La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó este miércoles que transparentará la información relacionada con las solicitudes de detención provisional con fines de extradición formuladas por Estados Unidos contra funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa.
Como parte de esta decisión, la dependencia hizo públicos diversos documentos que explican el origen de las acusaciones y la postura oficial del Gobierno de México frente al caso.
Resumen de acusaciones y postura de México
Entre los documentos difundidos se encuentra una ficha informativa titulada “Cargos al gobernador de Sinaloa y otros nueve funcionarios y exfuncionarios mexicanos en el Distrito Sur de Nueva York”, elaborada el 29 de abril de 2026.
El texto resume la acusación presentada por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York y la DEA contra diez funcionarios y exfuncionarios sinaloenses, quienes presuntamente colaboraron con una facción del Cártel de Sinaloa mediante sobornos, protección institucional y filtración de información.
No obstante, subraya que “se trata de acusaciones, no condenas” y recuerda que todos los señalados “son legalmente presuntos inocentes hasta probarse lo contrario”.
Por instrucciones de la presidenta @Claudiashein y en atención a las solicitudes de acceso a información relacionadas con las peticiones de detención provisional con fines de extradición formuladas por Estados Unidos, la @SRE_mx transparentará dicha información, con excepción de…
— Relaciones Exteriores (@SRE_mx) July 8, 2026
La postura oficial frente a las solicitudes
Otro de los documentos corresponde a las líneas de comunicación que el Gobierno de México preparó tras recibir las solicitudes de detención provisional con fines de extradición. En él se establece que la administración federal “no va a proteger a nadie que haya cometido un delito”, pero sostiene que cualquier acción judicial debe sustentarse en “pruebas claras y verificables”.
La SRE también publicó un oficio enviado a la Embajada de Estados Unidos, en el que expresa su preocupación por la difusión pública de los cargos y advierte que esa información corresponde a “una investigación penal en curso” y que hacerla pública podría afectar los procedimientos de extradición.
El documento agrega que revelar esos datos antes de una detención “vulneraría su derecho al debido proceso”, además de señalar que la divulgación realizada por fiscales estadounidenses “impide a nuestro Gobierno llevar a cabo las actuaciones necesarias para asegurar la confidencialidad solicitada”.