“Poco a poco me voy acercando a ti”, reza la letra de conocida canción mexicana que bien pudiera ilustrar la complejidad de la relación bilateral actual entre México y los Estados Unidos, dadas las exigencias presentadas por el gobierno del país vecino a través de distintas entidades de la administración Trump.
A las declaraciones públicas del propio mandatario y de distintos funcionarios de primer nivel de su gabinete sobre la situación en nuestro país, la clasificación como organizaciones narcoterroristas a diversas bandas del crimen organizado, la exigencia de mayores resultados en su combate, la petición de detención provisional con fines de extradición de políticos mexicanos presumiblemente ligados a agrupaciones criminales, los señalamientos expuestos por el presidente de Estados Unidos en la reciente cumbre del G7 y un largo etcétera, se adiciona un elemento que viene a catalizar el complejo y tenso ambiente que subyace a la algarabía mundialista y habrá de emerger a la realidad una vez que concluya el torneo, si no es que antes.
Y es que el Departamento del Tesoro estadounidense, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), ha anunciado haber sancionado a dos mexicanos y a nueve empresas vinculadas al CJNG por contrabando de combustibles, señalando que los cárteles utilizan las ganancias ilegales para financiar campañas políticas y medios de comunicación para elegir políticos corruptos que colaboren con ellos desde diversos puestos administrativos clave.
Desde Palacio Nacional se ha desestimado el contenido del informe señalando, como en otras ocasiones, la inexistencia de pruebas, pero el tema, desde cualquier ángulo que se le vea, es de extrema seriedad y constituye una presión determinante, tanto para el gobierno, como para el ambiente político en general que puede incluir a personajes de cualquier partido, con el aderezo, ahora, de medios de comunicación que hayan sido beneficiados con dinero ilegal.
La pinza se va cerrando sobre lo que sugiere ser un gran entramado de corrupción que vincularía los grandes negocios ilícitos que se habrían realizado con participación de funcionarios en diversas estructuras y niveles, como en el caso del huachicol fiscal, con la actividad diversificada y expandida de grupos criminales, empresas y particulares, con el respaldo de un aceitado aparato de comunicación y propaganda.
El asunto adquiere la mayor relevancia, toda vez que muestra una determinación coordinada de los diversos componentes del aparato gubernamental norteamericano, que van desde las agencias de inteligencia, las fuerzas operativas, los órganos de justicia y financieros, siguiendo el dinero.