Guanajuato.- El crimen de Patricia Negrete Tafoya, madre buscadora, integrante del colectivo “Una Promesa Por Cumplir” y trabajadora del Hospital General, deja una herida profunda no solo en su familia, sino en toda una comunidad que hoy lamenta la pérdida de una mujer que dedicó su vida a la búsqueda de justicia; siete menores quedaron en la orfandad tras el ataque, lo que reaviva la exigencia de protección para las buscadoras de Guanajuato ante la escalada de violencia en la región.

Patricia era una figura central en el colectivo “Una Promesa Por Cumplir”. Su muerte no es solo una cifra más en la estadística de violencia del estado, sino el fin de una vida dedicada a la resistencia y la búsqueda de justicia.

Ofelia Barrera Martínez, madre buscadora y amiga entrañable de la víctima, recordó con profundo dolor los lazos que las unían desde la infancia en el mismo vecindario.

“Formamos parte de este colectivo desde hace unos seis años. Jamás me imaginé tener que pasar por esto con una amiga. Nos veíamos como familia, compartíamos como hermanas”, relató Ofelia.

La historia de Patricia estuvo marcada por la tragedia de la desaparición, misma que la llevó a reencontrarse con Ofelia, cuando ambas buscaban a sus respectivos familiares desaparecidos hace años.

A pesar de que Patricia trabajaba, solía acudir con frecuencia a las búsquedas de campo, era líder y el motor organizativo del grupo. Su compromiso era tal que, incluso con limitaciones económicas severas, siempre buscaba la manera de contribuir a la causa común.

“Tengo los mensajes de la última búsqueda aquí en Pénjamo; me preguntó si le podía prestar para cooperar para los refrescos porque no traía dinero”, recordó Ofelia entre lágrimas. “Ella era nuestra representante, una gran guerrera que todo el tiempo estuvo activa por su familia. Esa era su esencia, siempre apoyando a pesar de las carencias”.

La indignación entre las buscadoras se agrava, dijo otra buscadora ante la falta de respuesta oficial tras el crimen. Representantes del colectivo denunciaron que, hasta el momento, no ha habido un acercamiento digno por parte del gobierno municipal para ofrecer protección a los familiares sobrevivientes o para cubrir los gastos derivados de esta tragedia.

“Ni la Comisión Estatal de Búsqueda ni la autoridad municipal se han acercado. Solo organizaciones externas nacionales nos han buscado para brindar apoyo económico y psicológico”, señaló el vocero de la organización.

Existe un sentimiento de abandono total, pues aseguran que las autoridades estatales afirman dialogar con las víctimas, pero en la práctica, los buscadores de Pénjamo no han recibido apoyo real.

La vulnerabilidad de quienes buscan es hoy más evidente que nunca. Esta buscadora recordó que Patricia, como muchas otras, operaba sin esquemas de seguridad efectivos. La ausencia de una célula de búsqueda local y la falta de coordinación entre los niveles de gobierno han dejado a las familias a merced de los grupos criminales que ven en su labor una amenaza.

Además del dolor por su asesinato, la muerte de Patricia Negrete Tafoya dejó a siete menores en la orfandad y a una familia completamente devastada. Trascendió que era madre de tres hijos, de aproximadamente 3, 6 y 12 años de edad; sin embargo, también asumía como propios a tres hijos de su expareja, además de hacerse cargo de una sobrina, luego de que su hermana desapareciera hace seis meses.

Patricia era el principal sustento económico y emocional de todos ellos. Su ausencia deja en condiciones de extrema vulnerabilidad a los siete menores, quienes ahora también enfrentan la incertidumbre sobre su futuro.

La tragedia golpeó de nueva cuenta a su familia. Su madre, una mujer de la tercera edad, enfrenta una cadena de pérdidas que parece no tener fin. Apenas hace dos meses sepultó a uno de sus hijos, asesinado; seis meses atrás sufrió la desaparición de una de sus hijas y ahora llora el homicidio de Patricia, otra de sus hijas, quien dedicó los últimos años de su vida a la búsqueda de personas desaparecidas.

