El vencimiento del ultimátum del 30 de junio fijado por grupos nacionalistas desató marchas masivas en las principales ciudades de Sudáfrica. Convocados por el movimiento March and March, miles de manifestantes —algunos portando armas tradicionales zulúes en Durban— salieron a las calles para exigir la expulsión inmediata de los migrantes indocumentados, en una jornada vigilada de cerca por un despliegue masivo del Servicio de Policía (SAPS).
Las marchas, desarrolladas simultáneamente en ciudades como Johannesburgo, Pretoria, Durban, Pietermaritzburg o Soweto, representan el punto culminante de varios meses de creciente hostilidad hacia la población migrante y reabren un debate que el país arrastra prácticamente desde el final del apartheid.
Aunque las autoridades consiguieron evitar que la jornada desembocara en una explosión de violencia comparable a la registrada en anteriores crisis xenófobas, los incidentes registrados durante las protestas evidencian que el problema permanece lejos de resolverse.
Hubo intentos de saqueo de comercios regentados por extranjeros, enfrentamientos puntuales con la Policía, detenciones, controles improvisados por manifestantes para identificar a supuestos inmigrantes y nuevos desplazamientos de personas que abandonaron sus hogares por miedo a sufrir agresiones.
El episodio vuelve a poner de manifiesto hasta qué punto la inmigración se ha convertido en uno de los principales focos de tensión política y social en la mayor economía del continente africano.
Un ultimátum elevó la tensión durante semanas
Durante los últimos meses, el movimiento antiinmigración March & March había intensificado su campaña exigiendo la expulsión de todos los inmigrantes indocumentados y fijando el 30 de junio como fecha límite para que abandonaran el país.
Su líder, Jacinta Ngobese, fue aún más allá al anunciar que las movilizaciones continuarán durante los próximos meses hasta lograr sus objetivos. “Durante el próximo semestre, pedimos que se utilicen nuestros recursos nacionales para echar a los inmigrantes ilegales de este país. Edificio por edificio: se tienen que marchar”.
El cumplimiento del ultimátum provocó que miles de migrantes interpretaran la fecha como una amenaza directa contra su seguridad física. En numerosas ciudades comenzaron días antes los desalojos preventivos, cierres de negocios y salidas masivas hacia campamentos improvisados o centros de acogida organizados por distintos gobiernos africanos para facilitar el regreso voluntario de sus ciudadanos.
Durante las últimas semanas, miles de ciudadanos procedentes de Malaui, Nigeria, Ghana, Zimbabue, Mozambique o la República Democrática del Congo decidieron regresar a sus países de origen.
El amplio despliegue policial evitó que las protestas derivaran en disturbios generalizados. Sin embargo, la ausencia de un colapso del orden público no significa que la violencia desapareciera. Las autoridades confirmaron arrestos por saqueos e intentos de saqueo, mientras que numerosos medios locales informaron de ataques contra establecimientos comerciales propiedad de extranjeros.
En algunas localidades, varios grupos de manifestantes obligaron a los transeúntes a mostrar sus documentos de identidad para comprobar si eran ciudadanos sudafricanos. En barrios como Thembisa o Benoni se registraron enfrentamientos con la Policía, lanzamiento de piedras y disparos esporádicos, mientras en Soweto algunos asentamientos ocupados por migrantes fueron objeto de saqueos.
El ministro de Policía en funciones, Firoz Cachalia, advirtió: "Aquellos que decidan aprovechar las manifestaciones para cometer actos delictivos se enfrentarán a todo el peso de la ley. La Policía seguirá identificando, deteniendo y procesando a todos los responsables." La contundencia del mensaje buscaba transmitir control institucional en un momento especialmente delicado.
¿Por qué vuelve a repetirse este fenómeno?
La xenofobia constituye uno de los problemas más persistentes de la Sudáfrica democrática, un país que desde 2008 ha sufrido sucesivas oleadas de violencia contra inmigrantes africanos. Aquellos episodios más graves dejaron decenas de fallecidos y miles de desplazados internos, una situación que en la actualidad se reproduce al repetir muchos de los elementos presentes en esas crisis anterioresUna parte importante de los manifestantes considera que los inmigrantes son responsables del elevado desempleo, del incremento de la delincuencia y del deterioro de los servicios públicos. Entre quienes participaron en las marchas predominaban ciudadanos procedentes de sectores sociales especialmente castigados por la pobreza y el paro.
Sin embargo, numerosos investigadores especializados sostienen que esas percepciones no encuentran respaldo suficiente en la evidencia económica disponible.
Tres décadas después del final del apartheid, el país continúa siendo una de las economías con mayores niveles de desigualdad del mundo, donde el desempleo afecta aproximadamente a un tercio de la población activa y las diferencias de renta siguen siendo extraordinariamente elevadas. Al mismo tiempo, Sudáfrica continúa atrayendo población migrante debido a que mantiene la economía más desarrollada del continenteThousands joined anti-immigration protests across South Africa after campaign groups set June 30 as an unofficial deadline for undocumented migrants to leave the country. Here’s what happened. pic.twitter.com/WPWe9v0gxB
— Al Jazeera English (@AJEnglish) June 30, 2026
Según las estadísticas oficiales, los inmigrantes representan alrededor del 4 % de la población total, un porcentaje relativamente reducido en comparación con otros países receptores de inmigración. Pese a ello, la percepción social de competencia por el empleo y los recursos públicos convierte a los extranjeros en un objetivo recurrente del descontento ciudadano.
El discurso restrictivo contra la inmigración ya impregna el corazón del Gobierno de Unidad Nacional (GNU). Ante la proximidad de los comicios locales de noviembre, el tradicionalismo del ANC y la centroderecha de la Alianza Democrática (DA) compiten por endurecer los controles fronterizos para no perder terreno electoral frente a socios radicalizados como la Alianza Patriótica (PA), cuyo líder, Gayton McKenzie, exige deportaciones exprés como eje de su plataforma.El propio presidente Cyril Ramaphosa reconoció que existen inquietudes legítimas sobre la inmigración irregular, pero recordó al mismo tiempo que únicamente el Estado puede aplicar la legislación migratoria. En ese sentido afirmó: “Las profundas preocupaciones de los sudafricanos por la inmigración ilegal... son reales y merecen ser escuchadas”.
Pero añadió igualmente: “Sin embargo, el derecho a la protesta... no faculta a nadie a amenazar o intimidar a los demás, ni a participar en actos de vandalismo o violencia”. Estas declaraciones reflejan el delicado equilibrio que intenta mantener el Gobierno entre responder a una creciente preocupación ciudadana y evitar que la frustración desemboque en violencia colectiva.
Durante años, la Sudáfrica surgida tras Nelson Mandela proyectó una imagen internacional asociada a la reconciliación, la defensa de los derechos humanos y el liderazgo regional. Los repetidos episodios de violencia contra inmigrantes erosionan progresivamente esa reputación. Además, deterioran las relaciones con numerosos países africanos cuyos ciudadanos residen y trabajan en territorio sudafricano.
Aunque la contundente presencia policial evitó que la jornada derivara en una crisis de dimensiones similares a las de 2008 o 2019, el aumento de los desplazamientos forzosos, la continuidad de los ataques aislados y la decisión de los grupos convocantes de mantener nuevas movilizaciones durante los próximos meses indican que la tensión difícilmente desaparecerá a corto plazo. @mundiario