La presidenta Sheinbaum anunció que, concluido el Mundial, su gobierno promoverá una discusión pública para regular la inteligencia artificial y las plataformas de redes sociales, "sin que ello implique cualquier sesgo de censura". El propósito, en abstracto, es legítimo. El problema es que el gobierno no ha sido capaz de articular un mensaje claro sobre qué pretende regular. En diversos proyectos legislativos recientes emanados de la 4T se advierte una confusión persistente entre conceptos que jurídica y técnicamente son distintos. A menudo confunden lo que es un sistema de inteligencia artificial, una plataforma digital, una red social o un proveedor de servicios de acceso a internet, que son conceptos muy distintos entre sí. Esa confusión no es un asunto menor: se traduce en propuestas de modificación legal que imponen obligaciones a los sujetos equivocados, con consecuencias regulatorias imposibles de administrar.
También llama la atención la motivación elegida. Desde el 26 de mayo, la presidenta ha invocado reiteradamente la primera encíclica del papa León XIV, Magnifica Humanitas, dedicada a los desafíos de la inteligencia artificial, recomendando su lectura "sea uno católico o no". La reflexión papal puede ser valiosa, pero convertirla en el fundamento de un proyecto regulatorio parece más un recurso para blindarse frente a cuestionamientos anticipados que un ejercicio de diseño de política pública. Ay de aquel que critique la iniciativa porque aparecerá criticando al pontífice. Pero hay que ser muy claros, una autoridad moral no sustituye un diagnóstico técnico.
El contraste con el debate internacional serio es notorio. Este lunes, un grupo de economistas e investigadores en inteligencia artificial, incluidos dieciséis premios Nobel, publicó el pronunciamiento "We Must Act Now" (Debemos actuar ahora), que advierte que la IA podría detonar una transformación económica mayor que la Revolución Industrial, pero en un plazo dramáticamente más corto. Firmado por más de 200 especialistas, el texto no pide censurar contenidos: pide profundizar la investigación sobre los impactos económicos de la IA y construir las políticas e instituciones necesarias para que complemente las capacidades humanas. Entre los firmantes están Daron Acemoglu y Michael Spence, ambos Nobel de Economía.
Ese llamado no es retórico. El Laboratorio de Economía Digital de Stanford acaba de lanzar los AI Economic Indicators, un sistema de indicadores para monitorear en tiempo real el impacto de la adopción de la IA en la economía estadounidense. Sus primeros resultados son elocuentes: con datos de nómina de 25 mil empresas y más de 730 ocupaciones, encuentra que el empleo de los trabajadores de 22 a 25 años en las ocupaciones más expuestas a la IA se contrae 3.8 por ciento anual desde el lanzamiento de ChatGPT, mientras crece 2.0 por ciento en las menos expuestas. Las ocupaciones donde la IA se usa para automatizar tareas muestran deterioro; donde se usa para aumentar capacidades humanas, no.
Y no es un esfuerzo aislado. La Comisión Europea estableció este año un Observatorio de IA para monitorear su impacto y tendencias por sector, con cuyos resultados propondrá metas de inversión pública y privada; la OCDE, que opera desde 2020 su propio observatorio de políticas de IA publicó en mayo una medida de exposición ocupacional para anticipar los efectos sobre el trabajo y las habilidades en la próxima década. En los casos que he mencionado hay un común denominador: primero medir, después decidir.
Ahí está la lección para México. Antes de legislar, el gobierno debería definir con precisión los sujetos regulados y construir la infraestructura de medición que hoy no existe: no hay un solo indicador oficial que documente cómo la adopción de la IA está afectando el empleo, la productividad o los salarios en el país. Además, resulta fundamental que se defina con precisión qué se quiere regular, y para qué.
En las declaraciones que se han hecho desde Palacio Nacional, pareciera que en realidad lo que se tiene en mente es establecer en el marco legal los límites a qué tanto se puede criticar a los actores políticos utilizando la IA. Por eso en la oferta de legislación se habla también de las redes sociales. Lejos de darle al país la legislación que se requiere para aspirar a sacar el mejor provecho de la IA, lo que se tiene en mente es cómo evitar que se desplieguen campañas en las redes sociales, con el apoyo de la IA, que incomoden al gobierno. ¿Otra oportunidad perdida?