El colectivo al que pertenecía advirtió que el asesinato de Patricia debe ser una alerta urgente a la Red de Derechos Humanos y a la sociedad civil para que los siete menores no queden en el abandono.

Organizaciones y colectivos de búsqueda exigen justicia

El asesinato de Patricia Negrete Tafoya, madre buscadora e integrante del colectivo “Una Promesa Por Cumplir”, ha generado una fuerte condena de organizaciones nacionales e internacionales defensoras de derechos humanos, quienes exigieron justicia y una investigación exhaustiva para esclarecer el crimen ocurrido en el municipio de Pénjamo.

La Red Defensoras DH México y la IM-Defensoras lamentaron profundamente el homicidio de Patricia, quien desde 2021 emprendió la búsqueda de su hermana Laura Angélica Negrete Tafoya, desaparecida en ese mismo municipio. Ambas organizaciones demandaron a las autoridades de Guanajuato que las indagatorias se realicen con perspectiva de derechos humanos y género, y que se considere como una línea prioritaria su labor como buscadora.

Por su parte, Amnistía Internacional condenó enérgicamente el asesinato y advirtió que este crimen refleja el grave riesgo que enfrentan las personas buscadoras en México al realizar una tarea que, señalaron, corresponde al Estado. La organización urgió a la Fiscalía General del Estado a llevar a cabo una investigación inmediata, independiente e imparcial que permita identificar y sancionar a todos los responsables.

Asimismo, colectivos y defensores de derechos humanos señalaron que el caso de Patricia no debe verse como un hecho aislado, sino como parte de una crisis nacional de violencia contra quienes buscan a sus familiares desaparecidos. Coincidieron en que es urgente fortalecer los mecanismos de protección para mujeres buscadoras y garantizar condiciones de seguridad para que continúen su labor sin poner en riesgo sus vidas.

Integrantes del colectivo “Una Promesa Por Cumplir”, junto con madres buscadoras independientes de Pénjamo, lanzaron una enérgica denuncia pública en contra de la actual administración morenista encabezada por Yozajamni Molina. Las activistas señalan que, a diferencia de gestiones anteriores, hoy se encuentran en un estado de desamparo total, enfrentando lo que califican como una política de olvido y obstaculización institucional.

En entrevista para este medio, padres y madres que dedican su vida a localizar a sus seres queridos manifestaron su frustración al comparar la situación local con la de municipios vecinos como Irapuato y León. Señalaron que, mientras en aquellas ciudades existen células municipales de búsqueda activas, en Pénjamo la respuesta gubernamental ha sido la indiferencia sistemática ante la crisis de desapariciones.

“Aquí no hay apoyo de nada ni de nadie. Muchas veces intentamos acercarnos para solicitar acompañamiento o recursos básicos, pero simplemente nos ignoran”, relató una de las buscadoras bajo condición de anonimato. La falta de sensibilidad, aseguran, comienza desde los trámites administrativos más simples, donde las autoridades parecen buscar pretextos para no brindar seguridad en campo.

Los colectivos recordaron que anteriormente existía un trabajo distinto con la administración de Goyo Mendoza. Sin embargo, con el cambio de gobierno, los protocolos se han vuelto burocráticos y punitivos. “Antes entregábamos oficios con días de anticipación; ahora, si los llevamos con poco tiempo los rechazan, y si los entregamos con 15 días de margen, tampoco hay respuesta”, denunciaron.

La falta de recursos es tal que las familias han solicitado al Ayuntamiento programas de empleo temporal o apoyos básicos como despensas para subsistir mientras realizan sus labores de rastreo, recibiendo siempre una negativa por respuesta. “Hemos pedido ayuda mínima y nada; el Ayuntamiento simplemente no nos hace caso”, enfatizaron con desaliento.

