Parafraseando al popular cronista Enrique Bermúdez, “El Perro’’, la Fiscalía General de la República tuvo en sus manos a un testigo clave en el secuestro del Mayo Zambada pero inexplicablemente lo entregaron a Estados Unidos.
“Lo tenían, era suyo, y lo dejaron ir’’.
¿Por qué? Eso lo tiene que explicar la propia Ernestina Godoy.
La fiscal informó el miércoles que la dependencia detuvo en febrero del 2025 a quien identificó como el piloto del avión Beechcraft King Air 200 que el 25 de julio del 2024 transportó, desde una pista clandestina en Culiacán a territorio estadounidense al famoso capo.
Godoy no dijo el nombre, pero se pudo establecer, por las fechas, que se trata de Mauro Alberto Núñez Ojeda, alias El Jando, piloto de confianza de Los Chapitos.
Este sujeto fue detenido el 8 de febrero del año pasado durante un operativo realizado por el Ejército en la comunidad de Jesús María, al norte de Culiacán, y fue imputado por el delito de portación ilícita de armas.
¿Sabía la Fiscalía en ese momento a quién habían detenido? Aparentemente no, porque el 12 de agosto de ese mismo año fue enviado a Estados Unidos en el grupo de delincuentes a quienes se entregó sin proceso de extradición, pero con base en la Ley de Seguridad Nacional.
Si la Fiscalía sí sabía de quién se trataba, ¿por qué no lo retuvo en una cárcel segura para ser interrogado sobre el secuestro del Mayo? ¿O a caso lo dejaron ir para que sus declaraciones no involucraran a políticos morenistas (o no) que facilitaron la operación?
El tema es que, lejos de despejar dudas, la conferencia de Godoy solo exhibió una absoluta falta de control e incluso incapacidad para obtener la información que ahora mendiga el gobierno mexicano al de Estados Unidos.
La otra parte del problema es que el gobierno ha enfocado sus baterías hacia el exembajador Ken Salazar, al que acusan de mentir, pero nada han dicho de las responsabilidades de los funcionarios mexicanos, comenzando por el propio Rubén Rocha Moya que el día del secuestro fingió un viaje a Los Ángeles que nunca realizó.
La exfiscal que hizo el montaje para proteger a los asesinos de Héctor Melesio Cuén Ojeda, Sara Bruna Quiñones y sus subalternos que le sirvieron de comparsa tampoco han sido ni citados y menos detenidos.
Cierto, qué grave sería que el FBI confirmara que fue suya la operación, pero más grave sería que funcionarios mexicanos, de cualquier nivel, haya cooperado sin informar al Gobierno federal sobre los hechos.
Qué se investigue a los foráneos, pero también a los nativos.
¿O no es esa la ruta que se sigue en la investigación por la participación de dos agentes de la CIA fallecidos en un operativo para desmantelar un narcolaboratorio en Chihuahua?
¿Cuál sería la diferencia entre ambos casos, si al final de cuentas, ambos se resumen en una violación (hasta ahora presunta, oficialmente, pero real, extraoficialmente) de la soberanía nacional?
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Sesenta y nueve días después de haber solicitado licencia como gobernador de Sinaloa, Rocha Moya reapareció en redes para informar que no estaba muerto ni andaba de parranda, mucho menos había huido o era cuidado en un cuartel militar.
El gobernador con licencia dijo que estaba en su casa en Culiacán (eso realmente no se puede comprobar porque ahora los dichos de algunos funcionarios morenistas son actos de fe) y que no tenía custodia militar.
Rocha sacó la cabeza ante la presión social que recibió la Presidenta para conocer su paradero.
@adriantrejo