Durante décadas, la emigración española constituyó uno de los grandes consensos sentimentales y políticos de la democracia. Tanto gobiernos de izquierdas como de derechas asumieron que millones de españoles y sus descendientes, repartidos especialmente por América Latina y Europa, seguían formando parte de una comunidad política y afectiva cuya vinculación con España debía preservarse. Ese consenso, sin embargo, ha comenzado a resquebrajarse en uno de los momentos de mayor polarización política de la historia reciente.

La controversia abierta en torno a la llamada ley de nietos, incorporada a la Ley de Memoria Democrática, ha colocado al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, en una posición particularmente incómoda: la de tener que explicar por qué lo que durante años defendió desde Galicia como un derecho histórico de la emigración se presenta ahora, desde la política española, como un posible factor de alteración electoral.

La discusión ha escalado después de que Santiago Abascal y dirigentes de Vox hayan llegado a cuestionar la fiabilidad del voto exterior e incluso hayan planteado restringir el voto por correo de los españoles residentes en el extranjero. Aunque el Partido Popular ha evitado asumir formalmente esas posiciones extremas, sí ha introducido conceptos como "ingeniería electoral" para referirse al aumento potencial del censo derivado de las nuevas nacionalidades concedidas.

El PP gallego impulsó históricamente la ampliación de derechos políticos y de nacionalidad para la diáspora

La cuestión trasciende el enfrentamiento partidista porque afecta a uno de los pilares del sistema democrático: la confianza en los procesos electorales. Y es precisamente ahí donde aparecen las contradicciones más evidentes.

La Galicia emigrante que construyó el PP

Resulta difícil comprender la política gallega de las últimas cuatro décadas sin entender el peso de la emigración. Galicia ha mantenido históricamente uno de los censos exteriores más importantes de Europa, hasta el punto de que los residentes ausentes representan alrededor del 17% del electorado gallego.

Durante los gobiernos de Manuel Fraga, y posteriormente durante los casi dieciséis años de presidencia de Feijóo en la Xunta, el Partido Popular defendió sistemáticamente el fortalecimiento de los vínculos con la diáspora. Las comunidades gallegas de Argentina, Uruguay, Venezuela o Cuba fueron consideradas una extensión natural de la sociedad gallega, y el reconocimiento de la nacionalidad para hijos y nietos de emigrantes constituyó una reivindicación ampliamente compartida.

No se trataba únicamente de una posición sentimental. También respondía a una convicción política y cultural: la emigración había contribuido decisivamente a construir la Galicia contemporánea y sus descendientes debían mantener derechos de ciudadanía. Por eso sorprende que el mismo dirigente que durante años defendió ampliar esos derechos cuestione ahora el impacto democrático de una medida que persigue, precisamente, ese objetivo.

Las palabras que regresan

La hemeroteca ha recuperado declaraciones del propio Feijóo realizadas cuando presidía la Xunta y, posteriormente, durante la campaña de las elecciones generales de 2023. Entonces no solo defendía el acceso a la nacionalidad para descendientes de españoles emigrados, sino que proponía ampliar el reconocimiento más allá de los supuestos contemplados por la legislación vigente.

En una visita a Buenos Aires en 2022, Feijóo criticó expresamente que el acceso a la nacionalidad quedase limitado a determinados colectivos y defendió una ley más amplia para descendientes de emigrantes económicos. El programa electoral del Partido Popular para las elecciones generales de 2023 recogía explícitamente el compromiso de reformar y consolidar ese derecho. La distancia entre aquellas posiciones y las actuales advertencias sobre la alteración del censo electoral explica buena parte de la controversia política.

El fantasma del fraude

La estrategia no es exclusiva de España. En numerosos países occidentales, especialmente en contextos de fuerte polarización política, determinados sectores han comenzado a cuestionar elementos concretos de los sistemas electorales sin aportar pruebas concluyentes de irregularidades generalizadas.

En Estados Unidos, el presidente Donald Trump convirtió el voto por correo en objeto de sospecha. En Brasil, los partidarios de Jair Bolsonaro centraron sus críticas en el voto electrónico.

En España, el foco se ha desplazado ahora hacia el voto exterior y hacia el posible crecimiento del censo derivado de la ley de nietos. Sin embargo, los datos conocidos hasta el momento ofrecen una perspectiva más limitada del fenómeno.

La participación electoral de los españoles residentes en el extranjero apenas alcanzó el 8,87% en las últimas elecciones generales

Según cifras oficiales, se han admitido algo más de medio millón de solicitudes de nacionalidad y se han registrado aproximadamente 300.000 nuevos ciudadanos españoles.

El incremento del censo exterior en algunos de los principales países afectados, como Argentina, resulta relativamente moderado. Además, la participación electoral de los residentes en el extranjero continúa siendo muy reducida: en las elecciones generales de 2023 apenas votó el 8,87% de los inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes. Su capacidad real para alterar resultados nacionales ha sido históricamente muy limitada. Pero en Galicia, a veces han fortalecido al PP, como bien sabe Feijóo.

La memoria de las irregularidades

¿Quiere eso decir que el voto exterior ha estado exento de problemas? No. De hecho, Galicia conoce bien esa realidad. Durante años se denunciaron irregularidades asociadas al antiguo sistema de voto emigrante, especialmente en algunos países latinoamericanos, donde investigaciones periodísticas documentaron prácticas clientelares y mecanismos de intermediación electoral impropios de una democracia consolidada.

Precisamente como respuesta a esas controversias se implantó el denominado voto rogado en 2011, una reforma que provocó un desplome histórico de la participación exterior hasta niveles cercanos al 3%. La posterior derogación de ese sistema en 2020 contó con un amplísimo consenso político y perseguía recuperar un derecho democrático que había quedado severamente restringido. Paradójicamente, quienes hoy cuestionan la expansión del voto exterior participaron entonces del consenso favorable a facilitar su ejercicio.

Una contradicción política difícil de resolver

El debate abierto por la ley de nietos refleja, en realidad, algo más profundo que una discusión jurídica o electoral. Expone la dificultad de los grandes partidos para mantener posiciones coherentes cuando cambian las circunstancias políticas y los incentivos electorales.

El Partido Popular gallego –tanto con Manuel Fraga como con Feijóo– construyó durante décadas una parte significativa de su identidad política sobre la defensa de la emigración y de sus descendientes. El Partido Popular español, inmerso hoy en la competición por el electorado más conservador y presionado por el crecimiento discursivo de Vox, parece recorrer un camino diferente, curiosamente de la mano de Feijóo.

La paradoja es evidente: quienes durante años defendieron que los nietos de los emigrantes seguían siendo españoles ahora expresan dudas sobre las consecuencias políticas de reconocerles plenamente esa condición.

Más allá de la confrontación partidista, la cuestión de fondo sigue siendo la misma que acompañó a España desde finales del siglo XIX: si la nación española incluye realmente a sus emigrantes y a sus descendientes o si ese reconocimiento depende, finalmente, de quién pueda beneficiarse electoralmente de su existencia. @mundiario