“…una sociedad en la que el disenso no esté permitido
es una sociedad muerta o destinada a morir”.
Norberto Bobbio
Una sociedad democrática no se mide por la identidad entre el Estado y las mayorías, sino por su capacidad para integrar el disenso y, desde ahí, controlar y limitar el poder estatal. En eso radica la importancia de la pluralidad política y, por lo tanto, de la diversidad de partidos: en que la sociedad, en su conjunto, con sus diferencias y matices, tenga estructuras que la representen y le den voz frente al poder del Estado.
El 25 de junio pasado, el Consejo General del INE tomó una decisión fundamental para la democracia mexicana: amplió la pluralidad política del país. Otorgó el registro como partido político nacional a dos de cinco organizaciones de ciudadanos: Construyendo Sociedades de Paz (partido PAZ) y Personas Sumando (partido Somos México). Esto es una buena noticia para la pluralidad política del país.
Sin embargo, se deben hacer dos advertencias. Primero, que la primera obligación que adquieren los partidos políticos recién creados es la de “conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta y la de sus militantes a los principios del Estado democrático, respetando la libre participación política de los demás partidos políticos y los derechos de los ciudadanos” (artículo 25 de la Ley General de Partidos Políticos).
Cumplir cabalmente con las normas no es solo una obligación legal, sino una exigencia social cada vez más urgente. La creciente desconfianza en la democracia está impulsada, en gran medida, por el debilitamiento del Estado de derecho. Ojalá que la llegada de dos nuevos jugadores a la contienda democrática ayude a reconstruir la confianza en ella.
Y, segundo, desafortunadamente, los nuevos partidos se integrarán a los procesos electorales de 2026-2027 con una enorme desventaja: la mayoría de los partidos políticos nacionales ya implementaron, desde hace al menos tres meses, diversos mecanismos políticos en preparación para los procesos electorales que, según la ley, iniciarán hasta septiembre próximo.
Según los informes de medios y de las 32 vocalías ejecutivas del INE, al 26 de junio, se ha identificado propaganda impresa y digital en 27 entidades federativas; al menos 11 entrevistas en medios nacionales de personas manifestando sus aspiraciones a cargos políticos y de elección popular; 43 renuncias o solicitudes de licencia en 16 estados por parte de funcionarios que aspiran a esos mismos cargos; la presentación de 416 quejas o denuncias en 23 entidades, incluida una denuncia de hechos por parte de una vocalía ejecutiva del INE; el dictado de 15 medidas cautelares en nueve entidades con motivo de estos procesos políticos y, naturalmente, reclamos por inacción de autoridades electorales en al menos 13 entidades federativas.
Por ello, he insistido desde el 31 de marzo pasado en la urgente necesidad de que el Instituto Nacional Electoral regule y vigile más de cerca estos procesos políticos adelantados. Es fundamental para la equidad en las elecciones que el árbitro electoral arbitre ya un partido que parece haber comenzado desde hace meses; pero, sobre todo, es indispensable para proteger la frágil confianza ciudadana en nuestras instituciones democráticas.
Aunque en clara desventaja, la llegada de nuevos jugadores a la competencia electoral es bienvenida, siempre que su participación sea en favor de la pluralidad política, del diálogo inclusivo, del control del poder y del Estado de derecho. Ojalá que su llegada a la arena electoral sea un respiro para fortalecer la confianza en la democracia y en el sistema de partidos.