Por Gabriela Ramos y Emilija Stojmenova Duh, Project Syndicate.
PARÍS-Ahora está más que claro que los gobiernos deben asumir la responsabilidad de dar forma a la industria de la IA. Solo las instituciones independientes y proactivas, incluidos los organismos reguladores, pueden reducir los riesgos que plantean estas tecnologías y garantizar al mismo tiempo que estas potencien, y no socaven, la dignidad humana.
Sin embargo, con demasiada frecuencia, los gobiernos han respondido al auge de la IA con resignación, admitiendo efectivamente que no comprenden estos sistemas lo suficientemente bien como para intervenir. En cualquier caso, argumentan muchos responsables de las políticas, es demasiado pronto para justificar una acción relevante.
No es así como las sociedades han gestionado las revoluciones tecnológicas anteriores. Desde el agotamiento de la capa de ozono hasta la geoingeniería y la modificación genética, los gobiernos han intervenido cuando había pruebas creíbles de daños, o cuando el potencial de daños graves se hacía demasiado grande como para ignorarlo, en lugar de esperar a tener una certeza científica absoluta. Al hacerlo, por lo general han adoptado un enfoque basado en los resultados, centrándose en el impacto en las personas en el mundo real y exigiéndoles a las empresas que rindan cuentas por los daños causados por sus productos o tecnologías.
Los gobiernos tienen el deber de exigir una evaluación rigurosa de las nuevas tecnologías de gran impacto antes de que sean lanzadas precipitadamente al mercado. Organismos independientes como la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA), la Agencia Europea de Medicamentos y la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria ya desempeñan esta función en el ámbito de los alimentos y los productos farmacéuticos.
Por supuesto, nadie espera que las agencias gubernamentales inventen mejores medicamentos que las propias empresas farmacéuticas. Su función consiste en verificar que los medicamentos que producen esas empresas sean seguros y eficaces. Y, a pesar de décadas de advertencias de que la regulación frenaría la innovación, la supervisión independiente no ha hecho que la industria sea menos innovadora ni menos competitiva. Por el contrario, ha hecho que sus descubrimientos sean más fiables.
Sin embargo, el gobierno de Estados Unidos, cuyas decisiones influyen en el mercado global de la IA más que las de cualquier otro, se ha mostrado repetidamente reacio a regular estas tecnologías, esgrimiendo el argumento familiar de que la regulación mata la innovación. Esta reticencia se ha visto reforzada por una visión cada vez más de “suma cero” de la competencia tecnológica con China, a pesar de que Estados Unidos sigue desarrollando la abrumadora mayoría de los modelos de IA de vanguardia, mientras que China solo representa una fracción menor.
En consonancia con la estrategia neoliberal que ha dominado la formulación de políticas económicas durante los últimos 50 años, por lo general se ha esperado que los gobiernos intervengan solo cuando fallan los mercados. Pero en lo que respecta a la IA, una actitud de “esperar y ver qué pasa” podría resultar catastrófica. Las pruebas de Mythos realizadas por Anthropic, por ejemplo, demostraron que el modelo podía identificar y explotar vulnerabilidades en todos los principales sistemas operativos y navegadores web. Si se implementaran de forma irresponsable o cayeran en manos equivocadas, los sistemas de IA de vanguardia con esas capacidades podrían poner en peligro la infraestructura crítica, los sistemas financieros y la seguridad nacional a escala global.
En respuesta a ello, la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recientemente ha impuesto restricciones al acceso de determinados actores extranjeros a los modelos de IA de vanguardia, animando a países de todo el mundo a reducir su dependencia de los proveedores estadounidenses de IA e invertir en capacidades nacionales. Este no es el tipo de intervención que deberían acoger con agrado las sociedades democráticas.
Trump llevó esta lógica un paso más allá en junio al sugerir que el gobierno federal adquiriera participaciones accionariales en empresas de IA para que “el pueblo estadounidense pudiera beneficiarse”. Apenas unas semanas después, según se informa, OpenAI propuso ofrecerle al gobierno de Estados Unidos una participación del 5% en la empresa.
