José Luis Ábalos ha abierto una nueva batalla judicial para intentar desmontar la sentencia que le convirtió en uno de los principales condenados de la trama de las mascarillas. El exministro de Transportes ha solicitado al Tribunal Supremo la nulidad de la resolución que le impuso 24 años y tres meses de prisión, un movimiento procesal que, aunque tiene escasas posibilidades de prosperar, constituye el paso imprescindible para llevar posteriormente el caso ante el Tribunal Constitucional.
La estrategia de la defensa pivota sobre la idea de que el Supremo nunca debió juzgar a Ábalos una vez perdió su condición de aforado al abandonar el Congreso de los Diputados. En un extenso escrito de 125 páginas, la defensa sostiene que el procedimiento debió trasladarse a la Audiencia Nacional cuando el exministro renunció a su acta parlamentaria el 28 de enero de 2026.
Según el abogado Marino Turiel, mantener el proceso en el Supremo vulneró el derecho constitucional al juez predeterminado por la ley y privó a su cliente de una garantía esencial como la posibilidad de recurrir la condena ante un tribunal superior. El argumento choca, sin embargo, con la doctrina consolidada del propio Supremo.
Cuando Ábalos dejó el escaño ya hacía más de un mes que el alto tribunal había dictado la apertura de juicio oral. Desde un acuerdo adoptado por la Sala de lo Penal en 2014, el criterio es que la pérdida del aforamiento deja de producir efectos procesales una vez alcanzado ese momento del procedimiento. La defensa sostiene ahora que “el argumento de fondo es que el pleno no jurisdiccional es un instrumento situado extramuros del sistema de fuentes y no puede prevalecer sobre derechos fundamentales de rango constitucional y convencional”.
La petición de nulidad tiene un objetivo procesal muy concreto. Antes de presentar un recurso de amparo ante el Constitucional, la ley obliga a agotar todas las posibilidades dentro de la instancia que dictó la resolución. Por ello, aunque las probabilidades de que el Supremo modifique ahora su criterio son reducidas, la solicitud constituye un trámite imprescindible para que Ábalos pueda intentar posteriormente que el órgano de garantías revise toda la causa.
Las pruebas incautadas a Koldo, otro de los ejes del recurso
La defensa también dirige buena parte de sus críticas contra la utilización de las pruebas informáticas que sustentaron la condena. El escrito reprocha al Supremo haber impedido el acceso directo a los dispositivos electrónicos originales incautados por la Guardia Civil, así como a sus copias forenses completas.
Según el abogado, el acceso únicamente a los informes elaborados por los investigadores no garantiza plenamente el derecho de defensa ni permite verificar la autenticidad, integridad y cadena de custodia del material analizado. La petición sostiene que el acceso efectivo a la prueba exige examinar los dispositivos originales o, al menos, las imágenes forenses certificadas mediante los correspondientes códigos de verificación.
Otro de los argumentos incorporados por la defensa hace referencia a la difusión pública de información contenida en los dispositivos intervenidos. Turiel denuncia que parte del contenido de móviles y ordenadores fue conocido a través de diversos medios de comunicación mientras los propios acusados carecían de acceso íntegro a ese material. A juicio del abogado, esa situación vulneró el derecho a la intimidad y alteró las condiciones de igualdad entre acusación y defensa durante el procedimiento.
El peso de las declaraciones de Víctor de Aldama
El recurso también cuestiona uno de los elementos esenciales de la sentencia, en concreto la credibilidad otorgada al empresario Víctor de Aldama. La defensa sostiene que buena parte de las afirmaciones realizadas por el considerado comisionista de la trama carecen de la corroboración externa necesaria para servir de base a una condena penal.
Entre ellas cita las supuestas entregas de dinero en efectivo a Ábalos y a su entonces asesor Koldo García o la hoja de cálculo de Excel localizada en el ordenador de Aldama que, según la sentencia, recogía presuntos pagos vinculados a la trama. El escrito mantiene que esas manifestaciones no fueron suficientemente contrastadas mediante pruebas independientes.
La estrategia procesal de Ábalos no es aislada. Su antiguo asesor, Koldo García, presentó semanas antes una solicitud similar reclamando igualmente la nulidad de la sentencia. En su caso, la defensa argumentó vulneración de la presunción de inocencia, insuficiente valoración de las pruebas y la misma supuesta lesión del derecho a la doble instancia derivada de haber sido juzgado por el Tribunal Supremo. @mundiario