Hablar de la salud de los pueblos indígenas en el Estado de México (EMX) es hablar de una deuda histórica que el Estado mexicano no ha logrado saldar. No se trata de una ausencia absoluta de instituciones o programas, sino de una profunda desigualdad estructural que impide que el derecho a la salud —reconocido en la Constitución— se traduzca en bienestar real para cientos de miles de personas.

De acuerdo con datos del INEGI, en el Estado de México (EMX) más de 417 mil personas hablan alguna lengua indígena, pertenecientes principalmente a los pueblos mazahua, otomí y nahua, además de grupos como el matlatzinca y el tlahuica. Estas comunidades se concentran en regiones específicas —noroeste, centro y sur del estado— donde coinciden factores de marginación, dispersión territorial y rezago social. En estos territorios, la salud no es solamente un asunto médico: es la expresión más cruda de la desigualdad.

El diagnóstico es claro. Si bien ha habido avances en la ampliación de cobertura mediante centros de salud rurales, brigadas móviles y programas preventivos, el acceso efectivo a los servicios sigue siendo limitado. Las barreras geográficas son uno de los principales obstáculos: comunidades alejadas, caminos deficientes y altos costos de traslado dificultan la atención oportuna, especialmente en casos de urgencia. A ello se suma un déficit persistente de infraestructura, personal médico y abasto de medicamentos.

Pero el problema va más allá de la cobertura física. Existe una brecha cultural que el sistema de salud no ha sabido cerrar. La falta de personal que hable lenguas indígenas, la escasa integración de la medicina tradicional y la persistencia de prácticas discriminatorias generan desconfianza en las instituciones. Como resultado, muchas personas optan por no acudir a los servicios formales o lo hacen de manera tardía, lo que agrava los padecimientos.

Uno de los ámbitos más sensibles es la salud materna. En las comunidades indígenas persisten mayores riesgos durante el embarazo y el parto, en parte por la falta de acceso a servicios especializados y por la débil articulación entre el sistema de salud y la partería tradicional. Esta situación refleja con nitidez la incapacidad del modelo actual para responder a contextos culturales diversos.

A lo anterior se suma un fenómeno epidemiológico complejo: la coexistencia de enfermedades infecciosas, propias de contextos de pobreza, con padecimientos crónico-degenerativos como diabetes, hipertensión y obesidad. Esta doble carga exige un sistema de salud robusto, continuo y especializado, que hoy está lejos de consolidarse en las regiones indígenas del estado.

Más preocupante aún es la subrepresentación de la población indígena en la formación de profesionales de la salud. No existen datos oficiales precisos sobre cuántos médicos egresados en el Estado de México (EMX) son de origen indígena, pero la evidencia indirecta muestra una exclusión estructural. El limitado acceso a la educación superior y las condiciones socioeconómicas adversas reducen significativamente las posibilidades de que jóvenes indígenas accedan y concluyan estudios en medicina. Esto tiene consecuencias directas: la ausencia de médicos que conozcan la lengua, la cultura y las condiciones de vida de sus propias comunidades.

Frente a este panorama, resulta indispensable pasar del diagnóstico a la acción. La primera tarea es hacer plenamente efectivos los derechos de los pueblos indígenas establecidos en los artículos 2 y 4 de la Constitución. No basta con su reconocimiento formal; es necesario garantizar su cumplimiento mediante políticas públicas concretas, presupuestos suficientes y mecanismos de evaluación.

En segundo lugar, se debe enfrentar de manera integral la marginalidad, la discriminación y el déficit de salud. Esto implica no solo fortalecer la infraestructura y el personal médico, sino también atender los determinantes sociales: acceso a agua potable, alimentación, vivienda digna y educación. La salud no puede desvincularse de las condiciones de vida.

Finalmente, es urgente construir una política pública específica de salud para los pueblos indígenas del Estado de México (EMX). Esta política debe tener un eje estratégico claro: la formación de médicos indígenas. No como una medida simbólica, sino como una apuesta estructural de largo plazo. Se requiere impulsar el acceso de jóvenes indígenas a las escuelas y facultades de medicina, acompañarlos en su formación y generar incentivos para que se especialicen en áreas clave como medicina interna, ginecología y obstetricia, cirugía, pediatría y geriatría.

Pero el objetivo no debe ser únicamente formar médicos, sino lograr su arraigo en las comunidades. Esto implica diseñar esquemas de servicio, desarrollo profesional y condiciones laborales que hagan viable y atractivo ejercer en sus lugares de origen. Un médico indígena no solo reduce la barrera lingüística; también fortalece la confianza, mejora la adherencia a los tratamientos y permite una atención culturalmente pertinente.

La salud de los pueblos indígenas no puede seguir siendo un tema periférico en la agenda pública. Se trata de un asunto de justicia, de igualdad y de dignidad. El Estado de México (EMX) tiene la oportunidad —y la obligación— de construir un modelo de atención que reconozca la diversidad, corrija las desigualdades y garantice, en los hechos, el derecho a la salud para todos.

Porque mientras la salud siga dependiendo del lugar de origen, del idioma o de la condición social, no podremos hablar de un sistema verdaderamente justo. Y esa es, sin duda, una deuda que ya no admite más postergaciones.

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