos los autores del asesinato de Víctor Manuel Oropeza; investigar si existieron actos de encubrimiento o delitos contra la administración de justicia que hubieran impedido el esclarecimiento de los hechos y reparar a los familiares por las violaciones a los derechos humanos establecidos en el informe.
Ante estas faltas, solicita que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos evalúe el estado actual de cumplimiento de sus recomendaciones en el caso; que se tomen en consideración la prolongada impunidad y la ausencia de resultados efectivos por parte del estado mexicano; que la Comisión someta el caso a la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para determine la responsabilidad internacional del estado mexicano y ordene las medidas de reparación y garantías de no repetición.
“La gravedad de los hechos, el tiempo transcurrido y la falta de cumplimiento efectivo por parte del estado mexicano justifican la intervención de la Corte Interamericana como mecanismo indispensable para garantizar el acceso a la justicia y la protección de los derechos humanos de las víctimas y familiares”, apunta la solicitante.

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