La imputación de la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, no ha alterado, por ahora, la estrategia política del Gobierno. Lejos de abrir la puerta a una sustitución, el Ejecutivo ha optado por cerrar filas en torno a una de las personas de mayor confianza del presidente Pedro Sánchez, manteniendo intacto su respaldo pese a que la Audiencia Nacional investiga su presunta relación con las maniobras para desacreditar a la Unidad Central Operativa (UCO) en el denominado caso de las cloacas del PSOE.
La decisión del juez Santiago Pedraz de citar como investigados a González y al director adjunto operativo (DAO) de la Guardia Civil, el teniente general Manuel Llamas, por presuntos delitos de prevaricación y obstrucción a la Justicia, ha colocado al Ministerio del Interior en una posición especialmente delicada. Sin embargo, la respuesta oficial ha sido que ambos continuarán en sus cargos mientras colaboran con la investigación judicial.
La posición del Ejecutivo confirma un cambio de criterio respecto a anteriores etapas de la legislatura. Si en los primeros años del mandato las imputaciones o los indicios judiciales desembocaban con mayor rapidez en dimisiones o ceses, la presión derivada de las investigaciones que afectan al entorno del Gobierno y del PSOE ha endurecido la línea de resistencia política.
El precedente más próximo al que hay que remontarse es el del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, cuya continuidad fue defendida por el Ejecutivo hasta su condena por el Tribunal Supremo por revelación de secretos, a raíz de la publicación de una nota de prensa del Ministerio Público con datos del empresario investigado por fraude fiscal Alberto González Amador, novio de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. La misma pauta se aplica ahora a Mercedes González.
La ministra de Ciencia, Diana Morant, resumió la posición del Gobierno al afirmar que mantiene “la confianza” en la directora general de la Guardia Civil y que corresponde respetar los tiempos de la justicia antes de adoptar decisiones políticas. Fuentes del Ejecutivo insisten en que González y Llamas seguirán desempeñando sus funciones “como hasta ahora” y colaborarán con la Audiencia Nacional en todo aquello que les sea requerido.
Una dirigente muy próxima a Sánchez
El respaldo gubernamental también refleja el peso político de González dentro del núcleo de confianza del presidente. Su relación con Pedro Sánchez se remonta a los primeros años de la reconstrucción interna del PSOE tras las primarias de 2017, donde fue considerada una de las dirigentes alineadas desde el inicio con el actual secretario general socialista.
Esa cercanía política se tradujo posteriormente en diversos nombramientos de máxima responsabilidad, primero como delegada del Gobierno en la Comunidad de Madrid y, posteriormente, como directora general de la Guardia Civil, puesto que abandonó para concurrir por Madrid en las listas del PSOE en las elecciones generales de 2023, y que retomó a partir de la salida de Leonardo Marcos. En el seno del Ejecutivo siempre se ha interpretado que su designación respondió directamente a la confianza del presidente y no exclusivamente a una decisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.
La investigación judicial sitúa en el centro del caso varias reuniones mantenidas entre Mercedes González y Leire Díez, exmilitante socialista investigada por su presunta participación en una operación destinada a desacreditar a la UCO y obstaculizar investigaciones que afectan al PSOE y al entorno del Gobierno. Según el sumario, ambos encuentros coincidieron temporalmente con las gestiones atribuidas a Díez para promover investigaciones internas contra los agentes de la unidad de élite por supuestas filtraciones, entre ellas una conversación del exministro José Luis Ábalos en el marco del caso Koldo que había publicado El Mundo.
Inicialmente, tanto Interior como la propia directora general negaron la existencia de esos contactos, aunque posteriormente admitieron que sí se produjeron, describiéndolos como simples reuniones o “cafés”. La explicación ofrecida por González durante su comparecencia en el Senado fue considerada suficiente por el Gobierno, que sostuvo entonces que no existía “nada que ocultar” y que la directora había actuado con transparencia. No obstante, la investigación judicial pretende esclarecer el contenido real de aquellas conversaciones, así como los mensajes intercambiados entre ambas.
