En medio del triunfo de la Selección Mexicana ante Ecuador en el Mundial 2026, la magistrada de circuito en retiro y presidenta de la Asociación Mexicana de Juzgadoras (AMJAC), María Emilia Molina, denunció el despido de 43 trabajadores del Instituto Federal de Defensoría Pública.
De acuerdo con Molina, los ceses ocurrieron el pasado 30 de junio y no habrían afectado únicamente a personal administrativo, sino también a profesionales encargados de tareas sustantivas para la atención de personas en situación de vulnerabilidad.
La presidenta de la AMJAC señaló que entre las personas despedidas había trabajadores dedicados a realizar investigaciones socioeconómicas, elaborar dictámenes en trabajo social e identificar condiciones de vulnerabilidad de quienes acuden al Estado porque no pueden pagar una defensa o asesoría jurídica.
La magistrada advirtió que la remoción de este personal especializado debilita la posibilidad de brindar una justicia profesional, independiente y de calidad a quienes más la necesitan.
Instituto de Defensoría PúblicaAdvierten impacto en mujeres, menores, indígenas y migrantes
María Emilia Molina sostuvo que los despidos pueden afectar directamente a personas que dependen de la defensoría pública, entre ellas mujeres víctimas de violencia, menores de edad, personas indígenas y migrantes.
La magistrada calificó como preocupante que continúen presentándose ceses dentro de áreas vinculadas al acceso a la justicia, pese a las promesas realizadas durante la discusión de la reforma judicial sobre el respeto a los derechos laborales de las personas trabajadoras del Poder Judicial.
El caso se suma a las críticas que han surgido tras la creación del Órgano de Administración Judicial, instancia derivada de la reforma judicial y encargada de asumir funciones de administración, carrera judicial y gestión de personal que antes correspondían al Consejo de la Judicatura Federal.
Comunicado de la JUFEDJUFED acusa clima de hostilidad laboral
La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces también se pronunció sobre los hechos el 1 de julio y expresó su rechazo ante lo que calificó como actos discrecionales ejercidos por autoridades del Órgano de Administración Judicial.
La JUFED señaló que las medidas habrían afectado a personal de distintas áreas operativas, trabajadoras sociales y personal administrativo.
Con base en testimonios de personas afectadas, la asociación afirmó que existe un clima de hostilidad y desprecio a los derechos fundamentales dentro de oficinas gubernamentales, las cuales, acusó, se han convertido en espacios de coacción donde se vulnera la dignidad de las personas trabajadoras.
La organización también sostuvo que la mayoría de las personas afectadas serían mujeres de apoyo y administrativas.
Audiencia cautela de garantías. | Source : Diego MartinContradicción con promesas de la reforma judicial
El Órgano de Administración Judicial fue creado como parte de la reforma judicial aprobada en 2024, que además estableció la elección de jueces y magistrados por voto popular.
En septiembre de ese año, Claudia Sheinbaum, entonces presidenta electa, prometió que se respetarían los derechos laborales de las personas trabajadoras del Poder Judicial durante la implementación de la reforma.
Sin embargo, las denuncias de la AMJAC y la JUFED colocan nuevamente bajo revisión el impacto laboral de los cambios administrativos en el Poder Judicial, especialmente en áreas sensibles como la defensoría pública.
Hasta el momento, las organizaciones judiciales han pedido revisar los ceses y garantizar que cualquier ajuste administrativo respete los derechos laborales y no afecte la atención jurídica de las personas que dependen de los servicios públicos de defensa.