Hay ciudades que hacen historia. La Ciudad de México es una de ellas. Fue la primera en reconocer el matrimonio igualitario y pionera en el reconocimiento de la identidad de género para las personas trans. Durante décadas demostró que ampliar derechos no dividía a la sociedad: la hacía más libre.
Gracias a esa historia, hoy es referente para miles de personas que encuentran aquí un lugar para vivir con mayor libertad. Pero ninguna ciudad vive para siempre de sus conquistas, y ese es exactamente el riesgo que hoy enfrenta la capital del país: confundir lo que una vez se ganó con lo que se sostiene para siempre.
Cada año, las calles se llenan de banderas, colores y discursos sobre inclusión en la Marcha del Orgullo, una de las más grandes de América Latina. La imagen que proyecta la ciudad es poderosa. La pregunta, sin embargo, es otra: ¿esa libertad también se vive el resto del año?
Porque detrás de la celebración hay una realidad mucho menos colorida. Casi dos de cada tres personas de la diversidad sexual han vivido algún tipo de violencia. Casi seis de cada diez han sufrido algún acto de discriminación. Según datos del COPRED, casi la mitad de las denuncias por discriminación LGBTQIA+ ocurren en el ámbito laboral, seguidas por agresiones en comercios y en el espacio público, motivadas principalmente por la identidad de género y la orientación sexual.
De ahí la urgencia de cerrar la brecha entre el papel y la realidad. De poco sirve reconocer derechos si una persona pierde oportunidades laborales, es víctima de violencia o tiene miedo de expresarse libremente por ser quien es. La verdadera inclusión comienza cuando nadie tiene que elegir entre su identidad y sus oportunidades.
Y aquí está la otra deuda: la Ciudad de México ha confundido la conquista de derechos con su garantía permanente. No es lo mismo. Los derechos conquistados no se sostienen solos; necesitan políticas públicas permanentes, presupuesto e instituciones que funcionen. Necesitan capacitación para servidores públicos, atención integral en salud, escuelas seguras, acceso al empleo y justicia para quienes siguen siendo víctimas de violencia. Cuando esas prioridades desaparecen de la agenda pública, la igualdad no se detiene: retrocede.
Y eso también es una decisión política. El Pride no puede convertirse en el único momento del año en que la diversidad existe para el gobierno. Los derechos no marchan un sábado de junio: se garantizan los 365 días del año. Cuando solo aparecen en junio, lo que la ciudad documenta no es una pausa: es un retroceso.
Esa parálisis institucional no ocurre en abstracto: ocurre en medio de un clima político que prefiere el enfrentamiento a la construcción de acuerdos. Vivimos tiempos en que unos gobiernan culpando al pasado y otros responden con la misma lógica de confrontación. Mientras unos polarizan y otros alimentan el mismo juego, las causas ciudadanas —entre ellas, la agenda de derechos LGBTQIA+— quedan atrapadas en el ruido y sin presupuesto.
La diversidad ha enseñado exactamente lo contrario. La comunidad LGBTQIA+ nunca conquistó derechos desde el odio: los conquistó mediante la organización y la comunidad, construyendo puentes y defendiendo la dignidad humana incluso cuando el miedo parecía más fuerte.
Quizá esa sea también la lección para la política. La Ciudad de México necesita menos discursos que dividan y más proyectos que construyan; menos batallas entre el gobierno y la vieja oposición, y más alternativas y acuerdos para garantizar derechos.
La diversidad es una de las mayores fortalezas de la capital del país. Una ciudad donde todas las personas pueden vivir con libertad y ejercer sus derechos también es una ciudad más creativa e innovadora.
La verdadera vanguardia no se mide por lo que alguna vez se conquistó, sino por la coherencia de seguir avanzando, sobre todo cuando el riesgo ya no es detenerse, sino retroceder. Porque el orgullo LGBTQIA+ no se presume: se camina y se defiende todos los días.