Los automovilistas de la Ciudad de México que sufran daños en sus vehículos por caer en un bache podrían recibir una indemnización del Gobierno capitalino en un plazo máximo de 27 días hábiles, de aprobarse una iniciativa presentada ante el Congreso local.
La propuesta fue impulsada por la vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Verde, Rebeca Peralta, quien planteó crear un Procedimiento de Indemnización Exprés para atender las afectaciones ocasionadas por baches, árboles caídos u otros bienes públicos bajo responsabilidad de las autoridades capitalinas.
La legisladora explicó que la Ley de Responsabilidad Patrimonial de la Ciudad de México ya reconoce el derecho de las personas a recibir una reparación cuando la actividad administrativa irregular del Gobierno provoca daños en sus bienes.
Sin embargo, señaló que actualmente las reclamaciones pueden prolongarse durante meses o incluso años debido a la falta de coordinación entre dependencias, la ausencia de plazos obligatorios y los retrasos en la elaboración de los peritajes.
“No es justo que una persona tarde unos segundos en caer en un bache o sufrir el daño por la caída de un árbol, pero tenga que esperar meses para que el Gobierno le responda. Esa burocracia es la que queremos eliminar”, sostuvo Peralta.
Rebeca Peralta¿Cómo funcionaría la indemnización por baches en CDMX?
La iniciativa establece tiempos específicos para cada etapa del procedimiento, con el objetivo de que la reclamación, revisión y entrega de la indemnización se realicen en un máximo de 27 días hábiles.
De acuerdo con la propuesta, la autoridad tendría un plazo de 48 horas para realizar la inspección del lugar y documentar los daños reportados por el ciudadano.
Posteriormente, contaría con 10 días hábiles para emitir el dictamen técnico correspondiente y otros 10 días hábiles para resolver si la reclamación resulta procedente.
En caso de que la indemnización sea autorizada, el Gobierno de la Ciudad de México tendría cinco días hábiles adicionales para efectuar el pago a la persona afectada.
El procedimiento también aplicaría para daños causados por la caída de árboles, infraestructura deteriorada u otros bienes cuya conservación y mantenimiento correspondan a las autoridades capitalinas.
FOTO: MOISÉS PABLO /CUARTOSCURO.COM | Source : Moisés Pablo NavaCualquier dependencia tendría que recibir la reclamación
Uno de los principales cambios contemplados es la incorporación del principio de Recepción Universal, mediante el cual cualquier dependencia del Gobierno capitalino estaría obligada a recibir la solicitud de indemnización.
La oficina que reciba el documento deberá remitirlo a la autoridad competente, sin exigir que el ciudadano acuda a diferentes dependencias para identificar cuál debe atender su caso.
“Hoy el ciudadano tiene que recorrer oficinas porque las autoridades no se ponen de acuerdo sobre quién debe atender su reclamación. Con esta iniciativa, esa carga deja de recaer en la gente y pasa a ser responsabilidad del propio Gobierno”, indicó la diputada.
Retrasos en peritajes beneficiarían al automovilista
La propuesta también busca impedir que los expedientes queden detenidos por la falta de un dictamen técnico.
Si la autoridad no emite el peritaje dentro del plazo establecido, el daño se presumirá acreditado en favor del ciudadano, lo que permitiría continuar con el procedimiento de indemnización.
Además, cuando una dependencia incumpla injustificadamente los plazos, el monto de la reparación comenzaría a generar intereses.
Peralta señaló que esta medida pretende evitar que el retraso de las reclamaciones continúe sin consecuencias para las autoridades responsables.
“Si el Gobierno tiene la obligación de indemnizar a una persona, también debe tener la obligación de hacerlo a tiempo. Por eso proponemos la generación de intereses por retraso injustificado; así, el incumplimiento deja de salir gratis”, afirmó.
La iniciativa deberá ser analizada y discutida por las comisiones correspondientes del Congreso de la Ciudad de México antes de ser sometida a votación. De aprobarse, modificaría el procedimiento que actualmente deben seguir los automovilistas y ciudadanos afectados por el deterioro de la infraestructura pública.