En el último día de su sesión 2026, la Corte Suprema de Estados Unidos hizo algo poco común: le dijo que no al presidente.

En un fallo de 6-3 emitido el martes 30 de junio, la Corte Suprema confirmó la ciudadanía por nacimiento, es decir, el entendimiento de que un niño nacido en Estados Unidos es automáticamente ciudadano sin importar el estatus migratorio de sus padres, con lo que bloqueó una orden ejecutiva que el presidente Trump firmó en su primer día de vuelta en el cargo.

El presidente de la Corte, John Roberts, redactó la opinión mayoritaria, en la que citó la 14a Enmienda y afirmó que la ciudadanía es “el derecho a tener derechos: a participar libremente en nuestra comunidad política”, para “toda persona nacida libre en esta tierra”.

Soy estudiante de ciencias políticas y pasante legal en El Paso. Pero, más importante aún, soy hija de una ciudad fronteriza que ha vivido en el epicentro de este debate toda mi vida. Quiero contarles lo que este fallo realmente significa cuando se le quita el ruido de la televisión por cable y se examina lo que en verdad estaba en juego sobre el terreno, y en mi ciudad natal.

El Paso se encuentra justo enfrente de Ciudad Juárez, México. Las familias no solo viven cerca de la frontera: viven a través de ella, todos los días. Nacen niños en hospitales de El Paso, hijos de padres que cruzan legalmente para trabajar, visitar a su familia o recibir atención médica.

En promedio, 255 mil niños nacen cada año en Estados Unidos de padres que no son ciudadanos. En una ciudad como la mía, esta cifra no es simplemente una estadística abstracta. Son nuestros amigos, nuestros vecinos, nuestros compañeros de clase, nuestras comunidades.

Si la orden ejecutiva de Trump se hubiera mantenido vigente, como algo salido de una novela distópica, esos niños —nacidos en suelo estadounidense, en hospitales estadounidenses, criados en ciudades estadounidenses— habrían quedado apátridas. Ni ciudadanos estadounidenses, ni ciudadanos mexicanos. Nada.

Esto implicaría que un niño, nacido en hospitales de El Paso de una madre que cruzó legalmente con una visa de turista, crecería en un limbo legal en el único país que ha conocido jamás.

Aunque el fallo confirmó la ciudadanía por nacimiento, no resuelve el debate político en torno a ella, y este no va a desaparecer. Horas después del fallo, Trump escribió en Truth Social que el Congreso podría poner fin a la ciudadanía por nacimiento, y añadió: “el Congreso debería empezar HOY”.

Vale la pena señalar que, en realidad, cambiar la ciudadanía por nacimiento requeriría una enmienda constitucional —una votación con mayoría de dos tercios en ambas cámaras, seguida de la ratificación de tres cuartas partes de los estados— y no un acto unilateral del Congreso. Eso no ha impedido que ese planteamiento se arraigue. Casi nunca lo impide.

El movimiento contrario a la ciudadanía por nacimiento se apoya en una retórica particular: tratar a los hijos de inmigrantes como amenazas en lugar de como estadounidenses.

El término “anchor baby” (o “bebé ancla”) —deshumanizante y políticamente deliberado— ha circulado en este debate durante décadas. Lo que en verdad significa, despojado de sus eufemismos, es que deberíamos castigar a los niños por las circunstancias de su nacimiento. Significa que deberíamos mirar a una niña nacida en un hospital de El Paso y, antes de que dé su primera bocanada de aire de Texas, decidir que no pertenece aquí.

Cecillia Wang, de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), quien es ella misma ciudadana por nacimiento, argumentó el caso ante la Corte en abril y declaró que “en Estados Unidos no castigamos a los niños por los pecados de sus padres; en cambio, borramos la pizarra. Cuando naces en este país, todos somos estadounidenses, todos por igual”.

Las ciudades fronterizas entienden esto de manera visceral, de una forma que Washington rara vez comprende. En El Paso, la línea entre estar documentado o indocumentado a menudo atraviesa el centro mismo de una sola familia. Los abuelos tienen residencia permanente, los padres tienen visas de trabajo y los hijos son ciudadanos.

Eso no es una anomalía, es la vida en una comunidad binacional que existía mucho antes del actual movimiento político y que continuará existiendo mucho después de él.

El fallo de la Corte es una victoria, pero es incompleta. Existe el argumento de que el fallo podría fortalecer los argumentos a favor de aumentar las deportaciones, para expulsar a padres indocumentados antes de que puedan tener hijos en suelo estadounidense. La conversación ya está cambiando, y la lucha se mueve junto con ella.

Para mis vecinos, para mi comunidad —quienes crecimos en esta frontera, quienes vemos el costo de estas políticas no en reportes de centros de estudios, sino en los rostros de las personas con las que crecimos—, la lección es la misma de siempre: un fallo judicial no es el final de una lucha. Es un momento dentro de una lucha más larga. Una lucha por proteger la única comunidad y el único hogar que jamás hemos conocido.

La Constitución resistió el martes. Mañana, el trabajo continúa.

*Jennifer Gómez es residente del Lower Valley de El Paso y estudiante de ciencias políticas y razonamiento jurídico en la Universidad de Texas en El Paso (UTEP, por sus siglas en inglés). Actualmente es pasante en la Oficina del Defensor Público del Condado de El Paso.