En una coyuntura marcada por la reserva de información relacionada con el Gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha, el senador emecista Luis Donaldo Colosio presentó una iniciativa para eliminar esas prácticas contrarias a la transparencia.
Colosio argumentó que en años recientes se ha invocado la seguridad nacional y el interés público como causales de reserva de información.
"Sin embargo", acotó, "la Ley de Seguridad Nacional define con precisión que la seguridad nacional son las acciones destinadas de manera inmediata y directa a mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano.
"Y reservar información sobre la construcción de infraestructura civil, la adquisición de insumos médicos, la compra de vehículos de transporte, y la contratación de obra pública nada tienen que ver con las amenazas al Estado mexicano previstas en la ley".
El ex alcalde de Monterrey aclaró que la reforma no pretende eliminar las causales legítimas de reserva de información, que son necesarias en toda democracia constitucional.
"Pretende eliminar aquellas que, por su vaguedad, amplitud o ausencia de definición legal, han funcionado como cajones de sastre al servicio de la discrecionalidad gubernamental, y blindar de manera definitiva la información sobre compras públicas, obras, ejercicio del gasto y concesiones contra cualquier intento de reserva", expuso.
Colosio mencionó casos en los que el Gobierno ha recurrido al pretexto de la seguridad nacional para reservar información: los contratos de adquisición de vacunas contra Covid-19; la compra de pipas en el contexto de la lucha contra el huachicol; los costos y estudios técnicos de la refinería de Dos Bocas; los informes de Pemex sobre la explosión del ducto en Tlahuelilpan, Hidalgo; los informes operativos del evento del 17 de octubre de 2019 en Culiacán, Sinaloa; y las estadísticas sobre robo de combustible.
La iniciativa de reforma a la Ley de Transparencia propone:
Eliminar el "interés público" como causal genérica para clasificar información reservada.
Acotar la invocación de seguridad nacional a la definición prevista en la Ley de Seguridad Nacional.
Derogar la"paz social" y el "daños al interés del Estado" como causales de reserva.
Incorporar un nuevo artículo que establezca que nunca podrá clasificarse como reservada la información de procedimientos de contratación pública; ejercicio del gasto público; permisos, licencias y concesiones; estudios de impacto ambiental, urbano y social; y, declaraciones patrimoniales y de intereses de las personas servidoras públicas.
"El propósito es cerrar de manera definitiva la posibilidad de que la información sobre el uso de los recursos públicos sea clasificada como reservada bajo cualquier pretexto. Constituye una garantía estructural de que el gasto, las compras, las obras y las concesiones del gobierno serán siempre información pública, accesible, verificable y sujeta al escrutinio de la ciudadanía", afirma.
