La investigación por una presunta red de huachicol fiscal relacionada con el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, continúa abierta y todavía no concluye, informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch. El funcionario señaló que las indagatorias, encabezadas por la Fiscalía General de la República (FGR), permitieron identificar lo que calificó como una de las redes de contrabando de combustible más grandes detectadas en el país.
La información fue compartida por el Universal y dada a conocer durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, con datos de la Fiscalía General de la República y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, autoridades responsables de la investigación y del cumplimiento de las órdenes judiciales.
La SSPC, bajo el mando de Omar García Harfuch y con el respaldo directo de la presidenta Sheinbaum, deberá traducir este diseño institucional en resultados sostenidos, en un contexto donde los avances conviven con nuevos retos y una percepción social aún marcada por la inseguridad. Foto: EspecialTal vez te interese: Omar Harfuch pone al hijo y al sobrino de “El Abuelo” Farías como objetivos prioritarios en México tras acusación de Estados Unidos
Investigación inició tras el aseguramiento de 33 ferrotanques
De acuerdo con García Harfuch, el caso comenzó después del aseguramiento de 33 ferrotanques que transportaban combustible. A partir de ese operativo, la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) desarrolló una investigación que se ha extendido por más de un año.
El secretario explicó que el análisis realizado por la fiscalía permitió identificar una estructura presuntamente dedicada al contrabando de combustible a gran escala.
Es una investigación que parte después del aseguramiento de los 33 ferrotanques. El análisis de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) logra identificar esta red, que es de las más grandes de contrabando de combustible. Es una investigación de más de un año”, declaró.
¿Cómo operaba el presunto esquema de huachicol fiscal?
Según la información presentada por la SSPC, el esquema consistía en introducir combustible al territorio nacional y reportar únicamente cerca del 10% de la capacidad real transportada en los ferrotanques.
Con este mecanismo, las autoridades presumen que se buscaba reducir el pago de contribuciones y evadir controles fiscales y aduaneros relacionados con la importación del combustible.
Las investigaciones buscan determinar la participación de las personas involucradas y el alcance de la operación.
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FGR ejecutó ocho órdenes de aprehensión
García Harfuch informó que durante el jueves fueron cumplimentadas ocho órdenes de aprehensión derivadas de la investigación. Entre los detenidos se encuentra el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, de acuerdo con la confirmación realizada por la Fiscalía General de la República.
No obstante, el funcionario aclaró que aún existen más mandamientos judiciales pendientes de ejecutarse, por lo que el caso permanece en desarrollo.
Es una investigación en curso, todavía no está terminada, pero es una investigación de más de un año de la Fiscalía General de la República”, reiteró.
¿Qué es el huachicol fiscal?
El llamado huachicol fiscal es una modalidad de fraude relacionada con la importación y comercialización de combustibles. A diferencia del robo de hidrocarburos mediante tomas clandestinas, este esquema involucra presuntas irregularidades en operaciones de comercio exterior.
Entre las prácticas investigadas por las autoridades se encuentran la subdeclaración de la cantidad de combustible importado, la alteración de documentos o la evasión del pago de impuestos y contribuciones aplicables.
La investigación sigue abierta
Las autoridades federales insistieron en que la carpeta de investigación no ha sido concluida y que continúan tanto las diligencias ministeriales como la ejecución de órdenes de aprehensión pendientes.
Por ello, será conforme avance el proceso judicial cuando la Fiscalía General de la República determine el alcance de las responsabilidades y presente los elementos correspondientes ante los tribunales.
