Además de Ernesto Ruffo Appel, ex Gobernador de Baja California, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) ha detenido en las últimas horas a otros seis presuntos implicados, entre los que hay accionistas y agentes aduanales, supuestamente implicados en el mismo caso de huachicol fiscal.
De acuerdo con informes federales, cinco de los supuestos cómplices en el caso fueron detenidos ayer y uno más esta mañana, sumado a otro de imputado, que se encuentra preso desde enero por otro caso de contrabando de hidrocarburos.
En la zona de Playitas de Ensenada, Baja California, fue detenido ayer Ricardo Thompson Navarro, uno de los dueños de Servicios Portuarios, S.A. de C.V. y ex vocal de la empresa Ingemar, de la que Ruffo es socio y fundador.
La SSPC también capturó anoche a José María de la Peña Ramos y a Guillermo de la Peña Rosales, fundadores y accionistas de la empresa Internacional de Fundentes, S.A. de C.V., localizada en el corredor industrial de Saltillo, Coahuila.
También fue aprehendida ayer a las 22:40 horas Adriana Magali Bárcenas Guillén, accionista y representante de Logística Ferroviaria Fargo, S.A. de C.V., compañía ubicada en la zona Industrial de la capital de San Luis Potosí.
El agente aduanal Juan Hermilo Chávez Rodríguez, un hombre de 86 años de edad, fue aprehendido ayer a las 16:39 horas en la Colonia Burócratas de Monterrey, Nuevo León. Su dependiente autorizado, Luis Antonio Barrientos Juárez, también fue detenido.
Adicional a este asunto, se giró la orden de aprehensión contra Armando III Riestra Fernández, dueño de la compañía Servicios Aduanales JR, quien se encuentra preso desde enero en el Penal del Altiplano por el caso de huachicol en el que están prófugos de la justicia a 3 mandos del Ejército encargados de la Aduana de Matamoros, Tamaulipas.
En total, por este caso, suman ocho detenidos; siete que fueron aprehendidos en las últimas horas y uno más preso desde principios de año, así como otros 17 que se encuentran prófugos de la justicia.
En esta causa judicial, se imputa al primer Gobernador de oposición en México de encabezar una organización criminal que de 2019 a 2026 importó petrolíferos declarando en los pedimentos aduanales el 10 por ciento de lo realmente transportado, omitiendo el pago total del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) y el Impuesto Valor Agregado (IVA).
En un mensaje emitido anoche, la titular de la FGR, Ernestina Godoy, aseguró que existen pruebas contundentes contra el ex Gobernador Ruffo y otras 25 personas que encabezaban la operación logística y financiera para introducir, distribuir y comercializar hidrocarburos de manera irregular.
Según la FGR, las empresas tuvieron movimientos sospechosos con ingresos por 3 mil 75 millones de pesos, por medio de 80 cuentas bancarias y operaciones en el extranjero por casi mil 400 millones de dólares.