La investigación judicial sobre Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, afronta un nuevo escenario tras la petición de PSOE y Más Madrid para que el juez incorpore al procedimiento posibles delitos fiscales relacionados con Quirón Prevención y varios de sus responsables. Ambas formaciones, personadas como acusación popular, consideran que los nuevos indicios aportados por la Agencia Tributaria justifican ampliar el foco de una causa que ya estaba centrada en las operaciones empresariales del empresario.

El movimiento sitúa en el centro del debate la relación profesional entre González Amador y el grupo Quirónsalud, una de las mayores compañías sanitarias privadas de España, después de que Hacienda detectara una serie de operaciones económicas que podrían tener relevancia penal. Según un informe remitido al juzgado, las sociedades del empresario facturaron más de 4,4 millones de euros a Quirón Prevención entre 2021 y 2023, un periodo que coincide con los primeros años de su relación sentimental con Ayuso.

La Agencia Tributaria no solo ha puesto la lupa sobre las empresas de González Amador, sino también sobre la estructura empresarial que recibió sus servicios. Hacienda comunicó al juez que había iniciado actuaciones contra Quirónsalud y su filial Quirón Prevención, así como contra Fernando Camino, director general de esta última compañía, y su esposa, Gloria Carrasco.

El origen de las sospechas se encuentra en Masterman & Whitaker, una sociedad adquirida por González Amador en diciembre de 2020 y que posteriormente utilizó para prestar servicios de auditoría de calidad a Quirón Prevención. Los investigadores analizan si esta operación pudo esconder una contraprestación irregular relacionada con negocios anteriores vinculados a una compraventa de mascarillas durante la pandemia.

Una empresa sin estructura bajo la lupa de Hacienda y la Guardia Civil

Uno de los elementos que ha despertado las dudas de los investigadores es la capacidad real de Masterman & Whitaker para desarrollar los trabajos por los que recibió importantes cantidades económicas. La sociedad había pertenecido previamente a Gloria Carrasco bajo el nombre de Círculo de Belleza, una empresa con una actividad económica limitada y sin una estructura aparente de trabajadores o recursos materiales.

Tras su adquisición, González Amador transformó la compañía y la convirtió en una herramienta para facturar servicios de auditoría a Quirón Prevención. Hacienda considera que existen indicios de una posible “simulación”, al entender que la sociedad pudo utilizarse para reducir la carga fiscal mediante una estructura que no reflejaba la realidad de los servicios prestados.

La Guardia Civil también ha cuestionado la capacidad operativa de la empresa. En uno de sus informes señala que Masterman “carece” de los medios necesarios para ejecutar los trabajos que justificaron los pagos recibidos, una conclusión que añade presión sobre una causa que ya estaba generando controversia política y judicial.

La conexión económica con Quirón aumenta la presión política

El nuevo frente afecta indirectamente a uno de los actores económicos más relevantes del sistema sanitario privado español. Quirónsalud mantiene una importante presencia en Madrid y participa en acuerdos de colaboración con la Administración autonómica, una circunstancia que ha elevado el interés político alrededor del caso.

PSOE y Más Madrid buscan ahora que el juez Antonio Viejo analice si los hechos investigados pueden ir más allá de la relación empresarial de González Amador y abarcar posibles responsabilidades dentro del entramado de compañías vinculadas a Quirón Prevención.

La Agencia Tributaria abrió en 2025 inspecciones sobre Quirón Prevención y Quirónsalud relativas al impuesto de sociedades de varios ejercicios y al IVA de determinados periodos. Sin embargo, al existir una investigación penal abierta, Hacienda ha solicitado que estas actuaciones administrativas queden suspendidas hasta que avance la vía judicial.

La ampliación solicitada por las acusaciones populares puede convertirse así en un punto de inflexión dentro del procedimiento. Hasta ahora, la causa se había concentrado principalmente en las actuaciones fiscales y empresariales de Alberto González Amador, pero los nuevos datos trasladan la atención hacia las empresas que participaron en esas operaciones.

El caso adquiere una dimensión mayor porque mezcla tres elementos especialmente sensibles: la actividad privada de la pareja de una dirigente política, las relaciones económicas con grandes compañías y la posible existencia de estructuras utilizadas para obtener ventajas fiscales. La decisión del juez sobre si amplía la investigación determinará hasta dónde llega un procedimiento que continúa generando impacto político y judicial en Madrid. @mundiario