Elevará viuda de Víctor Oropeza impunidad en el caso hasta la OEA

El Diario 07 Jul, 2026 12:18

Elevará viuda de Víctor Oropeza impunidad en el caso hasta la OEA

Patricia Martínez Téllez, viuda de Víctor Manuel Oropeza Contreras, prevé elevar hasta la Organización de Estados Americanos (OEA) el incumplimiento de la recomendación emitida de investigar el asesinato del médico y periodista hace 35 años.
Martínez Téllez lanzó dos peticiones a la Secretaría de la Corte Interamericana, luego de pedir, que el caso de homicidio de Oropeza Contreras sea sometido a la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por incumplimiento del Estado mexicano de las recomendaciones emitidas por el organismo derechohumanista.
Entre las solicitudes expuestas se encuentra incluir “el desacato de forma explícita en su Informe Anual ante la Asamblea General de la OEA, sentándose en el caso de mi esposo un precedente histórico de impunidad estructural”.
El columnista de El Diario de Juárez Víctor Manuel Oropeza Contreras fue asesinado el 3 de julio de 1991 y fue incluido como una de las 278 personas periodistas víctimas de violaciones graves de derechos humanos cometidas entre 1965 y 1994.
De acuerdo con el Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento, se trató de una ejecución extrajudicial, sumaria o arbitraria, perpetrada en contra del editorialista debido a sus denuncias constantes en las publicaciones a través de este medio de comunicación de nexos
entre las autoridades de seguridad pública en el estado de Chihuahua y grupos del narcotráfico.
“A modo de testimonio metodológico de esta falla estructural”, indica Martínez Téllez en una carta enviada al secretario de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, “expongo que en mi caso particular se presentó una denuncia por parte de la Sociedad
Interamericana de Prensa (SIP) ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) bajo el número de referencia [11.740], emitiéndose una recomendación el día 29 de septiembre de 1999, y publicándose de forma oficial el 19 de noviembre de 1999 a través del informe número 130/99, a la cual el Estado mexicano no le ha dado cumplimiento, sin recibir un impulso procesal efectivo”.

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