Kathleen Williams, jueza federal del Distrito Sur de Florida, sancionó a dos abogados de Donald Trump, presidente de Estados Unidos, al concluir una la demanda presentada contra el organismo fiscal de su propio gobierno fue promovida con un “propósito indebido”.
El litigio derivó en un acuerdo que incluía protección para Trump, sus familiares y sus empresas frente a reclamaciones fiscales anteriores, además de la propuesta de crear un fondo de mil 776 millones de dólares con recursos públicos para personas que afirmaran haber sido perseguidas políticamente.
En su resolución de 56 páginas, Williams sostuvo que los abogados del mandatario y funcionarios del Departamento de Justicia utilizaron el proceso judicial para dar apariencia de legitimidad a un arreglo que beneficiaba al propio presidente.
La jueza consideró que no existió una disputa auténtica entre las partes porque Trump ejercía autoridad sobre las agencias federales demandadas.
El fallo no cuestiona que los documentos fiscales de Trump fueron obtenidos y divulgados ilegalmente.
La controversia examinada por la jueza se concentra en la manera en que el mandatario, sus representantes legales y las dependencias federales resolvieron posteriormente la demanda.
Trump demandó a su gobierno
Trump, sus hijos Donald Trump Jr. y Eric Trump, y la Organización Trump presentaron en enero de 2026 una demanda por hasta 10 mil millones de dólares contra el Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos (IRS), y el Departamento del Tesoro.
La reclamación se originó por la filtración de declaraciones tributarias del mandatario y de otros contribuyentes de altos ingresos.
Charles Littlejohn, excontratista del IRS, se declaró culpable de divulgar información confidencial y fue condenado en 2024 a cinco años de prisión.
La jueza Williams señaló que el Departamento de Justicia no respondió formalmente a la demanda ni presentó ante el tribunal los argumentos que podían utilizarse para defender al gobierno federal.
Cuando el tribunal comenzó a solicitar explicaciones sobre el posible conflicto de intereses, las partes alcanzaron un acuerdo y retiraron el litigio.
El documento contemplaba una disculpa oficial, el fondo denominado contra la instrumentalización política y una cláusula que protegía a Trump, su familia y entidades relacionadas frente a reclamaciones vinculadas con declaraciones fiscales anteriores.
Williams concluyó que el proceso no enfrentaba realmente a dos partes con intereses contrarios, y aunque Trump presentó la demanda como ciudadano particular, también encabezaba el Poder Ejecutivo y tenía autoridad sobre el Departamento de Justicia, el Tesoro y el IRS.
Acuerdo desató críticas
La propuesta para crear el fondo de mil 776 millones de dólares provocó cuestionamientos entre legisladores demócratas y republicanos por el origen público del dinero, la falta de reglas claras para seleccionar beneficiarios y la posibilidad de que se indemnizara a aliados políticos del presidente.
Todd Blanche, fiscal general interino de Estados Unidos y antiguo abogado personal de Trump, informó posteriormente que el fondo no seguiría adelante; sin embargo, el Departamento de Justicia no había retirado la parte del acuerdo relacionada con la protección frente a reclamaciones fiscales anteriores.
La nueva resolución impide que Trump, sus empresas y las agencias federales utilicen el acuerdo como prueba de una conciliación judicial válida en futuros procedimientos.
Su alcance sobre la protección fiscal todavía puede ser objeto de nuevas disputas, pero el fallo le quita el respaldo que las partes pretendían atribuirle mediante el expediente judicial.
La intervención de Blanche también puede aumentar los cuestionamientos durante su proceso de confirmación en el Senado, esto mientas el funcionario encabeza temporalmente el Departamento de Justicia y fue uno de los participantes centrales en la negociación del arreglo.
Stanley Woodward, fiscal general asociado de Estados Unidos y tercer funcionario de mayor rango en el Departamento de Justicia, también participó en el acuerdo, pero antes de asumir el cargo había representado a personas vinculadas con investigaciones que involucraban a Trump.
Abogados enfrentan posibles castigos
Williams remitió el caso de Alejandro Brito, abogado personal de Trump, al Colegio de Abogados de Florida para que determine si debe iniciar un procedimiento disciplinario.
La jueza también impidió durante un año que Daniel Epstein, otro integrante del equipo jurídico, obtenga autorizaciones especiales para intervenir en casos ante el Distrito Sur de Florida.
La resolución será enviada además a organismos profesionales de Nueva York y Washington que revisan señalamientos éticos relacionados con Blanche y Woodward.
No obstante, cabe aclarar que la medida no representa por sí misma una declaración de responsabilidad, pero permite que las autoridades disciplinarias evalúen la conducta de los funcionarios y abogados involucrados.
Un portavoz del equipo legal de Trump respondió que el IRS permitió que un empleado con motivaciones políticas filtrara información privada del presidente, su familia y la Organización Trump.
La declaración defendió el motivo original de la demanda, pero no respondió directamente a las conclusiones de la jueza sobre el uso del proceso judicial.
El Departamento de Justicia y el IRS no habían emitido una postura inmediata sobre la resolución al momento de publicarse los primeros reportes.
