Tijuana, BC.- Las políticas migratorias de Estados Unidos y México han convertido al territorio mexicano en un espacio de contención, donde miles de migrantes permanecen sin opciones suficientes para regularizar su situación, afirmó José Israel Ibarra, investigador del Colegio de la Frontera Norte.
Señaló que, de acuerdo con datos oficiales de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés), la aplicación CBP One registraba 270 mil expedientes abiertos.
La plataforma fue cancelada el 20 de enero de 2025, primer día del segundo mandato de Donald Trump, lo que interrumpió los procesos de ingreso legal iniciados por miles de solicitantes de asilo.
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Miles de citas quedaron canceladas
Ibarra refirió que un informe de Washington Office on Latin America (WOLA) documentó la cancelación de cerca de 30 mil citas programadas tras el cierre de la plataforma, lo que dejó a miles de solicitantes varados en ciudades fronterizas mexicanas.
A este escenario se suman las deportaciones de personas de terceros países realizadas por Estados Unidos, además del endurecimiento de las acciones de contención implementadas por las autoridades mexicanas, indicó.
Deportan a México a personas de terceros países
El investigador precisó que, de acuerdo con un informe de Human Rights Watch, entre enero de 2025 y marzo de 2026 Estados Unidos deportó a México a casi 13 mil personas que no eran ciudadanas de ninguno de los dos países.
Agregó que, aunque algunas personas son deportadas posteriormente hacia Centroamérica, ni Estados Unidos ni México cuentan con un mecanismo claro que permita resolver de forma definitiva su situación migratoria.
El flujo de personas solicitantes de protección internacional continúa, mientras el sistema mexicano de refugio enfrenta retrasos en la resolución de expedientes y mantiene un importante rezago acumulado, mencionó.
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Persisten pocas opciones de regularización
El número de visas por razones humanitarias otorgadas por México continúa siendo reducido frente a la cantidad de personas que buscan regularizar su estancia mientras esperan una resolución sobre sus solicitudes, señaló.
Ibarra sostuvo que las acciones gubernamentales privilegian la vigilancia, los retenes y los operativos migratorios, mientras las alternativas de regularización siguen siendo insuficientes para atender la magnitud del fenómeno.
Consideró que esta desproporción mantiene a miles de migrantes y personas refugiadas en condiciones de informalidad y vulnerabilidad, sin posibilidades claras de integración legal ni acceso a mecanismos efectivos de protección internacional.