El pulso por el acceso al transporte público de Madrid suma un nuevo capítulo. La Generalitat de Cataluña ha rechazado la propuesta del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso para que las comunidades autónomas financien parte del coste de los abonos de sus ciudadanos que utilizan la red madrileña. La administración catalana considera que este modelo no resolvería los problemas de fondo y podría introducir nuevas barreras en una movilidad que, cada vez más, supera las fronteras autonómicas.
La respuesta del Ejecutivo de Salvador Illa (PSC) supone un revés para la estrategia planteada por Madrid, que busca extender acuerdos de “corresponsabilidad financiera” con otras regiones después de activar el requisito de empadronamiento para acceder a la tarjeta de transporte madrileña. Desde junio, quienes quieran obtener o renovar este título deben acreditar su residencia en la Comunidad de Madrid, salvo algunas excepciones concretas.
La Generalitat catalana sostiene que la movilidad diaria no puede depender exclusivamente del lugar donde una persona figure empadronada. En su opinión, miles de ciudadanos se desplazan entre comunidades por motivos laborales, académicos o familiares, y limitar el acceso a determinados beneficios públicos según el domicilio administrativo podría generar una mayor fragmentación territorial.
Además, Cataluña evita entrar en una negociación que considera poco adecuada en los términos planteados por Madrid. Fuentes del Govern señalan que aceptar el convenio supondría asumir una lógica que no comparten: que cada territorio deba compensar económicamente a otro por el uso que hacen sus ciudadanos de servicios públicos externos.
Una propuesta que abre un debate sobre la movilidad entre comunidades
La iniciativa de Ayuso parte de la idea de que Madrid no debe asumir en solitario el coste de las bonificaciones de usuarios que viven fuera de la región pero utilizan habitualmente su sistema de transporte. Por ello, el Consorcio Regional de Transportes madrileño planteó a las comunidades autónomas la firma de acuerdos para repartir la financiación.
El planteamiento ha encontrado respuestas diferentes. Mientras algunas autonomías han mostrado disposición a estudiar la fórmula, otras han expresado dudas sobre sus consecuencias. Galicia, por ejemplo, ha reclamado que cualquier acuerdo incluya reciprocidad: si Madrid aporta financiación por sus ciudadanos que utilizan transporte gallego, la comunidad gallega estaría dispuesta a analizar la misma lógica.
El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, reconoció su sorpresa ante la medida impulsada por Ayuso y defendió que cualquier pacto debería garantizar un equilibrio entre administraciones. Según explicó, los ciudadanos madrileños también se benefician de ventajas en sistemas de transporte de otras comunidades, por lo que la compensación no debería plantearse en una única dirección.
El cambio de criterio de Madrid llega en plena controversia política
La decisión de activar ahora el requisito de empadronamiento ha generado polémica porque la norma existía desde 2011, aunque nunca se había aplicado de manera efectiva. El Gobierno madrileño argumenta que la demora se debió a cuestiones tecnológicas, la evolución del sistema de tarjetas y los cambios provocados por la pandemia.
Sin embargo, el calendario ha alimentado las críticas políticas. La medida llega a menos de un año de las elecciones autonómicas y municipales de 2027 y coincide con el debate abierto sobre las políticas de acceso preferente a determinados servicios públicos que defienden algunos sectores políticos.
Más allá de la disputa entre gobiernos, la consecuencia práctica afecta especialmente a estudiantes, trabajadores desplazados y personas que viven temporalmente en Madrid sin estar empadronadas. Para muchos usuarios, el trámite administrativo se convierte ahora en un obstáculo adicional, especialmente en un contexto donde conseguir cita para empadronarse puede resultar complicado.
El futuro del modelo dependerá de si Madrid consigue cerrar acuerdos con otras autonomías. Castilla-La Mancha y Castilla y León ya cuentan con convenios similares, pero su extensión al conjunto del país parece más compleja de lo previsto. La negativa catalana evidencia que la discusión no es solo económica: también plantea qué tipo de movilidad interterritorial quiere España en una sociedad donde estudiar, trabajar o vivir temporalmente en otra comunidad es cada vez más habitual. @mundiario