La batalla política por los Presupuestos Generales del Estado de 2027 ya ha comenzado y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha querido situarse en primera línea del enfrentamiento con el Gobierno. La dirigente del PP ha acusado al Ejecutivo de Pedro Sánchez de utilizar las futuras cuentas públicas como una herramienta para beneficiar especialmente a Cataluña, en un movimiento que, a su juicio, responde a acuerdos políticos con el independentismo.
Durante un acto celebrado en Madrid, Ayuso aseguró que el nuevo diseño presupuestario no persigue únicamente ordenar las cuentas públicas, sino consolidar un modelo de financiación que, según denunció, sitúa a Cataluña en una posición privilegiada respecto a comunidades como Madrid.
La presidenta madrileña calificó además de "paripé" la reunión mantenida entre el Ministerio de Hacienda y las comunidades autónomas para abordar los objetivos de déficit, deuda y gasto público. En su opinión, el encuentro solo pretendía dar apariencia de diálogo cuando las decisiones fundamentales, afirmó, ya estarían tomadas.
El principal reproche de la dirigente popular gira en torno al sistema de financiación autonómica que el Ejecutivo pretende impulsar. Ayuso considera que la negociación con los socios parlamentarios independentistas condiciona la distribución de recursos y favorece especialmente a Cataluña.
Según explicó, la creación de una mayor autonomía fiscal para la Generalitat supondría un paso más hacia un modelo diferenciado que, en su opinión, rompe el equilibrio entre territorios y debilita el principio de igualdad entre los españoles.
La presidenta madrileña insistió en que Madrid no aceptará un reparto que penalice a las comunidades con mayor capacidad económica ni respaldará fórmulas que, según sostiene, respondan más a intereses parlamentarios que a criterios técnicos.
El choque por la financiación autonómica vuelve al centro del debate
Las declaraciones de Ayuso llegan después del Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde el Ministerio de Hacienda presentó a las comunidades la nueva senda de estabilidad presupuestaria necesaria para elaborar las cuentas del próximo ejercicio.
El Gobierno plantea objetivos de déficit adaptados a la situación económica de cada territorio, una propuesta que ha generado un fuerte rechazo entre buena parte de las autonomías gobernadas por el Partido Popular.
Mientras Cataluña se mostró abierta a estudiar el planteamiento, varias comunidades populares consideran que este sistema rompe el principio de igualdad y puede traducirse en un trato preferente para determinados territorios.
La presidenta madrileña vinculó la negociación de las cuentas públicas con la situación política nacional y acusó al Ejecutivo de utilizar distintos asuntos para desviar la atención de los casos de corrupción que afectan al PSOE. También cargó contra lo que considera un deterioro institucional, defendiendo la independencia del Poder Judicial frente a quienes cuestionan el funcionamiento de la Justicia.
En materia de inmigración, volvió a expresar su preocupación por los efectos de la regularización extraordinaria impulsada por el Gobierno, asegurando que podría incrementar la presión sobre los servicios públicos y alterar el equilibrio de los recursos disponibles.
Defensa de su ley del concebido no nacido
Ayuso aprovechó igualmente para reivindicar una de las iniciativas más simbólicas de su Ejecutivo: la ley del concebido no nacido, aprobada recientemente por la Asamblea de Madrid.
La presidenta defendió que las ayudas públicas tengan en cuenta a las familias desde el embarazo y criticó que esta medida haya sido objeto de polémica política. A su juicio, las administraciones deben respaldar económicamente a quienes esperan un hijo y favorecer políticas de apoyo a la natalidad.
Precisamente esta norma ha cobrado mayor protagonismo después de que el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, anunciara su intención de impulsar una legislación similar para todo el país si alcanza la Presidencia del Gobierno.
Con los Presupuestos aún pendientes de superar un complejo recorrido parlamentario, el enfrentamiento entre el Gobierno y las comunidades gobernadas por el PP vuelve a intensificarse. La financiación autonómica se perfila, una vez más, como uno de los grandes campos de batalla política de la legislatura. @mundiario