La extorsión parece ser el pan de cada día sin que haya autoridad que la detenga, por el contrario, es la propia autoridad que se ha visto involucrada.
Son 17 entidades federativas donde se ha incrementado, pero a nivel nacional suman 5,430 casos tan sólo durante los primeros cuatro meses del año, el dato más alto en este periodo en los últimos 11 años, según datos de la Coparmex, que preside Juan José Sierra. Los casos documentados son directamente a empresas de todos los tamaños, y la diversidad es tan amplia y sofisticada que ahora parecen ser nuevas reglas y se ve involucrada la autoridad.
El caso más reciente es el que sucedió a inicios del año en Tequila, Jalisco, donde su presidente municipal pedía ilegalmente dinero a las empresas tequileras ahí asentadas.
Ahora el tema se destapa en la cabecera de Guamúchil, Sinaloa, en el municipio de Salvador Escobedo, encabezado por la morenista Guadalupe López González, quien tiene en la mira a empresas de telecomunicaciones.
Busca imponer multas de forma ilegal por 1,500 millones de pesos a Telmex, Megacable y Totalplay por cableado instalado sobre infraestructura de la Comisión Federal de Electricidad, CFE.
En este esquema, el ayuntamiento se sirve de un “intermediario”, Pedro Molineros Urías, quien “negocia” ofreciendo a las cableras “reducciones” de entre 60 y 70% sobre las supuestas sanciones, en un modelo de extorsión propio del crimen organizado: “crear” el problema para después “vender” la solución.
Para profundizar en el modelo delictivo, el Ayuntamiento ha llegado al extremo de cortar cables dejando sin servicio a su población, lo que constituye un claro y muy grave delito federal.
Al difundirse el caso a nivel nacional, y en un acto evidente de cinismo y engaño, funcionarios de ese municipio han respondido señalando que ellos pueden autorizar y sancionar instalaciones de telecomunicaciones. Lo que no dicen es que un reglamento municipal no otorga facultades que la Constitución reserva a la Federación: el Ayuntamiento invade facultades federales al sancionar un tendido de telecomunicaciones que no requiere permisos municipales.
Las “multas” evidencian el esquema de presión: mientras el Reglamento de Construcción prevé sanciones cercanas a 60 mil pesos por obras sin autorización, el municipio pretende cobrar más de 410 mil pesos por cada "coordenada" de cableado y luego ofrece "condonaciones", configurando el mecanismo de extorsión institucional.
La gravedad de este caso ya llegó incluso al Poder Legislativo Federal, donde el diputado Mario Zamora presentó un punto de acuerdo para solicitar que la Federación revise la legalidad de las acciones municipales y proteger la infraestructura estratégica. Veremos si la Federación cumple con la ley, o encubre a las autoridades municipales morenistas de Guamúchil. Vaya tema de extorsión.