Pero no debe confundirse propiedad gubernamental con propiedad pública. Un bien público es algo que todo el mundo puede utilizar y del que nadie puede ser excluido, como el aire limpio, un parque público o un faro. Una participación accionarial, por el contrario, confiere derechos de propiedad e influencia sobre una empresa privada, que ejerce el gobierno que esté en el poder en determinado momento.
La propuesta de OpenAI suscita preocupaciones profundas. La primera es la privacidad. Imaginemos acudir a un asistente de IA como Claude Fable con las preguntas que no le habríamos hecho a nadie más: cómo poner fin a un matrimonio, cómo ocultarle una deuda a tu familia o a quién votar. Cada vez más, la gente trata los sistemas de IA como si fueran diarios que responden.
Ahora imaginemos que el gobierno es propietario de parte de la empresa que gestiona ese sistema. En 1984, George Orwell imaginó un estado tiránico que imponía vigilancia a través de telepantallas. La IA ofrece una distopía más sutil, en la que la vigilancia no comienza con la coacción, sino con la confianza.
La segunda preocupación es de carácter institucional. Los gobiernos existen para garantizar que los mercados beneficien a la sociedad, no para maximizar el valor de sus carteras de inversión. Si el estado se convierte en accionista de las principales empresas de IA, esos objetivos podrían entrar en conflicto. ¿Los responsables de las políticas acaso estarían dispuestos a sacrificar el valor de la inversión del gobierno en nombre de la seguridad pública a largo plazo? Incluso si los gobiernos actuaran de buena fe, el conflicto de intereses estructural -o incluso la mera apariencia de un conflicto de esa naturaleza- socavaría la confianza en la independencia reguladora.
Asimismo, la propuesta de OpenAI no surgió de un diseño institucional cuidadoso ni de una deliberación democrática. Parece ser una respuesta ad hoc a presiones políticas inmediatas, más que parte de una estrategia coherente para regular la IA.
Décadas de experiencia también nos han enseñado cómo es una intervención eficaz: reguladores independientes, instituciones imparciales, protecciones contra los conflictos de intereses y límites estrictos a las puertas giratorias entre el sector público y la industria. Esas lecciones no deberían abandonarse precisamente cuando más se las necesita.
Existen formas mucho mejores para que los responsables de las políticas orienten los mercados de la IA en la dirección correcta que adquirir participaciones accionariales. En lugar de convertirse en accionistas, los gobiernos deberían invertir en instituciones sólidas e independientes, desarrollar y hacer cumplir normas de seguridad, y establecer regímenes de responsabilidad claros para que los responsables de los daños relacionados con la IA puedan rendir cuentas. También deberían exigirles a las empresas tecnológicas multinacionales que paguen la parte de impuestos que les corresponde. Por encima de todo, deben fomentar la experiencia del sector público necesaria para seguir el ritmo de los avances tecnológicos.
Estas propuestas distan mucho de ser radicales. Son las herramientas institucionales que las economías de mercado exitosas han desarrollado a lo largo de décadas para conciliar la innovación con una gobernanza responsable. Por muy transformadora que sea, la IA no nos obliga a reinventar el papel del gobierno. Pero debemos recuperar ese papel. En lugar de convertirse en accionistas, los gobiernos deberían hacer lo que mejor saben hacer: configurar los mercados en aras del interés público. Copyright: Project Syndicate, 2026.
Gabriela Ramos, copresidenta del Grupo de Trabajo sobre Desigualdades y Divulgación de Información Financiera de Carácter Social, fue subdirectora general de Ciencias Sociales y Humanas de la UNESCO, donde supervisó la elaboración de la Recomendación sobre la ética de la IA, jefa de gabinete de la OCDE y “sherpa” del G-20, G7 y APEC.
Emilija Stojmenova Duh, profesora asociada de Ingeniería Eléctrica en la Universidad de Liubliana, es miembro del Consejo de Administración de la Fundación Globethics, miembro del Panel Científico de la UE sobre IA y exministra de Transformación Digital de Eslovenia.