La investigación sobre las joyas incautadas en el despacho madrileño de José Luis Rodríguez Zapatero entra en una nueva fase procesal. La Abogacía del Estado se personará en representación de la Agencia Tributaria en la pieza separada abierta por el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, que investiga un posible delito contra la Hacienda Pública y otro de contrabando relacionados con las alhajas intervenidas durante el registro practicado por la Policía Nacional.
La decisión llega después de que el magistrado ofreciera formalmente a la Agencia Tributaria la posibilidad de intervenir en el procedimiento como “potencial perjudicada”, al considerar que los hechos investigados podrían haber ocasionado un perjuicio económico para las arcas públicas. Al tratarse de una eventual infracción tributaria, corresponde a la Abogacía del Estado representar jurídicamente los intereses de Hacienda.
Desde el Ejecutivo se insiste en que la personación responde a “un criterio técnico habitual” en procedimientos en los que se investigan posibles delitos fiscales y que no supone una valoración anticipada sobre la responsabilidad penal del expresidente socialista, cuyo derecho a la presunción de inocencia mantienen. La causa relativa a las joyas se tramita de manera independiente de la investigación principal del denominado caso Plus Ultra.
Mientras esta última se centra en un presunto tráfico de influencias relacionado con el rescate público de la aerolínea aprobado en 2021, la pieza separada examina exclusivamente el origen, la titularidad y la eventual tributación de las joyas encontradas en una caja fuerte del despacho que Zapatero mantiene en la calle Ferraz de Madrid.
Fue durante el registro practicado el pasado mes de mayo por agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) cuando apareció una importante colección de alhajas cuya procedencia levantó inmediatamente el interés de los investigadores.
Tasación superior a 1,3 millones de euros
Por orden judicial, las piezas fueron remitidas a la firma especializada Ansorena para realizar una valoración independiente. El informe concluyó que el conjunto alcanza un valor aproximado de 1.323.915 euros. Entre las piezas analizadas figura una joya valorada en cerca de 278.000 euros, mientras que otras presentan valores muy inferiores, hasta completar un catálogo de elevado valor económico.
Precisamente esa tasación fue uno de los elementos que llevó al juez Calama a apreciar indicios suficientes para ampliar la investigación hacia un posible delito contra la Hacienda Pública y otro de contrabando. La legislación española castiga el fraude fiscal cuando la cuota presuntamente defraudada supera los 120.000 euros, con penas que pueden alcanzar cinco años de prisión. El delito de contrabando contempla sanciones similares cuando el valor de los bienes supera los 150.000 euros.
El expresidente compareció como investigado el pasado 17 de junio ante la Audiencia Nacional. Durante aquella declaración optó por no responder a las preguntas relacionadas con las joyas al considerar que necesitaba más tiempo para preparar su defensa tras conocer la valoración económica realizada por los peritos. Su abogado solicitó aplazar esa parte del interrogatorio, aunque el juez mantuvo la declaración y el propio Zapatero anunció entonces que pediría una nueva comparecencia para ofrecer una explicación detallada sobre el origen de las alhajas. Hasta el momento, esa nueva declaración todavía no se ha producido.
El juez busca determinar el origen del ajuar
Fuentes del entorno del expresidente sostienen que las joyas no proceden de ninguna actividad ilícita. La explicación que prepara la defensa pasa por atribuirlas a regalos institucionales recibidos durante los años en los que Zapatero ocupó la Presidencia del Gobierno, muchos de ellos destinados a su esposa, Sonsoles Espinosa.
Según esta versión, los supuestos obsequios fueron conservados tras abandonar el cargo sin que el matrimonio conociera el elevado valor económico que posteriormente les atribuyó la tasación judicial. Algunas fuentes de su entorno incluso sitúan parte de esas piezas entre los regalos entregados durante visitas oficiales por el entonces rey de Arabia Saudí, Abdalá bin Abdulaziz, en una etapa anterior a la actual regulación sobre la entrega de obsequios institucionales al patrimonio público.
El magistrado Calama considera, sin embargo, que existen suficientes elementos para profundizar en la investigación. En el auto mediante el que ofreció la personación a la Agencia Tributaria, el instructor sostiene que los hechos investigados podrían haber ocasionado un perjuicio patrimonial directamente vinculado a ingresos públicos cuya gestión corresponde al organismo tributario. Por ello entiende que Hacienda está legitimada para intervenir en el procedimiento y ejercer las acciones penales y civiles que pudieran corresponder. @mundiario