El micro editorial de La Jornada, la famosa Rayuela, fue implacable y certera: “Si colabora como sapo, delata como sapo y trabaja a las órdenes de otra nación como sapo, ¿qué es?”. Es un soplón, o una delatora. Pero si se trata de Marina del Pilar Ávila, la gobernadora de Baja California a la que se refiere, entonces también es una traidora a su jefe político, Andrés Manuel López Obrador, a la presidenta Claudia Sheinbaum y a todo el movimiento de la 4T. Paradojas del régimen con figuras con pies de barro, cuyas lealtades duran hasta que su libertad peligra.
Ávila ha puesto en un tobogán al régimen, tras admitir la veracidad de la grabación que dio a conocer el columnista de El Universal, Héctor de Mauleón, donde ofrece colaborar con las autoridades estadounidenses proporcionándoles información de las reuniones de gabinete sobre seguridad, para paliar la amenaza de que el Departamento de Justicia la acuse formalmente de nexos con los cárteles de las drogas. La presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, minimizaron ayer sus ofrecimientos para reducir el impacto del golpe a la 4T, pero no es posible.
Las reuniones de los gabinetes de seguridad no son públicas y en ellas se menciona información de inteligencia, que aún no está judicializada, y se habla de los objetivos prioritarios y de operaciones en curso o bajo planeación, entre otras cosas. Es información delicada que permite adentrarse en la mecánica de operación de un gobierno y, al mismo tiempo, las deficiencias o errores deliberados en los que puedan incurrir. Pero no solo eso. La gobernadora tiene información sobre las posiciones de Sheinbaum y López Obrador que pueden ser comprometedoras.
García Harfuch afirmó ayer que Ávila no podría dar información confidencial porque en las reuniones donde participaba no tenía acceso a ella, pero es una salida en falso. Las agencias estadounidenses no necesitan ese tipo de información, porque parte de lo que se habla en los gabinetes de seguridad la proporcionaron ellas, o tienen informantes de mejor calidad técnica a los gobernadores. Así no funcionan estas cosas.
El interés de los estadounidenses es ampliar el espectro del trabajo institucional contra el crimen organizado para que puedan profundizar y aumentar sus líneas de investigación. Esa fue la racional cuando capturaron a Ismael El Mayo Zambada, para llenar huecos en su historial del Cártel de Sinaloa y para que les aportara la información final sobre la relación que tenían con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, que terminó con su captura. Entre la información que están buscando de Maduro en Nueva York, son los nexos criminales y de financiamiento de campañas presidenciales de López Obrador y su relación con la inteligencia cubana.
Si hasta este momento, de acuerdo con la grabación, la información que ha proporcionado no es del interés del FBI, la agencia que formalmente encabeza la investigación contra los narco políticos en México, basta solo que los abogados que asesoran a la gobernadora le digan en qué temas tiene que elevar la mira para captar su atención y abrir la puerta para una negociación como testigo cooperante para mitigar las acusaciones que el Departamento de Justicia de Estados Unidos está preparando en su contra. Ávila tiene fuertes incentivos para hacerlo, toda vez que la grabación probó que no responde a ideología ni a lealtades con los líderes del régimen, y que tampoco hay una fuerza política en México que la frene.
Cuando se anunció la cancelación de su visa en mayo del año pasado, la primera reacción de Ávila fue llamar a López Obrador, quien le prohibió que presentara una solicitud de licencia al cargo, que fue en lo que primero pensó. La presidenta la arropó de inmediato y se preparó una estrategia de blindaje. Lo primero fue que se divorciara -formalmente al menos-, de su esposo Carlos Torres, que era el objetivo primario de las investigaciones en Estados Unidos sobre la vinculación de ambos con Los Rusos, una subsidiaria del Cártel de Sinaloa en el estado. Lo segundo fue abrir una investigación en la Fiscalía General contra Torres, con el propósito de ganar tiempo y ralentizar las averiguaciones para protegerlo.
Lo que no esperaba el gobierno era que Ávila decidiera actuar por cuenta propia y recuperar su visa porque la Secretaría de Relaciones Exteriores, a la que primeramente acudió, no le pudo ayudar. La gobernadora entró en contacto con intermediarios de las autoridades estadounidenses para sentar las bases de una cooperación con ellas, que fue sugerida en una primera grabación que difundió De Mauleón a finales de junio. Sheinbaum se sorprendió y le pidió a su secretario particular, Carlos Morales, que le pidiera explicaciones y le recordara la protección que estaban dando a su exesposo.
La respuesta que le dio Ávila a Morales fue que la llamada había ocurrido en el contexto de sus gestiones legales con un abogado en Miami, que había sido exactamente lo mismo que le había declarado a la prensa días atrás. La presidenta se enojó, pero no hizo nada. La segunda grabación la debió haber tomado por sorpresa, aunque en la conferencia mañanera de ayer, no lo reflejó. No obstante, la revelación de esa conversación ofreciéndose como testigo cooperante, rompe por completo con los acuerdos establecidos en Palacio Nacional donde el gobierno defendería a gobernadores y políticos de la 4T, a cambio que no se convirtieran en colaboradores de la justicia estadounidense.
Ávila es, por el momento, el eslabón más débil del régimen, por la jerarquía que tiene en la política, y por ser punto de cruce de personajes que forman parte de la estructura política-electoral de la 4T y sujetos a investigaciones criminales en Estados Unidos: Mario Delgado e Iván Silva. El ex líder de Morena y el estratega electoral de Sheinbaum están en dos indagatorias en las cortes federales de Texas por su relación con Sergio Carmona y el financiamiento de campañas de Morena con dinero del huachicol. Silva, aún más grave, está en conflicto de interés, al servir a la presidenta al mismo tiempo de ser quien le maneja la comunicación a la gobernadora.
La presidenta ha insistido que la vinculación de la 4T con el crimen organizado es una campaña de la ultraderecha, de la oposición y de sus críticos para desacreditar al régimen, pero iniciativas como la de Ávila no ayudan a ese relato, sino lo derrumban.
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