El Congreso de Nuevo León rechazó la reforma constitucional que habría permitido al gobernador Samuel García separarse del cargo hasta por seis meses, designar a un encargado del despacho y conservar el fuero constitucional durante ese periodo.
La iniciativa, impulsada por Movimiento Ciudadano, fue desechada al no reunir los votos necesarios en comisión, en medio de un amplio rechazo político y empresarial.
La decisión ocurre en un contexto de alta tensión política y con señalamientos sobre el impacto institucional que tendría modificar las reglas de sucesión del Ejecutivo estatal.
PRI, PAN y Morena cierran filas contra la reforma
Las bancadas del PRI, PAN y Morena coincidieron en rechazar cualquier cambio constitucional que, a su juicio, beneficiara directamente al titular del Ejecutivo.
Los coordinadores parlamentarios del PRI y del PAN negaron versiones sobre un supuesto acuerdo político para modificar la Constitución local y subrayaron que no respaldarán ajustes diseñados para favorecer a una sola persona o grupo político.
Qué planteaba la iniciativa y por qué fue rechazada
Actualmente, la Constitución de Nuevo León permite al gobernador solicitar hasta 30 días naturales de licencia, periodo en el que se nombra a un encargado del despacho.
Para ausencias más prolongadas, el Congreso debe designar a un gobernador interino o sustituto, sin obligación de que pertenezca al mismo partido.
La propuesta de Movimiento Ciudadano buscaba ampliar ese plazo a 180 días, lo que permitiría una separación extensa sin pasar por un relevo definido por el Legislativo.
El dictamen fue desechado la noche del martes en la Comisión de Legislación, al no alcanzar los votos requeridos para llevarse al pleno.
Diputados de distintas bancadas votaron en contra de ampliar a seis meses la licencia del titular del Ejecutivo estatal. Foto: Luis Guerra, TelediarioCríticas por fuero y control del Ejecutivo
Durante la discusión, legisladores del PRI advirtieron que la reforma abría la puerta a que el gobernador se ausentara medio año, mantuviera el fuero constitucional y dejara el control del gobierno en manos de su propio grupo político.
La diputada local por Monterrey, Lorena de la Garza, sostuvo que la propuesta no respondía a las necesidades reales del estado.
“Los ciudadanos esperan resultados en movilidad, seguridad, infraestructura y servicios públicos. No podemos perder de vista las prioridades de Nuevo León para discutir cambios que claramente favorecen a quien hoy ocupa el poder”.
Añadió que el voto del PRI refleja decisiones tomadas con independencia, sin presiones externas ni cálculos electorales.
“En política se negocia, sí, pero para que gane la gente, no para que gane alguien con nombre y apellido”.
Empresarios alertan riesgo para la gobernabilidad
Previo a la discusión legislativa, organismos empresariales y de la sociedad civil expresaron su rechazo público a la reforma, al considerar que afectaría la gobernabilidad y la certeza jurídica del estado.
En un posicionamiento conjunto, CAINTRA, CANACO Monterrey, CANADEVI, CAPROBI, COPARMEX, Consejo Cívico e INDEX Nuevo León advirtieron que ampliar de 30 a 180 días la separación del cargo resulta excesivo e innecesario.
“Una separación de hasta seis meses puede generar incertidumbre institucional en momentos que demandan liderazgo y plena responsabilidad política”.
Organismos empresariales expresaron su rechazo a la reforma al considerar que afectaría la gobernabilidad y la certeza jurídica en Nuevo León.Te puede interesar: Juicio político contra Samuel García avanza en Congreso de Nuevo León mientras el gobernador entrega defensa de 254 páginas
Señalamientos por posible trasfondo electoral
Los organismos empresariales también señalaron que la iniciativa carece de sustento técnico y no se apoya en referencias nacionales o internacionales.Advirtieron que podría responder a intereses partidistas rumbo al proceso electoral 2026-2027 en Nuevo León.
Indicaron que la legislación vigente ya permite al gobernador realizar labores de promoción y representación, sin comprometer la estabilidad institucional.
“El estado se ha consolidado como uno de los principales polos de inversión del país bajo las reglas actuales”.
Qué implica el rechazo de la reforma
Con el desechamiento del dictamen, se mantienen sin cambios las reglas constitucionales sobre la separación del cargo del gobernador.
El Congreso reiteró que no acompañará reformas que generen ventajas políticas, y que su prioridad es preservar el equilibrio de poderes, la rendición de cuentas y la atención a los problemas urgentes del estado.
La discusión deja claro que, al menos por ahora, no habrá modificaciones que faciliten licencias prolongadas del Ejecutivo, en un escenario político marcado por la vigilancia legislativa y la presión de diversos sectores sociales.