Hay imágenes que duran más que la noticia. Maricarmen saliendo en camilla de la vivienda en la que había pasado 71 años de su vida es una de ellas. Su desahucio ha provocado un enfrentamiento político, protestas y reacciones internacionales, pero detrás de toda esa discusión existe una cuestión más incómoda: qué ocurre cuando una persona llega a la vejez y descubre que aquello que parecía estable —la casa, los ingresos, la salud o la compañía— puede desaparecer precisamente cuando menos capacidad tiene para empezar de nuevo.
Envejecer siempre ha significado enfrentarse a pérdidas. El problema aparece cuando esas pérdidas se acumulan. Primero puede faltar la pareja. Después llegan determinadas limitaciones físicas, enfermedades crónicas o una movilidad más reducida. Los amigos también envejecen o mueren, los hijos pueden vivir lejos y la vida cotidiana comienza a hacerse más pequeña. Si a ese escenario se suma una pensión insuficiente, un alquiler que aumenta o la ausencia de patrimonio, la vulnerabilidad deja de ser únicamente económica: se convierte en una vulnerabilidad vital.
Los datos permiten dimensionar parte del problema. En España, el 19,2% de las personas de 65 años o más estaba en riesgo de pobreza o exclusión social en 2025, según la última Encuesta de Condiciones de Vida del INE. La cifra ha mejorado respecto a otros momentos recientes, pero significa que prácticamente uno de cada cinco mayores continúa dentro de alguno de esos parámetros de vulnerabilidad. Y las estadísticas generales esconden historias muy distintas: no es lo mismo atravesar dificultades económicas a los 35 años que hacerlo a los 80, cuando reincorporarse al mercado laboral deja de ser una alternativa realista.
La vivienda adquiere entonces otra dimensión. Para una persona joven, una mudanza puede significar un cambio de barrio. Para alguien que lleva décadas en la misma casa puede significar perder al vecino que pregunta cómo está, la farmacia donde conocen su medicación, el supermercado al que puede llegar caminando o el médico situado a pocas calles. Una casa, después de medio siglo, también es una red de cuidados informal. Por eso un desahucio en edades avanzadas no puede comprenderse únicamente como la pérdida de unos metros cuadrados.
La pobreza que también se mide en compañía
La soledad añade otra capa. España avanza hacia una sociedad con hogares cada vez más pequeños: el INE calcula que en 2026 el 28,4% de los hogares está formado por una sola persona y proyecta que ese porcentaje podría alcanzar el 30,6% en 2041 si continúan las tendencias demográficas actuales. Vivir solo no significa necesariamente sentirse solo, pero el crecimiento de los hogares unipersonales obliga a pensar cómo se organizarán los cuidados en una sociedad progresivamente envejecida.
Porque la verdadera fragilidad comienza cuando vivir solo coincide con tener pocos recursos, problemas de salud y una red familiar o social limitada. Entonces aparecen preguntas aparentemente pequeñas que terminan definiendo una vida: quién acompaña a una consulta médica, quién hace la compra cuando resulta difícil caminar, quién entiende una notificación administrativa, quién ayuda a buscar otra vivienda o, sencillamente, quién se da cuenta de que esa persona lleva varios días sin salir de casa.
El caso de Maricarmen ha llegado incluso al debate internacional. Un relator de Naciones Unidas cuestionó el desahucio y recordó que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales había dictado medidas cautelares para suspenderlo temporalmente; Amnistía Internacional también criticó la actuación. Son posiciones de esas organizaciones y expertos, mientras el caso continúa alimentando en España una disputa sobre competencias, legislación de vivienda y responsabilidades entre administraciones y partidos. Pero quizá quedarse únicamente en esa batalla política sea perder una parte importante de la historia.
Porque Maricarmen tiene nombre y rostro, pero la vejez vulnerable muchas veces no tiene ninguno. Está detrás de puertas que apenas se abren, en pensiones que obligan a calcular cada gasto, en personas que posponen una reparación, reducen la calefacción o dependen de familiares para afrontar determinados desembolsos. También está en quienes conservan una vivienda pero han perdido buena parte de su autonomía. Y en quienes tienen cubiertas sus necesidades económicas, pero pueden pasar días sin mantener una conversación significativa con otra persona.
La discusión sobre cómo responder a estas situaciones pertenece al terreno de las políticas de vivienda, pensiones, dependencia, sanidad y servicios sociales, donde existen propuestas y diagnósticos diferentes. Pero hay una realidad demográfica difícil de ignorar: España tendrá cada vez más hogares de una sola persona y una población progresivamente envejecida. Eso convierte el cuidado, la vivienda y las redes comunitarias en asuntos que trascienden las historias individuales.
Quizá el caso de Maricarmen incomode precisamente porque obliga a imaginar algo que preferimos mantener lejos: llegar a los 80 o 90 años y descubrir que ya no basta con haber trabajado, pagado facturas y construido una vida. La longevidad es uno de los grandes logros de nuestra época, pero vivir más años plantea una pregunta mucho más profunda que sumar cumpleaños: ¿qué clase de vida estamos construyendo para quienes llegan al final del camino con menos dinero, peor salud y menos personas alrededor? Una sociedad también se retrata en la forma en que envejecen quienes tienen menos recursos y menos compañía. @mundiario
