La Audiencia Provincial de Badajoz ha dictado una sentencia que marca un hito en la historia judicial de España al condenar a David Sánchez Pérez-Castejón, hermano del presidente del Gobierno, a nueve años de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho al sufragio pasivo, al considerarlo cooperador necesario de un delito continuado de prevaricación administrativa. La resolución impone la misma pena de inhabilitación a los otros diez implicados en la causa, elevando a dieciocho años el castigo para Miguel Ángel Gallardo, expresidente de la Diputación de Badajoz, por la autoría de dos delitos prevaricadores. El fallo, sin embargo, absuelve a todos los procesados del delito de tráfico de influencias que sostenían las acusaciones populares, descartando así las penas de prisión que llegaron a solicitar hasta los seis años de cárcel.
El núcleo argumental de la sentencia se estructura sobre lo que el tribunal describe como una simulación de legalidad formal para satisfacer fines puramente nepotistas. Los magistrados consideran probado que la plaza de Coordinador de Actividades de los Conservatorios, creada por la corporación provincial en 2017, carecía por completo de urgencia, necesidad o contenido real para el interés general. Según los fundamentos del fallo, dicho puesto directivo fue diseñado de manera preconcebida como un traje a medida para beneficiar económicamente a David Sánchez, quien se encontraba desempleado en ese momento.
El tribunal determina que el acusado poseía un conocimiento previo de la maniobra y se prestó a participar en un concurso de méritos calificado como un proceso selectivo maquillado, realizando actos nucleares como acudir a una entrevista formal exclusivamente destinada a revestir el fraude con una falsa apariencia legal.
Posteriormente, la prevaricación continuó mediante la alteración de la nomenclatura de su plaza para transformarla en una Jefatura de la Oficina de Artes Escénicas. Los jueces aseveran que esta mutación no respondió a exigencias de gestión pública, sino al deseo de amoldar las obligaciones del contrato a las conveniencias personales del encausado, permitiéndole eludir la obligación de asistir de forma presencial y diaria a un despacho físico, orientando sus tareas hacia producciones operísticas desvinculadas de la labor organizativa original.
Pese a acreditar estas profundas arbitrariedades, el tribunal dictaminó no imponer la devolución de los más de trescientos cuarenta mil euros brutos percibidos en salarios por Sánchez durante su permanencia en la institución, al no haberse formulado condena por malversación o enriquecimiento injusto derivado del desempeño efectivo de labores, aunque estas fueran de dudosa utilidad institucional.
La dimensión dogmática más relevante de la resolución radica en la justificación de condenar por prevaricación a un ciudadano que no ostentaba la condición formal de autoridad ni de funcionario público en el instante inicial del plan delictivo. El tribunal aplica de forma ortodoxa la figura técnico-jurídica del ‘extraneus’ en régimen de cooperación necesaria. Razona la sala que, si bien el tipo penal del artículo 404 del Código Penal es un delito especial propio reservado a quienes ejercen funciones administrativas, los particulares pueden ser declarados culpables si prestan un auxilio indispensable sin el cual la resolución injusta jamás se habría materializado. La aportación de Sánchez al aportar su documentación a sabiendas de la ilicitud del origen y simular competir contra otros aspirantes se define como una conducta decisiva e imbricada en el dolo compartido con las autoridades provinciales.
En contraposición, el fallo expone las carencias probatorias en torno al delito de tráfico de influencias. La resolución reconoce la existencia de fundadas sospechas y conjeturas lógicas sobre que el torcimiento del derecho perpetrado por los líderes locales del PSOE respondía al deseo espurio de congraciarse con las altas esferas del partido o con el propio Pedro Sánchez.
No obstante, los jueces admiten con severidad que las acusaciones no aportaron un solo soporte fáctico ni evidencias de presiones explícitas, prevalimiento o actos concretos de coacción psicológica ejercidos por el acusado hacia los técnicos provinciales. Ante la total ausencia de grabaciones, correos o testimonios que demostraran un influjo directo sobre el órgano decisor, la sala aplicó el principio de presunción de inocencia e in dubio pro reo para exonerar de este cargo, lo que ha evitado el ingreso en prisión del músico.
La valoración institucional de la sentencia de 377 páginas refleja la honda brecha de la polarización política del país. Los partidos de la oposición han calificado el fallo de histórico, esgrimiendo que valida la instrucción penal y certifica que las estructuras del Estado fueron instrumentalizadas para favorecer al entorno familiar de la presidencia. Por el contrario, el Gobierno y la dirección del PSOE han manifestado su absoluto desacuerdo, tildando el procedimiento de cacería política orquestada por organizaciones de ultraderecha con el fin de erosionar al Ejecutivo.
En términos estrictamente procesales, la resolución judicial no adquiere firmeza de inmediato y abre una prolongada fase de recursos que trasladará el debate legal, en primera instancia, ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura y, eventualmente, en casación ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo, donde las defensas centrarán su estrategia en desarmar la tesis del dolo y la cooperación necesaria. @mundiario