Más de la mitad de las escuelas públicas de nivel básico en Querétaro operan actualmente en predios irregulares, por lo cual serán puestas en regla gracias a una reforma a la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro que entró en vigor a partir de esta semana.
Y es que, según datos del Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro (Ifeq), mil 200 planteles de un total de 2 mil 114, principalmente en zonas rurales, no cuentan con escrituras o títulos de propiedad debido a que fueron construidos en terrenos donados, ejidales o municipales con posesiones irregulares. Al carecer de certeza jurídica, los centros educativos se veían impedidos a acceder a recursos y apoyos gubernamentales, incluyendo obras y mejoras por parte del Ifeq.
Ante esto, el Congreso del Estado aprobó a finales de abril pasado una reforma en materia de infraestructura educativa y simplificación administrativa, que añade un artículo 29 bis a la Ley de Obra Pública del Estado.
Con dicha modificación, la Secretaría de Educación en el estado y la Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro (Usebeq) podrán acreditar la posesión de los terrenos mediante un oficio, donde podrán manifestar de forma expresa que el sitio cuenta con la disponibilidad material y legal para la ejecución de obras.
“Se proporciona certeza jurídica a las actuaciones del Instituto de Infraestructura Educativa del Estado de Querétaro, permitiendo la ejecución oportuna de obras públicas en beneficio de la comunidad escolar queretana, evitando retrasos injustificados y asegurando el cumplimiento eficaz de los programas federales y estatales de infraestructura educativa”, señala el acuerdo de la reforma, publicada en el periódico oficial “La Sombra de Arteaga”.
El escrito señala que anteriormente, la Ley de Obra Pública exigía la acreditación fehaciente de la propiedad de los inmuebles escolares previo a la ejecución de las obras, lo que suponía una interpretación restrictiva local que ponía riesgo las mejoras de aulas y condiciones para los estudiantes.
Por ello, el Congreso remarcó que la reforma permitirá la realización de obras educativas, mientras se garantiza que las autoridades puedan continuar con la regularización de los predios.
“Con la presente reforma, se aseguran mejores entornos educativos atendiendo al principio del interés superior de la niñez”, puntualizó el Poder Legislativo.