La recta final del juicio por la Operación Kitchen ha dejado una de las acusaciones más contundentes formuladas hasta ahora por la Fiscalía Anticorrupción. Tras más de una treintena de sesiones celebradas en la Audiencia Nacional, el fiscal César de Rivas ha sostenido que el espionaje parapolicial organizado contra el extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, fue diseñado desde la cúpula del Ministerio del Interior con el objetivo inequívoco de impedir que la posible documentación sensible sobre la financiación irregular del partido y sus principales dirigentes acabara engordando la investigación judicial del caso Gürtel.

En su informe definitivo, el ministerio público sitúa al exministro del Interior Jorge Fernández Díaz como máximo responsable político del operativo. Según la acusación, el entonces miembro del Ejecutivo no solo conocía la existencia de la operación desde sus primeras fases, sino que ejercía el control sobre un entramado que movilizó recursos policiales y fondos reservados para localizar y sustraer material considerado comprometedor para el PP.

La Fiscalía mantiene por ello su solicitud de 15 años de prisión para Fernández Díaz por los delitos de encubrimiento, malversación y vulneración de la intimidad, una petición idéntica a la formulada para quien fuera su secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, así como para el entonces director adjunto operativo de la Policía (DAO), Eugenio Pino, y el comisario Andrés Gómez Gordo.

La tesis del Ministerio Público parte de un momento concreto: comienzos de 2013. La publicación de los conocidos como papeles de Bárcenas y el descubrimiento de las cuentas del extesorero en Suiza dispararon la preocupación dentro del PP, entonces al frente del Gobierno de España. Según la Fiscalía, la prioridad dejó de ser exclusivamente la investigación judicial y pasó a convertirse en una operación paralela destinada a controlar la información que aún pudiera conservar el extesorero caído en desgracia.

Entre el material que los responsables de Kitchen pretendían recuperar figuraban supuestas grabaciones de conversaciones mantenidas por el extesorero con destacados dirigentes del PP, entre ellos el entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, así como documentación relativa a la contabilidad B del partido. Para el fiscal, desde el mismo nacimiento del operativo quedó clara su finalidad. “Nada tenía que ver con la investigación del caso Gürtel, sino todo lo contrario”, sostuvo durante su informe final.

Los mensajes que apuntan al exministro

Uno de los principales pilares de la acusación continúa siendo la documentación aportada por el exsecretario de Estado Francisco Martínez. En 2019, cuando la investigación judicial avanzaba hacia la antigua dirección del Ministerio del Interior, Martínez protocolizó ante notario una serie de mensajes que, según afirmó, había intercambiado con Fernández Díaz durante el desarrollo de la Operación Kitchen.

Durante su intervención, el fiscal volvió a destacar uno de esos SMS, relacionado con la captación del chófer de Bárcenas, Sergio Ríos, convertido posteriormente en confidente policial. Para Anticorrupción, esos mensajes demuestran que el ministro estaba informado desde el inicio del reclutamiento del conductor y seguía personalmente la evolución del operativo. La Fiscalía considera especialmente relevante que esos mensajes fueran conservados y elevados a escritura pública por Martínez antes incluso de que fueran incorporados al procedimiento judicial.

El otro gran soporte probatorio señalado por el Ministerio Público son las anotaciones personales del comisario José Manuel Villarejo. Frente a las defensas, que han intentado desacreditar el valor de esos documentos, el fiscal defendió que los diarios reflejan fielmente el desarrollo de los acontecimientos. En esas anotaciones aparece reiteradamente mencionado el denominado “número uno”, identificación que la Fiscalía atribuye a Jorge Fernández Díaz.

Según explicó De Rivas, las agendas muestran la preocupación constante de la dirección política de Interior por obtener la documentación que pudiera conservar Bárcenas y evidencian que las novedades sobre el denominado “cocinero” —el sobrenombre utilizado para referirse al chófer infiltrado— eran trasladadas directamente al ministro.

Anticorrupción descarta una operación policial legítima

Las defensas de varios acusados, especialmente la de Villarejo y Pino, han sostenido durante el juicio que Kitchen respondía a una operación de inteligencia destinada a localizar patrimonio oculto de Bárcenas en el extranjero y proteger intereses del Estado.

La Fiscalía descarta completamente esa explicación. Según el Ministerio Público, quienes dirigían Kitchen jamás mantuvieron coordinación con el juez de la Audiencia Nacional que instruía Gürtel ni con los investigadores de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), circunstancia incompatible con cualquier investigación policial legal.

Además, recuerda que cuando comenzó Kitchen la información bancaria procedente de Suiza ya había sido remitida a la Audiencia Nacional, por lo que la supuesta necesidad de localizar nuevas cuentas carecía de fundamento. Para la acusación, el verdadero propósito fue obstaculizar la investigación judicial y evitar que salieran a la luz nuevas pruebas contra responsables del PP.

El papel del chófer infiltrado

La Operación Kitchen convirtió en pieza clave al conductor de Luis Bárcenas, Sergio Ríos. Captado como colaborador policial mediante pagos con fondos reservados, el chófer terminó entregando dispositivos electrónicos y facilitando información sobre los movimientos del extesorero y de su familia. Aunque durante el juicio Ríos ha mantenido que siempre creyó participar en una actuación policial legal, la Fiscalía sostiene que fue utilizado como instrumento de una operación clandestina diseñada al margen de cualquier control judicial.

Concluido el informe de Anticorrupción, el juicio afronta ya sus últimas sesiones. Las acusaciones particulares —entre ellas el PSOE y el propio Luis Bárcenas— expondrán ahora sus conclusiones antes de que intervengan las defensas. Posteriormente, los acusados dispondrán de su derecho a la última palabra antes de que el tribunal deje el procedimiento visto para sentencia.

La resolución pondrá fin a uno de los procesos judiciales más relevantes derivados del caso Gürtel y deberá determinar si la antigua cúpula del Ministerio del Interior utilizó recursos públicos para desarrollar una operación clandestina orientada a proteger políticamente al Partido Popular frente a las consecuencias de uno de los mayores escándalos de corrupción de la democracia española. @mundiario