México anunció que presentará denuncias ante autoridades de Estados Unidos por la muerte de 17 connacionales vinculada con centros de detención y operativos migratorios. La decisión es correcta. Pero antes de celebrar el paso de la protesta diplomática al terreno jurídico, conviene mirar lo ocurrido en Ciudad Juárez.
El 27 de marzo de 2023 murieron 40 migrantes dentro de una instalación del Instituto Nacional de Migración. Estaban encerrados. No podían salir. Quienes controlaban las puertas no las abrieron. Las imágenes mostraron algo más que una omisión: mostraron el momento en que el procedimiento pesó más que la vida.
Después vino la defensa del aparato.
La responsabilidad descendió hacia quienes iniciaron el incendio, el guardia que no abrió, los funcionarios presentes y la empresa privada. Francisco Garduño, entonces titular del Instituto, sostuvo que se encontraba lejos del lugar. La defensa fue sencilla: no estaba ahí, no cerró la puerta ni encendió el fuego.
Pero dirigir una institución no consiste en estar físicamente presente en cada estación. Consiste en responder por sus prácticas, sus controles y las condiciones que hacen posible que una puerta permanezca cerrada mientras las personas bajo custodia mueren.
Ese antecedente debería enseñarle a México cuál será la defensa estadounidense.
ICE puede separar los 17 casos: una enfermedad, un suicidio, una fuga, una supuesta resistencia, el uso de un vehículo como amenaza o la decisión particular de un agente. Cada expediente será distinto. Pero esa fragmentación puede convertirse en la mejor protección de la institución.
Si México permite que la discusión se reduzca a quién disparó, quién omitió atención médica o quién dejó cerrada una puerta, Estados Unidos podrá proteger a ICE del mismo modo en que México protegió al Instituto Nacional de Migración.
No se trata de eliminar la responsabilidad individual. Sin ella no hay justicia. Se trata de impedir que el último eslabón funcione como cortafuegos para todo lo que ocurrió antes.
La pregunta no termina en el agente que disparó. Alcanza a quien definió el operativo, permitió actuar sin cámaras, conoció las fallas y mantuvo los mismos métodos después de las primeras muertes.
Los datos obligan a mirar más arriba. Entre 2009 y 2024 se registraba aproximadamente una muerte por cada 3 mil 848 personas detenidas. Desde el regreso de Donald Trump, la tasa preliminar pasó a una por cada mil 630. La mortalidad relativa es cerca de 2.4 veces mayor. No sólo se detiene a más personas: proporcionalmente también mueren más bajo custodia.
Por eso el peor error sería presentar 17 denuncias y terminar con 17 excepciones. Cada caso debe probarse por separado, pero todos juntos deben responder una pregunta mayor: ¿qué cambió dentro del sistema para que el riesgo aumentara de esa manera?
México, sin embargo, enfrenta una contradicción adicional. La frontera estadounidense dejó hace tiempo de coincidir con la línea territorial. También opera en el río Suchiate, en los trenes detenidos, en los retenes, en los traslados hacia el sur y en las estaciones migratorias mexicanas.
No son aparatos idénticos ni responsabilidades equivalentes. Pero comparten un mismo código: primero desaparece la persona detrás de una categoría —irregular, asegurada, detenida, amenaza— y después la fuerza ejercida sobre ella parece parte normal del procedimiento.
En Ciudad Juárez, la institución sobrevivió porque la culpa fue descendiendo hasta quedar lejos del diseño que permitió la tragedia. México no puede ahora exigir a Estados Unidos una responsabilidad institucional que entonces se negó a reconocer plenamente.
Eso no vuelve ilegítimas las denuncias. Las vuelve más exigentes.
Para que tengan fuerza, México deberá reconstruir la cadena completa: no sólo quién ejecutó la última acción, sino quién creó las condiciones, quién conoció el riesgo y quién decidió que el sistema podía continuar igual.
Antes del Fin
Ya no es posible devolver a esas 17 familias la vida que perdieron. Pero sí impedir que sus muertes sean administradas como episodios inconexos. La justicia no corregirá el pasado, pero todavía puede cambiar el destino de quienes siguen bajo custodia o expuestos a los mismos operativos.
Ojalá que las fiscalías estadounidenses sigan la cadena completa; que no entreguen a un agente para salvar a ICE y hagan lo que México no hizo después de Ciudad Juárez: investigar la estructura, incluso cuando la verdad alcance a quienes la diseñaron, toleraron y mantuvieron en pie.