El gobernador Alejandro Armenta Mier reveló que empresarios se han acercado a su gobierno para aportar información sobre otros presuntos hechos ilícitos en los que estaría involucrado Rafael “N”, identificado como el tirador de la Vía Atlixcáyotl, mientras que la administración estatal ya solicitó revisar si existen contratos vigentes con la empresa farmacéutica que representa.
Durante una rueda de prensa realizada en la Ciudad de México, acompañado por la fiscal general del Estado, Idamis Pastor Betancourt, y el secretario de Seguridad Pública, Francisco Sánchez González, el mandatario aseguró que las investigaciones han arrojado nuevos hallazgos tras la detención del empresario, ocurrida la madrugada del martes.
Armenta explicó que integrantes del sector empresarial proporcionaron información sobre otros acontecimientos en los que presuntamente habría participado Rafael “N”, por lo que una de estas personas acudirá de manera formal ante la Fiscalía para rendir un testimonio que fortalezca las investigaciones.
“A nosotros nos han buscado personas del ámbito empresarial que nos han compartido información de sucesos en otros momentos”, declaró.
El gobernador confirmó que el detenido es conocido públicamente como empresario dedicado a la proveeduría de insumos para la salud y que su actividad comercial se remonta a administraciones estatales anteriores, incluso desde el gobierno de Melquiades Morales Flores.
Gobierno revisará contratos con su empresa
Como parte de las acciones derivadas del caso, Armenta informó que instruyó a la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración (SPFA) a verificar si actualmente existe alguna relación contractual entre el Gobierno del Estado y la empresa legalmente representada por Rafael “N”.
No obstante, aclaró que el hecho de que pudiera existir algún contrato no implica una relación distinta a la comercial, al señalar que el empresario ha sido proveedor de distintas administraciones.
“Es probable que, por el historial que tiene como proveedor, haya tenido contratos con alguna dependencia estatal, pero quien comete un delito debe responder ante la ley”, sostuvo.
Armenta reiteró que las investigaciones continúan y será la FGE la encargada de determinar si existen elementos para imputar otros posibles delitos al presunto responsable.