En las últimas dos décadas, la contaminación transfronteriza del río Tijuana ocasionó pérdidas económicas al condado de San Diego, en Estados Unidos, de hasta siete mil 900 millones de dólares por la disminución drástica del turismo, la baja en las ventas de comercios locales, impactos a la salud pública, caída de ingresos fiscales y devaluación de las propiedades.
Para tener una idea de la magnitud de esta cifra, que convertida a nuestra moneda asciende a 139 mil 040 millones de pesos mexicanos, equivale al 70 por ciento de todos los recursos destinados en 2026 a la seguridad pública en nuestro país o más de cuatro veces los presupuestos destinados a la Secretaría de Turismo, la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Cultura juntos.
De acuerdo con un estudio ordenado por la Junta de Supervisores del Condado de San Diego, las afectaciones por la crisis de aguas residuales provenientes de México, tuvieron un costo de entre 125.6 millones y 503.5 millones de dólares anuales, por la contaminación persistente, cierres prolongados de playas y gases tóxicos en comunidades como Imperial Beach, San Ysidro, Valle del río Tijuana y Coronado.
El informe preliminar de la consultora independiente ECOnorthwest, contempla además los gastos en filtros de aire y monitoreo del sulfuro de hidrógeno que se desprende de las aguas negras, alcanzando niveles alarmantes en zonas residenciales cercanas a las vertientes del río Tijuana, que después de cruzar la frontera van a dar directo al Océano Pacífico.
El cálculo de reducción de la producción económica regional incluye también los patrones de población y fuerza laboral, así como el financiamiento de las escuelas públicas.
Las primeras conclusiones establecen recomendaciones para mejorar la comunicación y la conciencia pública, apoyar a los negocios y comunidades afectadas, fortalecer la coordinación regional y binacional, y promover la infraestructura principal y la certidumbre del sistema a largo plazo.
El pasado 30 de julio, Excélsior publicó que ambientalistas exigieron sanciones económicas contra México, ante las promesas incumplidas de detener el flujo de aguas residuales, llantas y basura del río Tijuana.
Serge Dedina, director ejecutivo de WildCoast - Costa Salvaje, dio a conocer que un colectivo de 17 organizaciones de la sociedad civil envió una carta a Jamieson Greer, representante comercial de los Estados Unidos, para que ponga un hasta aquí al problema ambiental, de salud pública y económico, que representan estas descargas tóxicas, para el condado de San Diego.
Explicó que la petición formal al negociador del T-MEC por parte de la administración de Donald Trump, es que se incluya en el capítulo 24 del acuerdo comercial un nuevo apartado que contemple fondos permanentes para la atención de las aguas residuales y multas, “para que México no siga vertiendo aguas negras por años y años, sin que pase nada”.
El también exalcalde de Imperial Beach, California, propuso que se cobre un dólar por cada galón de agua (3.78 litros), que se descargue cruda al río Tijuana, lo que a su vez generaría recursos para invertir en plantas de tratamiento.
Hay mínimo 25 millones de galones por día que están cruzando la frontera, el río Tijuana está lleno, y la Planta de Tratamiento de San Antonio de Los Buenos, que supuestamente fue rehabilitada de lado mexicano, ya no está funcionando y todos los días contamina una franja de costa de más de 20 kilómetros, al enviar las aguas negras directo al Océano Pacífico”, indicó.