Interior sostiene que nunca hubo consecuencias prácticas
La principal línea de defensa del Ejecutivo consiste en desvincular las reuniones de cualquier actuación administrativa posterior. Desde Interior sostienen que las peticiones trasladadas por Leire Díez, como el regreso al Cuerpo del comandante Rubén Villalba imputado en el caso Koldo, nunca se tradujeron en decisiones efectivas dentro de la Guardia Civil y que la autonomía operativa de la UCO permaneció intacta durante todo el proceso. Sin embargo, la investigación de la Audiencia Nacional pretende determinar precisamente si existieron actuaciones dirigidas a abrir investigaciones internas sobre la unidad encargada de instruir algunos de los procedimientos que afectan al entorno del Ejecutivo.
La decisión judicial ha provocado una inmediata reacción del Partido Popular. La vicesecretaria de Regeneración Institucional, Cuca Gamarra, reclamó la dimisión inmediata de Mercedes González, del DAO Manuel Llamas y del propio ministro Grande-Marlaska. “Ni el DAO, ni la directora general ni el ministro pueden seguir ni un minuto más dirigiendo la Guardia Civil”, ha reclamado la dirigente popular, porque quienes “deberían perseguir delitos” y son "presuntamente los que los han cometido”.
Los populares sostienen que resulta incompatible dirigir la Guardia Civil mientras se permanece investigado precisamente por presuntas actuaciones relacionadas con el funcionamiento del instituto armado. El PP considera especialmente grave que el ministro conociera los contactos entre Mercedes González y Leire Díez y mantuviera posteriormente su respaldo público. “Es de extrema gravedad”, ha dicho, para después acusar a La Moncloa de “sabotear a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para proteger sus corruptelas y negocios a costa de los españoles”.
"El calendario judicial deja a las claras que Sánchez pasó de querer colonizar las instituciones a tratar de destruirlas desde dentro", ha insistido Gamarra, para después hacer constar que con estas dos nuevas citaciones judiciales “los imputados del sanchismo han sorpassado a los diputados del PSOE: 123 imputados frente a 121 diputados”. “No se trata de una o dos manzanas podridas”, ha dicho, “sino que es el uno, el one y el jefe, el que está al frente de esta organización criminal”, en alusión a cómo Díez supuestamente se refiere al presidente en sus libretas.
Malestar dentro de la Guardia Civil
La presión ya no procede únicamente de la oposición política. Por primera vez en mucho tiempo, las principales asociaciones profesionales que representan a mandos de la Guardia Civil han emitido un comunicado conjunto reclamando la salida de ambos responsables. La Unión de Oficiales, la Asociación de Suboficiales y la Asociación Profesional de Cabos consideran que la imputación resulta incompatible con el ejercicio del mando y advierten del deterioro que esta situación puede provocar sobre la imagen de la institución.
Las organizaciones recuerdan que la legislación vigente contempla consecuencias profesionales para cualquier guardia civil investigado penalmente y sostienen que ese mismo criterio debería aplicarse a quienes ocupan la máxima responsabilidad dentro del cuerpo. En la misma línea se ha pronunciado la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), que considera especialmente significativa la petición de imputación formulada por la Fiscalía Anticorrupción y reclama el cese inmediato tanto de la directora general como del DAO.
Pese al aumento de la presión política, judicial e institucional, el Gobierno no contempla, por el momento, modificar su posición. La Moncloa considera que la imputación no implica culpabilidad y mantiene que Mercedes González seguirá al frente de la Guardia Civil mientras la investigación avanza en la Audiencia Nacional.
La causa añade, sin embargo, un nuevo frente judicial para el Ejecutivo en un momento especialmente complejo, marcado por varias investigaciones que afectan a dirigentes socialistas y por una creciente ofensiva parlamentaria y judicial de la oposición. La continuidad de la directora general se convierte así en un nuevo símbolo de la estrategia de resistencia adoptada por el Gobierno: sostener políticamente a sus cargos mientras no exista una resolución judicial firme que obligue a tomar otra decisión. @mundiario
