CIUDAD DE MÉXICO.- La organización Amnistía Internacional advirtió que la revocación de permisos a 113 organizaciones de la sociedad civil para recibir donativos deducibles de impuestos, ordenada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), representa “un golpe directo a su capacidad de operar y apoyar a la gente”.
La medida, dada a conocer este fin de semana, se basa en que dichas organizaciones no cumplieron con los requisitos legales vigentes para mantener su autorización como donatarias. Entre las afectadas se encuentran México Evalúa y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, organizaciones que han documentado presuntos actos de corrupción y manejo de datos en materia de seguridad pública.
En su posicionamiento difundido en redes sociales, Amnistía Internacional subrayó que la decisión del SAT “no es un trámite menor”, ya que sus efectos se reflejarán en una reducción del apoyo a poblaciones vulnerables.
Impacto en derechos y atención social
La organización internacional señaló que, en la práctica, impedir que estas asociaciones reciban donativos deducibles implica menos recursos para actividades clave, como la defensa de derechos humanos, el acompañamiento legal a víctimas, la atención a la violencia de género y la protección de territorios indígenas.
De acuerdo con reportes recientes, el SAT ha endurecido en los últimos años los requisitos fiscales para organizaciones civiles bajo el argumento de combatir irregularidades en el uso de donativos ().
Alerta por “leyes anti-ONG” en la región
Amnistía enmarcó lo ocurrido en México dentro de una tendencia regional documentada en su informe “Rompiendo el tejido social”, que analiza la proliferación de “leyes anti-ONG” en países como Nicaragua, Venezuela, Paraguay, Perú, El Salvador y Ecuador entre 2024 y 2026.
Según el organismo, estas legislaciones —justificadas en la transparencia y la seguridad nacional— han derivado en controles desproporcionados, registros arbitrarios y cargas administrativas excesivas, con el objetivo de debilitar a las organizaciones civiles.
“Las organizaciones sostienen comunidades: acompañan, documentan abusos y exigen justicia”, destacó el informe, al advertir que estas políticas buscan silenciar voces críticas y limitar derechos.
Señalan cargas excesivas y “doble estándar”
Amnistía también denunció que en México las organizaciones ya enfrentan burocracia excesiva, con informes duplicados, requisitos reiterados y controles previos sobre el uso de recursos, lo que reduce el tiempo destinado a labores sociales.
Además, acusó la existencia de un “doble estándar” en la política pública: mientras a las organizaciones civiles se les imponen mayores exigencias, algunas instituciones públicas no transparentan plenamente el uso de recursos.
“Más control a quien vigila, menos a quien gasta”, criticó la organización.
El SAT reiteró que no existe un nuevo impuesto por depósitos en efectivo menores a 15 mil pesos mensuales.Debate sobre democracia y sociedad civil
Finalmente, Amnistía Internacional sostuvo que “la sociedad civil no es el problema, sino parte de la solución”, al recordar su papel en la documentación de abusos, el acompañamiento a víctimas, la vigilancia electoral y la promoción de mejores leyes.
La organización advirtió que debilitar a las ONG implica debilitar a toda la sociedad, al tiempo que planteó un cuestionamiento de fondo:
“¿Queremos un país donde nadie vigile al poder? Porque cuando las ONG se debilitan, la corrupción y los abusos crecen”.
Ante este escenario, el organismo llamó a establecer reglas claras, justas y transparentes, que permitan fortalecer —y no limitar— el trabajo de la sociedad civil en México.
También te puede interesar: SAT advirtió que congelará las cuentas de todas las personas que usen palabras prohibidas, de broma o ambiguas en transferencias y revisará de cerca sus movimientos
