En los primeros 100 días de la gestión de Aureliano Hernández, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó 21 denuncias penales ante la Fiscalía General de la República (FGR) por un posible daño de más de 600 millones de pesos, al aplicar nuevas atribuciones para no esperar a la conclusión de todo el proceso de fiscalización.
En la presentación del primer informe de resultados individuales a la Cuenta Pública 2025, el auditor también informó sobre 31 expedientes de investigación sobre el gasto en el Gobierno, estados y municipios.
A su vez, la ASF presentó ante la autoridad substanciadora otros 30 expedientes de responsabilidades administrativas graves, derivadas de la detección de colusión en procedimientos de contratación pública, informó el auditor Hernández, que asumió el cargo el pasado mes de marzo.
Hernández destacó que desde su llegada a la ASF se aplica una nueva visión institucional, con la aplicación de 100 auditorías integrales y ajustes en la estructura y el reglamento interno.
"Porque estamos convencidos de que, con una fiscalización fuerte, técnica, independiente y cercana a la Ciudadanía, un México sin corrupción es posible", comentó en su mensaje.
El funcionario dijo que desde el primer día en que asumió el cargo, comenzó la transformación de la institución y uno de los primeros actos fue modificar el Reglamento Interior para una redefinición estratégica del trabajo.
Con ello se creó la Unidad Especializada en Inteligencia y Análisis, que identifica esquemas de operaciones irregulares y de riesgo, que permite contar con insumos puntuales, relevantes y precisos que orientan los procesos de revisión para generar resultados contundentes y de alto impacto, expuso.
También se creó la Unidad Especializada en Investigación y Auditoría Forense, a la que se le dotó de facultades para investigar las presuntas faltas administrativas graves, de manera independiente al proceso de fiscalización tradicional, con lo cual, aseguró, los servidores públicos que realicen conductas contrarias a derecho no quedarán impunes.
Hernández destacó que la mayor reingeniería institucional se enfocó en las áreas auditoras, con la creación de 6 Auditorías Especializadas, de las cuales la Auditoría Especializada en Entidades Federativas y la Auditoría Especializada en Municipios se enfocarán en la fiscalización de los entes del Sistema Subnacional de Gobierno.
"Con ello se despliega un ambicioso programa de presencia física de la Auditoría Superior en campo, que permitirá verificar la existencia física de obras, trabajadores, prestación de servicios y bienes adquiridos en estados y municipios", detalló ante integrantes de la Comisión de Vigilancia de la ASF.
El Auditor agregó que se crearon las Auditorías Especializadas en fiscalización de entes del orden federal, las cuales tienen a su cargo auditar el Gasto Público en materia Social, Educativa, de Salud, Seguridad Nacional, en Materia Hacendaria, Energía, Recursos Naturales e Infraestructura.
Además, se creó una Secretaría General de Fiscalización, unidad responsable de verificar de manera transversal la calidad en los procesos de planeación y ejecución de las auditorías que realicemos.
Otro ajuste fue la creación de la Auditoría Especializada en Dictaminación e investigación, con los plazos que ahora se establecen en la ley, para abatir el rezago en la aplicación de sanciones.
En los ajustes en la ASF, resaltó, se creó la Unidad de Atención Ciudadana, para recibir denuncias sobre cualquier irregularidad o acto de corrupción, por medio de redes sociales, correos electrónicos, el portal de Internet e incluso con un mensaje por WhatsApp, de manera anónima, si así lo prefieren los denunciantes.
En conferencia de prensa posterior, Hernández explicó que las 21 denuncias penales tienen que ver con las irregularidades que se detectaron al iniciar la revisión de expedientes.
"En el momento en que nos damos cuenta de la irregularidades, podemos ir y presentar esa denuncia penal.
"Ahorita lo que hicimos fue empezar a revisar todos nuestros expedientes, empezar a detectar dónde había posibles actos de corrupción que son materia de un delito y son las denuncias que presentamos ante la Fiscalía General de la República", detalló.
El titular de la ASF destacó que en las denuncias están involucrados los tres órdenes de Gobierno.
"No importa para nosotros si el monto es muy grande, muy pequeño, pero estamos hablando de de denuncias que corresponden a cerca de un posible desvío de 600 millones de pesos", resaltó.
En cuanto a las 31 investigaciones, informó que son resultado de recientes reformas legales del Congreso, para apurar resultados sobre posibles desvíos o responsabilidades.
"Esto, lo que hace es que permite, ante cualquier indicio que tengamos, que no necesariamente quiere decir que se vaya a transformar en una sanción, podamos hacer una investigación directa", agregó.
"Entonces tenemos las primeras investigaciones de alto impacto ya radicadas en nuestros órganos que tienen que autorizar internamente el inicio de las investigaciones para iniciar estas 31 investigaciones a casos que están, sobre todo, en medios de comunicación, que son de alto impacto y que los tenemos que empezar a investigar sin hacer todo un proceso de auditorías que nos llevaría años".
Hernández recordó, sin citar al periodo del ex auditor David Colmenares, que los procesos de auditoría se desarrollaban bajo un esquema de revisiones aisladas, lo que, en su opinión, era un limitante, porque arrojaba múltiples conclusiones parciales y desvinculadas.
"Analizábamos fragmentos de una realidad institucional, cuando el verdadero reto es auditar a las instituciones del Estado Mexicano en toda su dimensión.
"Esa es la transformación que impulsamos con nuestro nuevo modelo de Auditoría Integral.
"Por ello, en esta nueva etapa de la Auditoría Superior rompimos el paradigma de la fiscalización, pasamos de una fiscalización fragmentada a una fiscalización integral", mencionó.
Las auditorías integrales, agregó, generan mejores prácticas internacionales, permiten analizar a una entidad fiscalizada desde una perspectiva total, aplicando procedimientos financieros, de cumplimiento y de desempeño, conforme a los riesgos identificados y a la naturaleza de cada institución.