EL FAMOSO “Plan B” que se está cocinando en la 4T apunta a vulnerar el federalismo, ir contra la autonomía de los estados y de paso dejar en letra muerta el concepto de municipio libre.
EN EL ESBOZO de las reformas que se pretenden hacer está modificar la composición de Congresos estatales y hasta la integración de los cabildos, asuntos que en una República como la mexicana son competencia de los gobiernos locales.
LO QUE NO SE ALCANZA a entender es el propósito de estos cambios y si con el pretexto del ahorro y la disminución de costos, lo que se busca es el fortalecimiento del poder político de los gobernadores. ¿Dónde entonces queda la división de poderes? Es pregunta muy republicana.
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POR CIERTO, en la encerrona de Palacio Nacional la noche del miércoles se convocó a dirigentes del PT, del Partido Verde y de Morena, incluidos asesores, con la intención de arrastrar el lápiz y empezar a delinear las propuestas del “Plan B”.
Y LO QUE llamó la atención de varios asistentes es que en la mesa de funcionarios gubernamentales y de morenistas no apareció Pablo Gómez, quien fue el responsable de la malograda reforma constitucional que no tuvo la mayoría calificada en la Cámara de Diputados. Tanto verdes como petistas comentaron que era una señal de que el tono de las negociaciones ahora sería más favorable.
LA PRESIDENTA Claudia Sheinbaum abrió la reunión y subrayó que era necesario trabajar distintos cambios legislativos que “eliminaran los privilegios” en materia política y electoral. Y tras su línea, perdón, su mensaje se retiró para encargarles las nuevas redacciones.
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EN MEDIO del barullo por la reforma electoral, la Presidencia envió al Senado otra iniciativa que está causando inquietud entre las empresas agropecuarias.
LO QUE esta reforma busca es enmarcar los permisos de exportación de los productores agrícolas en las condiciones laborales de sus empleados. La reforma modifica tanto la Ley de Comercio Exterior como la de Administración Pública y, por supuesto, la laboral.
EL ARGUMENTO del gobierno es que la gran mayoría de los jornaleros, por ejemplo, trabajan en la informalidad, sin prestaciones ni seguridad social. Y como el sector agropecuario es de los pocos que sigue teniendo dinamismo, pues por ahí están buscando cargarle la mano.
EL PUNTO ES que hay grupos como el de los aguacateros o los limoneros que siguen pagando altos costos por la inseguridad, como extorsiones y cobro de piso y si eso no se resuelve, cualquier iniciativa de mejora laboral quedará corta ante los riesgos que corren jornaleros y agricultores.
EL OTRO aspecto tiene que ver con las exigencias laborales en acuerdos con Estados Unidos y Canadá que pueden volver a discutirse ahora que se revise el T-MEC, y los ajustes legales mexicanos deberían ir en concordancia con los pactos comerciales.