La batalla por las elecciones generales de 2027 ha comenzado mucho antes de que exista una convocatoria oficial. Y uno de los primeros escenarios de esa confrontación no está en el Congreso ni en la negociación parlamentaria, sino en el registro consular de las embajadas españolas repartidas por el mundo. La denominada Ley de Nietos, incorporada como disposición adicional a la Ley de Memoria Democrática aprobada en 2022, ha pasado de ser una medida concebida como reparación para los descendientes del exilio español a convertirse en el último campo de batalla entre el Gobierno y el Partido Popular.
El detonante ha sido la acusación lanzada en una entrevista en Esradio por el líder de la oposición Alberto Núñez Feijóo, quien sostiene que el Ejecutivo podría estar utilizando el proceso de adquisición de la nacionalidad para ampliar el cuerpo electoral de cara a las próximas generales. En respuesta, La Moncloa considera que esas declaraciones cuestionan un procedimiento administrativo plenamente regulado y alimentan dudas “infundadas” sobre la limpieza del sistema democrático.
La controversia llega en un contexto en el que todas las formaciones políticas empiezan a situar el horizonte electoral de 2027 en el centro de su estrategia. Para el líder del PP, el volumen alcanzado por el proceso de nacionalización obliga a abrir un debate sobre sus consecuencias electorales.
Según los datos oficiales del Ejecutivo, se registraron 2.4 millones de solicitudes de cita para acogerse a la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática. Más de 1.2 millones de expedientes ya han sido presentados en oficinas consulares, mientras que 544.722 solicitudes han sido aprobadas y unas 306.000 personas ya figuran inscritas en los registros consulares.
Ese crecimiento potencial del censo exterior es el argumento utilizado por Génova para reclamar mayor transparencia. Feijóo ha llegado a hablar de una posible “ingeniería electoral” destinada a incorporar nuevos votantes, asegurando que el Gobierno pretende ampliar el cuerpo electoral porque “con los votantes actuales no le salen las cuentas”.
El Gobierno rechaza cualquier sospecha
En el Partido Popular insisten en que su preocupación no reside en el sentido del voto que puedan ejercer los nuevos ciudadanos españoles, sino en el procedimiento utilizado para incorporarlos al censo. La dirección popular sostiene que quiere conocer con detalle cómo se asignarán las circunscripciones electorales a quienes obtengan la nacionalidad desde el extranjero, especialmente cuando no exista una vinculación territorial clara con una provincia española.
También reclama información sobre el funcionamiento del proceso en determinados consulados, especialmente en países como Cuba, donde cuestiona la externalización de parte de la gestión administrativa. El partido ha encargado a su dirección de políticas migratorias un seguimiento específico del procedimiento para comprobar, según explican sus dirigentes, que todas las garantías legales se respetan durante la tramitación.
La respuesta del Ejecutivo ha sido inmediata. Desde La Moncloa se rechaza que exista cualquier finalidad electoral detrás del proceso y se recuerda que la Ley de Memoria Democrática responde a un criterio de reparación histórica para descendientes de españoles que perdieron o renunciaron a la nacionalidad como consecuencia del exilio.
El Gobierno sostiene que las declaraciones de Feijóo trivializan un derecho reconocido por una ley aprobada por el Parlamento y ponen bajo sospecha el trabajo desarrollado por funcionarios consulares y personal administrativo encargado de resolver los expedientes.
Una cuestión con efectos limitados... pero simbólicos
Además, el Ejecutivo recuerda que el propio recurso de inconstitucionalidad presentado por el PP contra la Ley de Memoria Democrática no solicitó la eliminación de la disposición que regula el acceso a la nacionalidad de los descendientes de exiliados. En el PSOE interpretan la ofensiva del PP como un intento de anticipar un posible cuestionamiento de futuros resultados electorales si estos no favorecen a la oposición.
Aunque el crecimiento del número de españoles residentes en el extranjero es evidente, su impacto electoral resulta más difícil de cuantificar. En las elecciones generales de julio de 2023 el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) estaba formado por algo más de 2.3 millones de electores. Sin embargo, únicamente votaron alrededor de 233.000 personas.
Aquel escrutinio modificó únicamente un escaño, correspondiente a la circunscripción de Madrid, que pasó del PSOE al Partido Popular tras contabilizarse el voto exterior. Esa experiencia evidencia que el incremento potencial del censo no implica automáticamente un aumento equivalente en la participación ni permite anticipar el comportamiento político de los nuevos electores.
La polémica también refleja una aproximación parcial entre el discurso del Partido Popular y el que Vox mantiene desde hace meses. Mientras la formación de Santiago Abascal lleva tiempo denunciando un supuesto intento del Gobierno de alterar el resultado de futuras elecciones mediante la ampliación del censo, el PP evita hablar de fraude electoral, aunque sí reclama garantías adicionales sobre la elaboración del registro de votantes.
La diferencia de matiz no impide que ambas formaciones sitúen la Ley de Nietos entre los principales asuntos políticos que previsiblemente marcarán el debate previo a las generales. @mundiario