Un vocero del colectivo fue tajante al señalar la vulnerabilidad en la que operan. “Estamos expuestos en todo aspecto. Yo tengo botón de pánico, pero eso no te protege de una mala intención en una zona de riesgo”, comentó, subrayando que ni la presidenta municipal ni su gabinete han mostrado interés en establecer un canal de comunicación directo para garantizar su seguridad.

Incluso la protección física durante las jornadas de búsqueda ha sido retirada. Según los testimonios, las familias deben financiar sus propios traslados y herramientas, operando sin el acompañamiento de Seguridad Pública Municipal.

“Debería existir una comisión municipal de búsqueda donde la policía esté obligada a darnos acompañamiento hasta encontrar resultados, pero aquí en Pénjamo no existe esa coordinación”, lamentaron. Mientras en otros puntos del estado la federación y las policías locales colaboran, en Pénjamo las buscadoras caminan solas por cerros y predios.

La falta de insumos llega incluso a lo más básico: la alimentación. Las activistas recalcaron que ni siquiera se les apoya con agua o comida para las extenuantes jornadas bajo el sol. Esta carencia de recursos financieros y materiales ha obligado a las familias a realizar rifas y colectas externas para no detener sus labores de localización.

“Somos el colectivo más activo del municipio y el primero en formarse a nivel estatal, y aun así nos tratan como si no existiéramos”, concluyeron. La exigencia es clara: que la alcaldesa Yozajamni Molina rompa el cerco de indiferencia y cumpla con la responsabilidad de proteger y apoyar a quienes, ante la inacción del Estado, han tenido que asumir la labor de buscar a los desaparecidos.

En X fue difundido un pronunciamiento mediante un comunicado firmado por 150 colectivos, organizaciones, personas buscadoras y solidarias por el asesinato de Patricia Negrete:

“Nuevamente pedimos protección, avances y justicia frente a la violencia en contra de personas buscadoras en Guanajuato.

Su caso (el asesinato de Patricia Negrete) se suma a los de otras ocho personas buscadoras que del 2018 a la fecha fueron asesinadas en el estado, mientras que seis más siguen desaparecidas. Guanajuato ha sido la entidad más peligrosa para quienes buscan a su familiar.

Observamos que no existe información pública suficiente sobre los avances de las investigaciones, las líneas de indagación, las personas detenidas y los resultados obtenidos por las autoridades. Esta falta de información no solo afecta el esclarecimiento de su caso, sino también el de las familias de personas desaparecidas en la entidad.

Urgimos a la gobernadora del estado, Libia Dennise García Muñoz Ledo, así como al fiscal general del Estado, Gerardo Vázquez Alatriste, a presentar un informe público sobre el estado que guardan las investigaciones relacionadas con los asesinatos, desapariciones y agresiones cometidas contra integrantes de colectivos de búsqueda en la entidad.

…Solicitamos fortalecer de manera urgente las medidas de protección para las personas buscadoras y sus familias.

…exigimos que se detenga cualquier forma de criminalización hacia las personas desaparecidas y nuestras familias.

La desaparición de personas debe analizarse desde una perspectiva integral que considere factores estructurales como la desigualdad social, la falta de oportunidades, el reclutamiento forzado por parte de grupos criminales, el desplazamiento forzado de familias y comunidades enteras, así como los posibles vínculos, actos de corrupción o colusión entre grupos criminales y agentes o instituciones del Estado. Ignorar estas condiciones contribuye a perpetuar la impunidad y obstaculiza el acceso a la verdad y la justicia.

Pedimos a las autoridades de los tres órdenes de gobierno que asuman plenamente sus responsabilidades y fortalezcan la coordinación institucional para generar condiciones seguras para la búsqueda de personas desaparecidas.

Por la memoria de quienes faltan, por la seguridad de quienes buscan y por el derecho de todas las familias a conocer la verdad, exigimos acciones concretas, resultados verificables y justicia. ¡Hasta encontrarlos!” – Desaparecidxs Guanajuato, X: @DesapGto (https://x.com/DesapGto/status/2070314189013303345).

HLL