La Corte Suprema de Estados Unidos ratificó este martes la vigencia de la ciudadanía por nacimiento, al rechazar una orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump. Dicha medida presidencial buscaba establecer que los niños nacidos en territorio estadounidense, cuyos padres posean un estatus migratorio ilegal o temporal, no recibieran la condición de ciudadanos de ese país.
Mediante una votación con mayoría de 6-3, los integrantes del máximo tribunal fundamentaron su dictamen en la interpretación legal de la Decimocuarta Enmienda, adoptada originalmente tras la Guerra Civil, además de basarse en leyes federales contemporáneas. Los magistrados determinaron que cualquier individuo nacido en la nación posee el derecho automático a la ciudadanía, aplicando únicamente excepciones muy específicas. El presidente del tribunal, John Roberts, redactó el argumento oficial expresando que los creadores del estatuto constitucional extendieron el beneficio a toda persona nacida libre en el territorio, asumiendo el compromiso de mantener vigente esa garantía histórica. En contraste, tres magistrados del bloque conservador emitieron votos particulares inclinados a permitir la aplicación de los límites migratorios.
Las restricciones promovidas por el poder ejecutivo enfrentaron bloqueos previos por parte de distintas cortes inferiores, impidiendo su implementación efectiva en la Unión Americana. El litigio escaló a la Corte Suprema tras una apelación gubernamental contra un fallo judicial emitido en Nueva Hampshire, donde se anuló la disposición migratoria inicial. Este decreto presidencial constituía uno de los pilares de la estrategia de control fronterizo planteada al inicio de este segundo periodo de mandato.
Análisis especializados elaborados por el Migration Policy Institute revelan que la orden ejecutiva truncaría los derechos de más de un cuarto de millón de bebés que nacen anualmente en Estados Unidos. La norma no se limitaba a la población indocumentada, sino que también abarcaba a residentes legales temporales, incluyendo a estudiantes internacionales y solicitantes en proceso de obtener la residencia permanente o “green card”.
La postura de la administración de Trump argumentaba que los hijos de no ciudadanos no estaban totalmente sujetos a la jurisdicción de la nación, tesis que los tribunales desestimaron basándose en el histórico caso Wong Kim Ark de 1898. El veredicto final marca el rumbo legal de las facultades del poder ejecutivo frente a las garantías constitucionales del país.
