El camino hacia los primeros Presupuestos Generales del Estado de la legislatura comenzó como muchos en el Congreso ya esperaban, con una nueva derrota parlamentaria del Gobierno. La votación de la senda de estabilidad presupuestaria, el paso previo imprescindible para elaborar las cuentas públicas, confirmó la realidad política que Moncloa intenta contener desde hace meses: Pedro Sánchez sigue sin una mayoría estable para gobernar.

La suma de los votos de PP, Vox y Junts derrotó la propuesta del Ejecutivo por 178 votos en contra frente a 167 a favor y cinco abstenciones. Un resultado que no bloquea formalmente la elaboración de los Presupuestos, pero sí envía el mensaje de que la legislatura pende de un hilo porque el Gobierno no tiene mayoría y la posibilidad de un adelanto electoral deja de ser una hipótesis lejana.

La derrota llegó además en un momento especialmente delicado para el Gobierno, acorralado por la presión judicial sobre el entorno del presidente Pedro Sánchez y por una mayoría parlamentaria cada vez más difícil de articular. La clave de la votación volvió a estar en los siete diputados de Junts. La formación de Carles Puigdemont decidió unir sus votos a los de la derecha estatal para rechazar la propuesta fiscal del Gobierno, consolidando una ruptura política que parece difícil de revertir a corto plazo.

El portavoz económico de Junts, Josep Maria Cruset, fue especialmente contundente desde la tribuna del Congreso. A su juicio, la iniciativa del Ejecutivo era una “operación de marketing” destinada a ocultar que Sánchez carece de mayoría suficiente para aprobar unas nuevas cuentas.

“Todo el mundo sabe que no tendrán Presupuestos. Dejen de engañar a la gente”, afirmó Cruset, que vinculó la situación parlamentaria del Gobierno con los problemas judiciales que afectan al PSOE. El mensaje de Junts fue interpretado como una advertencia directa a La Moncloa de que no saldrán adelante las cuentas ya que, sin el respaldo independentista, el presidente tiene muy poco margen para aprobar unas cuentas públicas que considera esenciales para agotar la legislatura.

Los socios del Gobierno enfrían las expectativas

La batalla de la senda de déficit tenía una dimensión política, pero también económica. La propuesta del Ejecutivo permitía ampliar el margen de gasto de las comunidades autónomas y los ayuntamientos. El ministro de Hacienda, Arcadi España, intentó trasladar el debate desde la confrontación partidista al impacto territorial. Según explicó, el rechazo supone que las administraciones públicas perderán alrededor de 5.800 millones de euros de capacidad adicional de gasto.

“Lo que se vota aquí no es una victoria o una derrota del Gobierno, sino si las comunidades autónomas tendrán más recursos”, defendió. Pero su argumento no convenció al PP, que mantuvo su rechazo frontal. Los populares denunciaron lo que calificaron como una política de “gasto público descontrolado” y un “infierno fiscal”. El diputado del PP José Vicente Marí acusó al Ejecutivo de utilizar los Presupuestos como una operación política sin garantías de aprobación.

La votación también dejó señales preocupantes dentro del bloque de investidura. Aunque ERC, PNV, BNG y Coalición Canaria respaldaron la senda, sus representantes dejaron claro que ese apoyo no implica un compromiso automático con los futuros Presupuestos. La diputada de los jeltzales, Idoia Sagastizabal, lanzó como advertencia de que, si no existe una capacidad real de negociación, “habrá llegado el momento de devolver la palabra a la ciudadanía”. Los nacionalistas vascos ya habían situado la aprobación de las cuentas públicas como una condición política para mantener la legislatura viva.

ERC también marcó distancias. Teresa Jordà recordó que cualquier apoyo socialista dependerá de avances en materia de financiación autonómica para Cataluña. Más duros fueron Podemos y Compromís, que optaron por abstenerse. Ambos grupos justificaron su posición por discrepancias con la política económica del Ejecutivo, especialmente por el aumento del gasto militar y la situación de infrafinanciación de la Comunidad Valenciana.

La sombra del adelanto electoral gana fuerza

En La Moncloa eran conscientes de que la derrota estaba cantada desde que el portavoz de los posconvergentes Josep Rius indicara este lunes que el sentido de su voto sería negativo tanto para la senda de estabilidad como para el nuevo modelo de financiación autonómica, pactado con ERC para incluir el principio de ordinalidad para Cataluña. Aun sí el impacto político del resultado asesta un duro varapalo para el Gobierno. El Ejecutivo insiste en que volverá a presentar la senda de déficit y que, si finalmente fracasa, elaborará los Presupuestos con los objetivos fiscales actualmente vigentes.

Sin embargo, el problema no es únicamente técnico. La cuestión de fondo es que, si Sánchez no logra aprobar las cuentas, se abrirá el debate sobre la continuidad de la legislatura. La Constitución obliga al Gobierno a presentar los Presupuestos antes del final de septiembre. El momento decisivo llegará con las enmiendas a la totalidad. Si Junts vuelve a votar con PP y Vox, el Ejecutivo quedará abocado a gobernar con las cuentas prorrogadas o a convocar elecciones.

Hasta ahora, Sánchez había defendido públicamente su intención de agotar la legislatura. Pero el escenario ha cambiado. El presidente afronta un Parlamento hostil, una relación deteriorada con Junts y un calendario judicial que mantiene al PSOE bajo estado de alerta permanente.

El PNV ya ha planteado que, si no hay Presupuestos, puede ser necesario consultar a los ciudadanos. Y Podemos llegó incluso a sugerir que el Gobierno podría estar utilizando la tramitación presupuestaria como una “salida ordenada” ante una legislatura agotada. El Ejecutivo rechaza esa lectura y sostiene que existe margen para negociar. Pero la realidad parlamentaria empieza a imponer otra lógica: cada votación se convierte en una prueba de resistencia para Sánchez.

Un respiro social en medio del naufragio

La jornada parlamentaria dejó, eso sí, una victoria parcial para el Gobierno. El Congreso aprobó la reforma de las leyes de dependencia y discapacidad y un decreto con 6.200 millones de euros adicionales para reforzar el sistema hasta 2027. El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, lo calificó como “la mayor reforma social en nuestro país en lo que va de siglo”.

Incluso el PP permitió la aprobación del decreto de dependencia, consciente del impacto que tendría rechazar fondos para las comunidades autónomas. Pero ese consenso puntual no cambia la fotografía general, el Gobierno consiguió salvar una parte de su agenda social, pero perdió la batalla política más importante del día.